Andalucía supeditará la nómina de sus funcionarios a su productividad tras evaluarlos

El Gobierno andaluz ha aprobado la que asegura que va a ser la ley más importante de la legislatura, la de función pública, que pretende “un cambio radical a la hora de concebir y ordenar el trabajo de los funcionarios públicos en Andalucía”. Un nutrido grupo de más de 250.000 empleados. Entre las novedades, la norma andaluza vinculará una parte de la nómina de los trabajadores públicos a su productividad tras una evaluación del desempeño de su trabajo. La ley tiene el consenso de los principales sindicatos CCOO, UGT y CSIF y el Gobierno andaluz pedirá a los grupos políticos su tramitación de urgencia en el Parlamento para que esté en vigor en un año.

“El buen servicio se premiará”, defendió el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que aseguró también que los que no hagan bien su trabajo quedarán "señalados por mala praxis". Los funcionarios pasarán una evaluación y se fijan una serie de tramos salariales según los resultados de este examen. La evolución del desempeño profesional condicionará la nómina y la posibilidad de ascenso.

La ley actualiza la norma actual, que funciona desde 1985, introduciendo novedades como la carrera profesional, que permitirá a los funcionarios ascender de categoría y mejorar su retribución sin cambiar de puesto de trabajo. Es una demanda histórica, según la Junta, que facilitará la promoción sin necesidad de moverse de plaza con un nuevo concepto retributivo.

La mayor empresa andaluza

Según el anexo de personal del último Presupuesto andaluz, el de 2021, cuenta con 233 eventuales, 233.702 funcionarios y 23.395 laborales. Una plantilla de 257.551 trabajadores que suben a 278.226 si se suman docentes, sanitarios y personal de Justicia. La mayor empresa de España en volumen de trabajadores y unos gastos de personal de 13.134 millones en un Presupuesto total de 40.188 millones de euros.

La Junta garantiza que el “procedimiento de evaluación será transparente, objetivo, fiable e imparcial”. El Sindicato Andaluz de Funcionarios se opone a esta parte de la ley y denuncia que permitirá una mayor politización de la función pública. La norma debe desarrollarse y detallarse en un reglamento posterior. Para premiar el buen trabajo se examinará el grado de interés, la iniciativa o la participación. Una evaluación positiva conllevará complementos retributivos por desempeño, que se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto. En el caso de la evaluación negativa, se deberá llevar a cabo un programa de formación específica y se puede ordenar un traslado o cambio de puesto dentro de la misma provincia.

Pacto con los sindicatos

La ley de función pública ya se aprobó la pasada legislatura pero decayó al convocarse las elecciones. Cuenta con el consenso de los sindicatos y la Junta promete mantener el diálogo para desarrollar su aplicación. La norma prevé mecanismos más ágiles para cubrir vacantes y dará más rapidez a los concursos de traslados o la adjudicación de plazas. La potestad de modificar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la administración de la Junta recaerá sobre el titular de Función Pública en lugar de en el Consejo de Gobierno como hasta ahora.

La administración andaluza prevé numerosas jubilaciones. La Junta calcula que tendrá que renovar a un 50% de su personal en la próxima década. Por eso quiere ajustar los procedimientos de selección de su personal, con nuevas pruebas para ajustar los perfiles, y perfeccionar los sistemas de acceso a la función pública. 

La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario. Se trata de acabar con la inseguridad jurídica, explicó el Gobierno.

Altos cargos funcionarios

Otra de las novedades es la regulación de la dirección pública profesional. Con el objetivo de que esas plazas directivas sean ocupadas por funcionarios y no por cargos políticos se establece un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia. Se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos. Estos cargos directivos también se someterán a evaluación para continuar en el puesto.

La ley fija la posibilidad de teletrabajo en aquellos puestos que lo permitan, tras la experiencia de la pandemia de covid y para facilitar la conciliación.

La norma, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en BOJA una vez que concluya el trámite parlamentario, será de aplicación a todos los empleados públicos de las administraciones andaluzas, con respeto de la normativa propia y específica de determinados sectores como la sanidad y la educación, los ayuntamientos o las universidades. En el caso de la Junta de Andalucía se aplica al personal funcionario y al personal laboral, al personal contratado por entidades instrumentales y a los directivos públicos profesionales.