La memoria no hace la historia

La publicación de Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su proclamación, está haciendo un flaco favor a la monarquía. Desde su abdicación en 2014, la Casa Real ha intentado mantener distancia respecto al emérito para proteger la institución y consolidar el reinado de Felipe VI. Es por ello que un libro que combina reivindicación personal, reproches familiares y críticas políticas supone un riesgo evidente para esa estrategia. El vídeo promocional difundido por el propio Juan Carlos I, dirigido a los jóvenes y presentado como un mensaje pedagógico sobre la historia reciente, ha acentuado la incomodidad institucional hasta el punto de que la Zarzuela lo ha calificado de “inoportuno e improcedente”, consciente de que reactivaba su presencia pública en un ámbito del que la institución intenta mantenerlo apartado.

Y más aún cuando esa reaparición pública viene acompañada de una reivindicación de protagonismo que ya no le corresponde. Al afirmar que le han “robado” la historia, al criticar al Gobierno o al ofrecer su propia lectura de la Transición, el emérito adopta un tono político incompatible con la neutralidad que exige la institución. Unas afirmaciones que cuestionan la estrategia de distanciamiento impulsada por la Casa Real y dificultan la tarea del actual jefe del Estado, que ha debido reconstruir la confianza pública precisamente a partir de la separación respecto a los episodios que precipitaron la abdicación de su padre.

Las razones de la incomodidad que provoca su regreso público tienen que ver con una trayectoria que combina momentos de gran reconocimiento con un final marcado por la controversia. Durante la Transición, Juan Carlos I desempeñó un papel central actuando como un actor político con margen de decisión. Su apoyo a Adolfo Suárez, el aval a la Ley para la Reforma Política y la aceptación de la legalización de los partidos fueron pasos decisivos para desmantelar el entramado franquista y abrir la vía hacia la democracia. Con la Constitución de 1978 pasó a ser un jefe del Estado sin responsabilidad política y sometido al refrendo gubernamental. Pero incluso dentro de ese marco, su intervención durante el 23-F —y pese a las incógnitas que aún hoy persisten— reforzó su condición de garante del orden constitucional y demostró que su autoridad simbólica seguía siendo decisiva en momentos críticos.

Ese recorrido exitoso contrasta con el deterioro que precipitó el final de su reinado. Episodios como el caso Nóos, el viaje a Botsuana, sus escándalos personales y la creciente desconexión con la ciudadanía erosionaron de forma sostenida la legitimidad de la Corona. Así, su abdicación en 2014 abrió una nueva etapa en la que la continuidad de la institución dependía de un relevo capaz de recuperar la confianza pública. Felipe VI asumió ese reto marcando distancias respecto a la conducta de su padre y situando la ejemplaridad en el centro de su reinado.

Ese intento de reconstruir la confianza pública no solo requirió un relevo generacional, sino también una redefinición formal del lugar que debía ocupar. Juan Carlos I conserva un título honorífico como rey emérito, pero ya no desempeña funciones constitucionales ni puede intervenir en la vida pública sin autorización expresa del rey. Dejó de ser inviolable, aunque está aforado ante el Tribunal Supremo, y perdió la asignación económica en 2020. Un encaje jurídico singular que delimita el espacio institucional de un rey sin funciones, pero con un pasado con resonancia pública. Una combinación que convierte en delicado cualquier gesto que pueda interpretarse como una intervención en el debate político o como interferencia en el ejercicio de la jefatura del Estado por parte de Felipe VI.

Justo lo que ha sucedido con la publicación de sus memorias y sus declaraciones públicas, y justo en un momento que agrava la incomodidad al coincidir con la conmemoración de una Constitución que consagró la neutralidad del jefe del Estado como condición esencial de la institución. Una neutralidad que él mismo encarnó durante décadas y que ahora se ha visto comprometida cuando reprocha al Gobierno o disputa el relato de la Transición, adoptando un papel ajeno al que la Carta Magna le asignó y que, como exjefe del Estado, debería seguir respetando. Un comportamiento tan incomprensible como inaceptable en quien tanto contribuyó a construir ese marco institucional y que en nada beneficia a la institución que pretende apuntalar. Y más aún cuando el juicio sobre su papel no lo dictarán sus memorias, sino la historia.