SENADO
El Senado aprueba la reforma del Estatuto de Baleares para acabar con los aforamientos
Ningún senador ha votado en contra de esta reforma, que permitirá que los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno balear puedan ser juzgados por tribunales ordinarios
EP
La mayoría del Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares para suprimir los aforamientos de sus diputados autonómicos y los miembros del Gobierno balear con el fin de que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios. De este modo, la norma entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, 251 senadores han brindado su apoyo a esta reforma estatutaria, que ha contado también con 12 abstenciones y ningún voto en contra.
El Parlamento balear aprobó por unanimidad esta reforma de su Estatuto en el mes de noviembre del año 2018 al entender que el fuero es percibido por la sociedad como "un privilegio que distorsiona el principio de igualdad" de todos los ciudadanos ante la Justicia.
Y, como marca la ley, la remitió al Congreso para su ratificación definitiva. Aunque la Cámara Baja la tomó en consideración hace dos legislaturas, su tramitación quedó congelada como consecuencia de los procesos electorales de 2019 y fue hace unos meses cuando finalmente las Cortes han vuelto a retomar esta tramitación, que ha acabado hoy de manera definitiva.
Durante el debate en el Senado, han tomado la palabra senadores de Més per Mallorca, ERC, Ciudadanos, PP y PSOE, que han coincidido en poner en valor la importancia de esta reforma estatutaria que acabará definitivamente con los aforamientos.
Afectará a 59 diputados
Esta reforma del Estatuto balear, que afectará a 59 diputados del Parlamento y a los miembros del Gobierno balear, no es la única, sin embargo, que ha pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Canarias, Murcia, Cantabria y La Rioja también modificaron sus respectivos textos estatutarios para acabar con los aforamientos políticos.
El debate sobre acabar con el aforamiento de los políticos cobró protagonismo cuando en 2018 el Gobierno anunció que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta protección, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.
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