Virajes tácticos y contradicciones en el PSOE

En democracia, la coherencia absoluta es más una aspiración normativa que una realidad. Y más en sistemas parlamentarios altamente fragmentados, como lo es el español desde 2015, donde los partidos se ven obligados a negociar, a modular sus posiciones y, en ocasiones, hasta anteponer la estabilidad institucional a sus preferencias iniciales. La prohibición del mandato imperativo refleja en parte esta lógica: los representantes no están vinculados a un programa inmutable, sino que han de adaptarse a la necesidad de conciliar posiciones para construir mayorías. Ahora bien, esa necesaria flexibilidad no exime a los partidos de mantener un umbral mínimo de consistencia entre los valores que reivindican y las decisiones y el comportamiento que adoptan cuando gobiernan. Un principio que el PSOE, entre cambios de posición e incoherencias, no ha sido capaz de respetar.

La investidura fallida de 2019 fue el primer desvío relevante. Pedro Sánchez había descartado públicamente una coalición con Podemos, alegando falta de confianza y riesgos para la estabilidad. Sin embargo, la repetición electoral transformó aquel veto en una alianza que resultaba difícil de conciliar con los posicionamientos previos. Las fricciones posteriores confirmaron que la coalición respondía más a la aritmética parlamentaria que a la afinidad programática.

Fue sin embargo el giro respecto a la amnistía el que tuvo mayor impacto. Tras haber descartado reiteradamente esta posibilidad, el PSOE aceptó hacer de ella la condición para la investidura de 2023. Y aunque se presentó como una medida destinada a favorecer la desinflamación y la normalización política en Cataluña, lo cierto es que generó un gran desconcierto al percibirse como una ruptura con los compromisos asumidos previamente. Y ello desencadenó una reacción institucional -particularmente en el ámbito judicial- que ha acabado situando a la amnistía en el centro del debate sobre la separación de poderes, amplificando así sus efectos políticos.

Más complejas son sin embargo las contradicciones que afectan a los pilares éticos sobre los que el PSOE ha construido buena parte de su identidad desde 2018: la limpieza y el feminismo. La moción de censura otorgó al partido un relato basado la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad, un capital moral que reforzó su legitimidad. Por ello, los casos que afectan al entorno personal del presidente y a figuras políticas de primer nivel como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, ambos secretarios de organización del partido, o las recientes detenciones de Leire Díaz y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández así como la posible afectación de empresas públicas, tienen efecto tan corrosivo. La acumulación de escándalos, que difícilmente pueden seguir interpretándose como episodios aislados sino más bien como piezas de una trama organizada, muestra las dificultades del partido para gestionarlos con celeridad y cuestiona la consistencia con su propio discurso. Y aquí la contradicción trasciende el ámbito táctico y se desplaza al terreno normativo porque ya no se trata de ajustes programáticos sino de los valores que sustentan la legitimidad del proyecto.

Unas tensiones que se suman a una serie de denuncias por acoso sexual en distintos niveles de la organización, desde el ámbito federal hasta el autonómico y local. El caso más visible es el de Paco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, miembro de la dirección federal y quien fuera llamado a sustituir a Cerdán como secretario de organización hasta que se vio obligado a dimitir tras la publicación de acusaciones de comportamientos inapropiados hacia varias trabajadoras. La gestión del episodio ha evidenciado carencias en los procedimientos internos, y su impacto, además, se ha visto amplificado por la coincidencia con otros casos como la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, la renuncia del senador Javier Izquierdo o las denuncias contra el alcalde de Almussafes. Casos que, aunque de distinta gravedad y recorrido judicial, erosionan el que se ha convertido en uno de los ejes identitarios centrales del PSOE, el feminismo, y cuestionan la eficacia de sus mecanismos de prevención y actuación. La percepción de que los protocolos no han funcionado con la diligencia requerida y de que se ha aplicado un doble rasero ha debilitado la autoridad moral del partido en este ámbito y ha cuestionado su capacidad para alinear sus prácticas con los principios que reivindica.

En definitiva, la suma de cambios de posición, contradicciones y una gestión insuficiente de los episodios más sensibles, junto con la ausencia de apoyos parlamentarios y la falta de presupuestos aprobados, cuestiona cada vez más la capacidad del PSOE y del Gobierno que lidera para sostener los principios éticos que definen su proyecto político y alimenta las dudas sobre su propia viabilidad.