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TRIBUNALES

La Audiencia Nacional ordena la entrada en prisión de dos miembros del frente jurídico de ETA

Arantza Zulueta y Jon Enparantza disponen de diez días para ingresar en la cárcel, condenados a siete años y medio de cárcel y cuatro años respectivamente

La abogada Arantza Zulueta en una manifestación por los derechos de los presos de ETA en 2018.

La abogada Arantza Zulueta en una manifestación por los derechos de los presos de ETA en 2018. / EFE/ MIGUEL TOÑA

EP

Madrid

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la entrada en prisión de la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta y del también considerado miembro del 'frente jurídico' de la banda terrorista Jon Enparantza después de que el pasado mes de enero el Tribunal Supremo (TS) ratificara sus condenas, de siete años y medio de cárcel, y cuatro años, respectivamente.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les ha dado a ambos condenados diez días de plazo para ingresar en prisión, avisándoles de que si no cumplen dicho plazo se dictarán órdenes de búsqueda y captura contra ellos. En concreto, el pasado enero la Sala de lo Penal del Supremo avaló la condena que impuso la Audiencia Nacional a Zulueta por delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista, así como la de Enparantza por el primero de ellos.

Aquella sentencia de la Audiencia Nacional estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían directrices de la banda.

Detenidos en 2010

Zulueta y Enparantza fueron juzgados por su actividad entre 2005 y abril de 2010, cuando fueron detenidos y se produjo el registro de dos despachos de abogados en los que operaban en Bilbao y Guipúzcoa. Habían reclamado al alto tribunal que les redujera la pena al entender que su implicación era de menor gravedad.

El Supremo recordó que la Audiencia Nacional fijó como hecho probado que ella poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA, localizándose los archivos en un 'pendrive' oculto detrás de un cuadro de su despacho profesional, conteniendo croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.

"No se trataba de un acopio inocuo o marginal, pues los documentos detallaban que los tres zulos contenían precursores explosivos, fusiles de asalto, cargadores, munición, cordón detonante y dinero. Y, cumplimentada la comisión rogatoria, la policía francesa localizó efectivamente los zulos e intervino, entre otros efectos, 92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero, hallándose las armas en perfecto estado de uso y funcionamiento", explicó.