Memoria y desmemoria

Con motivo del cincuentenario de la muerte de Francisco Franco, el Gobierno ha impulsado este año un amplio programa institucional enmarcado en la Ley de Memoria Democrática. La iniciativa, que incluye actividades culturales, conferencias y campañas divulgativas, se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado autoritario y reivindicar el valor de la democracia, algo especialmente pertinente para las nuevas generaciones, más desvinculadas y desconocedoras de ese período. Sin embargo, la elección de la efeméride —la muerte del dictador— plantea interrogantes sobre el sentido, la coherencia e incluso la intencionalidad de la conmemoración.

Franco murió en la cama, tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Su desaparición física fue un acontecimiento biológico, no político. La democracia española no nació en ese momento, por lo que hablar de una “España en libertad” a partir de esa fecha resulta, en términos estrictamente históricos, insostenible. La Transición tuvo sus verdaderos hitos en la Ley para la Reforma Política de 1976, en las elecciones de 1977, en los Pactos de la Moncloa y en la Constitución de 1978. Fueron estas decisiones, individuales y colectivas, las que hicieron posible el cambio democrático. Por ello, vincular ese proceso al momento de la muerte del dictador sobredimensiona un hecho sin contenido político y ensombrece el carácter consensual y pluralista que definió la Transición. Y, al hacerlo, la política de memoria corre el riesgo de proyectar una mirada intensa hacia el pasado remoto, pero selectiva en sus énfasis y poco atenta a la complejidad del proceso histórico que condujo realmente a la democratización.

En España, una memoria democrática merecedora de ese nombre debería ser especialmente cuidadosa en la selección de los acontecimientos que convierte en referentes, porque de ellos depende el relato que se transmitirá a las generaciones presentes y futuras. Y para que ese relato sea coherente y compartido por una amplia mayoría de ciudadanos, no puede sostenerse únicamente en episodios que proporcionan rendimiento simbólico, sino que debe integrar una lectura equilibrada de otros momentos decisivos de nuestra historia, como por ejemplo el pasado republicano. Una etapa que no debería idealizarse ya que junto a avances modernizadores y aspiraciones democratizadoras, acumuló fracturas, errores y episodios de violencia cuya responsabilidad recayó en actores políticos que, en algunos casos —como el PSOE o ERC—, siguen operando en la actualidad. Reconocer esta complejidad no debilita la memoria democrática, al contrario, la hace más veraz, más inclusiva y más capaz de generar consensos duraderos.

A ello se suma, además, otra asimetría no menos relevante: la relativa a la memoria más reciente, especialmente la vinculada al terrorismo de ETA. Y más teniendo en cuenta que en paralelo a la exaltación del pasado remoto, se ha producido una normalización institucional de partidos y actores procedentes, sin disimulo, de la tradición política vinculada al entorno etarra. Con el agravante de que algunos de ellos siguen evitando una condena inequívoca de la violencia terrorista, participan en homenajes a antiguos miembros de la banda y no muestran una implicación activa en favor de la resolución de los numerosos crímenes aún pendientes. La contradicción, por tanto, no puede ser más flagrante: la democracia española reconoce y denuncia con energía pero selectivamente los abusos de hace casi un siglo, pero se muestra vacilante a la hora de integrar plenamente la memoria y la exigencia de reparación moral de una violencia que afecta a generaciones vivas y cuyas heridas permanecen abiertas.

Así pues, la conmemoración del cincuentenario de la muerte de Franco revela tanto las aspiraciones como los límites de la política de memoria actual. El problema no radica en recordar el pasado autoritario, sino en hacerlo desde una fecha de escasa relevancia democrática y con un sesgo que parece responder más a una lógica de polarización que a un afán de consenso. Este enfoque, además de distorsionar el proceso histórico, se aleja del espíritu de la Transición, cuyo valor residió precisamente en la capacidad de articular acuerdos amplios entre actores y visiones diversas. Utilizar la memoria como instrumento partidista, y no como un espacio compartido, desvirtúa ese legado y desplaza lo que verdaderamente debería celebrarse: la voluntad de entendimiento que hizo posible la democracia. Y si a ello se suma una mirada sesgada que relega episodios recientes de nuestra historia que también han puesto en riesgo el régimen de libertades, el balance es claramente insuficiente. Porque una memoria democrática en la que la inmensa mayoría pueda reconocerse exige incorporar todas estas experiencias, afrontarlas sin ambages y situarlas junto al franquismo para construir un relato equilibrado y respetuoso con todas las víctimas por igual.