Cuando la legalidad no es suficiente

El Gobierno de España se encuentra en una situación de debilidad política inédita. No existe una mayoría parlamentaria que lo sostenga de forma estable. Sus iniciativas legislativas encallan con frecuencia, carece de apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ni siquiera ha logrado sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria.

A ello se suma un clima político crecientemente enrarecido por diversos escándalos de corrupción que afectan a figuras relevantes del PSOE —con derivaciones hacia empresas públicas bajo investigación judicial y con impactos que alcanzan al entorno personal del presidente del Gobierno—, además de casos internos de acoso sexual que han puesto en cuestión la capacidad del partido para depurarlos con rapidez y transparencia. Una situación que se ha visto agravada por un hecho políticamente significativo: incluso sus socios de gobierno han reclamado cambios en la composición del Ejecutivo, una señal inequívoca de desgaste.

Todo ello obliga a plantear una cuestión que puede resultar incómoda, pero que es ineludible: ¿hasta qué punto es legítimo un Gobierno que no dispone de una mayoría parlamentaria efectiva, no logra aprobar los instrumentos centrales de su política y se mantiene fundamentalmente por la ausencia de una alternativa articulada? No se trata de cuestionar su legitimidad como una estrategia de desgaste político ni de negar su legalidad. El problema es hasta qué punto resulta legítimo sostenerse en el poder en estas condiciones sin desvirtuar los principios sobre los que se asienta el parlamentarismo.

Desde el punto de vista formal, la respuesta es clara. El Gobierno es plenamente legal mientras no prospere una moción de censura o el presidente no dimita. Pero el parlamentarismo no se define solo por su dimensión jurídica. Maurice Duverger subrayó que los sistemas parlamentarios descansan tanto en normas escritas como en prácticas políticas compartidas. La confianza parlamentaria no es un acto que se agota con la investidura, sino una relación que debe mantenerse en el tiempo. De ahí su distinción entre el parlamentarismo jurídico, el descrito por la Constitución, y el parlamentarismo real, que depende de mayorías efectivas y de comportamientos políticamente responsables.

Así, cuando un gobierno se mantiene no por su capacidad de articular apoyos, sino por la imposibilidad de construir una alternativa, según Duverger se entra en una lógica que se conoce como parlamentarismo de bloqueo: no hay ruptura institucional, pero sí un inmovilismo que vacía de contenido la lógica parlamentaria.

Desde una perspectiva más centrada en la gobernabilidad, Giovanni Sartori llegó a conclusiones similares al afirmar que un sistema político no se evalúa por la mera continuidad del gobierno, sino por su capacidad real para gobernar. Por ello, un gobierno que no controla la agenda parlamentaria, no aprueba presupuestos ni puede sostener un programa coherente es un gobierno inoperante, aunque sea constitucionalmente válido. Sartori fue especialmente claro al advertir que la ausencia de una mayoría alternativa no constituye una mayoría de gobierno y que convertir esa circunstancia negativa en fundamento de legitimidad es incompatible con un parlamentarismo funcional.

Estas aportaciones teóricas, con una clara vocación normativa, ayudan a interpretar la situación actual en España. En una monarquía parlamentaria, el Gobierno no solo nace de la confianza del Congreso, sino que depende de ella de forma continuada. La moción de censura constructiva eleva el umbral para derribar a un Ejecutivo sin una alternativa articulada, pero no lo convierte en políticamente inamovible. Precisamente por ello, la Constitución prevé la cuestión de confianza como un instrumento ordinario de clarificación política: no para provocar una crisis, sino para verificar si el respaldo parlamentario que justificó la investidura sigue existiendo.

Y cuando el Presidente del Gobierno se niega a activarla pese a la evidente fragilidad de su mayoría, el centro de gravedad del sistema se desplaza de manera problemática. Gobierna no porque exista apoyo parlamentario suficiente, sino porque en el Parlamento actual no hay mayoría alternativa y porque se asume que una eventual cuestión de confianza podría desembocar en elecciones anticipadas y abrir la puerta, esta vez sí, a una mayoría alternativa encabezada por el PP y Vox. Un razonamiento defensivo que reconoce implícitamente la ausencia de una mayoría operativa y convierte el temor al resultado electoral —más que la confianza parlamentaria— en el principal argumento de permanencia en el poder. Sin embargo, el parlamentarismo no está diseñado para garantizar la supervivencia del Ejecutivo por defecto, sino para asegurar que quien gobierna lo hace con respaldo político activo.

Gobernar en minoría es una opción plenamente legítima en los sistemas parlamentarios. Persistir, en cambio, sin una mayoría operativa, sin capacidad para aprobar los presupuestos, con apoyos retirados o abiertamente cuestionados —incluidos los de los propios socios— y en un contexto de desgaste institucional prolongado es algo sustancialmente distinto.

En ese escenario, la legitimidad del Gobierno deja de apoyarse en un respaldo parlamentario efectivo y pasa a descansar en la dificultad política de articular una alternativa viable. Y llegados a este punto, la cuestión central no es si el Gobierno sigue siendo legal —que lo es—, sino si resulta legítima su continuidad sin una mayoría parlamentaria operativa, sin capacidad real para impulsar su programa y sin someterse a una verificación explícita de la confianza que dio origen a su investidura. Porque en los sistemas parlamentarios, la legitimidad no se mide por la mera permanencia en el poder, sino por la posibilidad efectiva de gobernar con respaldo político.

Esta es una dinámica que remite directamente a la advertencia formulada por Norberto Bobbio, según la cual las democracias no se deterioran solo mediante rupturas abruptas, sino también a través del vaciamiento progresivo de sus reglas, especialmente de aquellas prácticas no escritas que posibilitan el equilibrio del sistema. Y cuando eso sucede y el ejercicio del poder se refugia en la literalidad de la norma para eludir su finalidad, la legalidad deja de cumplir su función de garantía del control democrático y pasa a operar como coartada, cuestionando seriamente su legitimidad.