LEY DE SUELO

Andalucía quita las trabas a viviendas y placas solares en suelo rústico

  • El Gobierno andaluz presume de haber puesto orden, "en solo tres años", en toda la legislación de suelo en Andalucía

  • La nueva ley y su reglamento acaba con cientos de planes municipales tumbados en los tribunales y agiliza las licencias urbanísticas con una declaración responsable

Miles de placas fotovoltaicas cubren parte de las 160 hectáreas que ocupaba la antigua balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar.

Miles de placas fotovoltaicas cubren parte de las 160 hectáreas que ocupaba la antigua balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar. / EFE/José Manuel Vidal

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El Gobierno andaluz reivindica que en solo tres años ha renovado todo el marco normativo de ordenación del territorio y urbanismo en Andalucía. En el último Consejo de Gobierno, este martes, vio la luz el Reglamento de la ley del suelo, la llamada Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA). Se pone fin, defienden desde el Ejecutivo autonómico, a años de “maraña judicial” e “inseguridad jurídica”, con más de medio millar de planes urbanísticos tumbados en los tribunales y jurisprudencia del Supremo que abrió una grave vía de agua a la ordenación urbanística en la comunidad autónoma que dejó sin plan a ciudades tan relevantes como Chiclana (Cádiz) o Marbella (Málaga).

El tiempo medio de tramitación de un plan de ordenación para un ayuntamiento era diez años. El objetivo es pasar "como máximo" a tres años, con un procedimiento "mucho más ágil y flexible" y sin limitaciones al crecimiento urbanístico.

La ley del suelo se aprobó en la pasada legislatura, hace ahora un año. En veinte días entrará en vigor el nuevo reglamento que desarrolla la norma y que pondrá el contador a cero en cuanto al suelo en Andalucía. En marcha está también la reformulación del plan de ordenación del territorio, el llamado POTA. La anterior ley del suelo, de 2002, nunca llegó a tener reglamento desarrollado.

La norma relaja algunas trabas urbanísticas y da más cancha a los ayuntamientos para elaborar sus planes generales de ordenación urbanística, los PGOU, y para otorgar licencias. Funcionarán las declaraciones responsables, con posteriores inspecciones técnicas.

El reglamento crea las entidades urbanísticas certificadoras, de funcionamiento público-privado para que colaboren con los ayuntamientos en la verificación y control de esas licencias. Ahora mismo Andalucía cuenta con 26 inspectores de ordenación del territorio adscritos a la Junta de Andalucía, que serán 35 tras una nueva convocatoria en marcha. “Es un nuevo estímulo a la economía y al desarrollo. Cada mes que pasaba esperando una licencia costaba dinero al promotor y al ciudadano”, defendió la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

"Vivir en el campo"

Se abre también la mano con las actuaciones en suelo rústico. La ley permite construir viviendas en este tipo de suelo hasta ahora ligado al campo y la actividad agraria, no urbanizable. Muchas de las 300.000 viviendas ilegales que se censan en Andalucía están construidas sobre este tipo de suelto. Ahora, la ley las indulta.

La Junta no sabe exactamente cuántas están sobre suelo rústico. Los propietarios deben dirigirse a los ayuntamientos para legalizar su situación o pedir permiso para construir viviendas en este tipo de terrenos y la ley ahora los ampara. Serán diseminados, admite la norma, no urbanizaciones aunque sí que se podrán, por ejemplo, dedicar a uso turístico. Ya existen en Andalucía muchos pequeños hoteles rurales que funcionan sobre suelo rústico de forma ilegal hasta ahora.

En eso insiste el Gobierno andaluz, en la necesidad de dar salida a una situación que ya existe y ajustar a la norma todas estas construcciones, para que pasen a formar parte de la legalidad, paguen sus impuestos o reciclen sus aguas o se enganchen a la luz de forma legal. La mayoría están en la costa de Cádiz, en municipios como Vejer, que tiene el núcleo de El Palmar, Barbate, que se extiende a Zahara o Los Caños, o Chiclana, también en Carmona (Sevilla)I

También la ley fija como uso ordinario que el suelo rústico se destine a placas solares o formas de energías renovables. Antes este era un uso extraordinario. Es más fácil para las inversiones de renovables poder ubicarse en suelo que antes era de destino agrario. Se considera el sol o el viento como materias primas, así que lo mismo el propietario del suelo puede elegir poner un olivo que una placa fotovoltaica. Fomento insistió que eso no implica que en terrenos protegidos medioambientalmente, por ejemplo, por el paso de aves, no rija la protección, que seguirá vigente.

Es uno de los puntos, el levantamiento al freno urbanístico en suelo rústico, que llevó a Unidas Podemos, Más País, ERC, Compromís y Nueva Canarias, a elevar un recurso al Constitucional contra ley del suelo andaluz, que calificó de una vuelta “a la especulación, el pelotazo urbanístico y el ladrillazo”.

El PSOE y el Gobierno de la nación también amagaron con el recurso, pero finalmente hubo un acuerdo con la Junta, que aceptó modificar varios artículos del texto legal, para evitar que la norma autonómica acabara parada en el Constitucional. La consejera de Fomento reclamó a la izquierda recurrente que retire su recurso porque “pierde fuerza una vez que hay un acuerdo con el Gobierno” y convencida de que se basan en “asuntos procedimentales”, que ponen en duda la vía de urgencia elegida para aprobar la norma.

No debe preocuparnos el suelo rústico. Tiene todos los controles de otras normas sectoriales y de protección de suelo con un interés especial”, afirmó la consejera andaluza, con el mensaje de que esta norma ayuda a favorecer el desarrollo de las zonas rurales y favorece a quien quiera vivir en el campo de forma legal”.  

La Junta defiende que bajo esta norma se han iniciado expedientes sancionadores que afectan a 343 edificaciones irregulares y más de 600 parcelaciones.  

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Sobre el impulso de inversiones urbanísticas estratégicas, elegidas como prioritarias por el Gobierno andaluz e incluidas en la llamada ‘aceleradora de proyectos’, la consejera sostuvo que ni la nueva ley ni el reglamento recién aprobado “cambia nada” y que seguirán su curso como hasta ahora.

El reglamento reconoce también la realidad de las casas cuevas en Andalucía, unas 10.000 sobre todo en Granada y Almería, que antes eran consideradas infraviviendas y que a partir de ahora están consideradas viviendas legales