Juicio y prejuicio

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a mostrar hasta qué punto los procesos que afectan a figuras institucionales se desarrollan bajo una intensa disputa informativa. Por un lado, ha evidenciado el frágil equilibrio entre el derecho a la información y las garantías judiciales cuando el foco mediático se adelanta a los hechos y empieza a interpretarlos antes de que el procedimiento pueda asentarlos.

Por otro, ha puesto de manifiesto cómo la selección y el énfasis de ciertos datos pueden moldear tempranamente la percepción pública. La cobertura del juicio ha mostrado estas dinámicas con nitidez. Durante la vista oral se ha evidenciado la tensión estructural entre el derecho a la información y las garantías judiciales.

Las declaraciones de periodistas que aseguran haber recibido el correo antes de que pudiera atribuirse al fiscal cualquier intervención muestran hasta qué punto las filtraciones pueden anticiparse a los tiempos procesales y alterar su desarrollo. Su legítima negativa a revelar las fuentes subraya, además, la dificultad de seguir el rastro de informaciones que influyen en la percepción pública antes incluso de que el proceso judicial pueda avanzar, un terreno donde la transparencia periodística y la protección de derechos fundamentales entran en fricción.

La manera en que los medios han seleccionado y enfatizado distintos aspectos del caso revela cómo el encuadre informativo delimita los contornos del juicio social. Mientras los medios situados a la izquierda —en especial aquellos cuyos periodistas han declarado en el procedimiento— han destacado la debilidad de la acusación y la importancia del secreto profesional, los conservadores, más alejados del origen de la filtración, han centrado su atención en las dudas sobre la actuación del fiscal y en la necesidad de esclarecer la cadena de custodia informativa.

El resultado han sido reconstrucciones del episodio parciales, guiadas más por afinidades ideológicas que por una revisión sistemática de los hechos. Mientras unos subrayan la ausencia de pruebas concluyentes que vinculen a Ortiz con la filtración, otros ponen el foco en la eliminación del contenido de su teléfono móvil tras conocer que estaba siendo investigado, un gesto que alimenta las sospechas y puede tener implicaciones procesales.

Y todos atribuyen intencionalidad política, solo que a diferentes sujetos. En ningún caso puede decirse que se trate abiertamente de falsedades, sino más bien de un desequilibrio informativo que inclina el marco interpretativo antes de que los hechos estén plenamente probados.

Unos datos se amplifican mientras otros se relegan y, cuando el relato se fija antes de que el procedimiento concluya, la prensa deja de limitarse a observar para convertirse en un actor que interviene activamente para tratar de condicionar el resultado.

Una praxis que, dada la naturaleza de los perpetradores, se puede insertar en lo que algunos denominan highbrow misinformation, que se podría traducir como desinformación de élite: una forma de distorsión que no consiste en inventar datos, sino en seleccionar, omitir o encuadrar la información de modo que oriente la interpretación de los hechos.

Su eficacia radica en que procede de instituciones con gran prestigio —la academia, los organismos expertos o los grandes medios— cuyo capital simbólico confiere a estas narrativas una autoridad difícil de cuestionar.

El reciente caso de la BBC lo ilustra con claridad: la cadena suprimió una frase clave de un discurso de Donald Trump, alterando el sentido político del mensaje sin introducir ninguna falsedad literal, una práctica inadecuada que ha acabado con la dimisión de su máximo responsable.

El caso del fiscal general muestra cómo estas dinámicas pueden anticiparse al propio proceso judicial y condicionarlo desde el inicio. Cuando la selección y el encuadre de los hechos pesan más que la totalidad de los mismos, el debate público se construye sobre percepciones antes que sobre realidades.

Lo ocurrido en torno al juicio evidencia hasta qué punto este desequilibrio informativo —paradójicamente muy equilibrado ideológicamente— moldea la opinión pública desde el primer momento. Y también por qué resulta imprescindible un periodismo menos ideologizado y más capaz de mantener distancia respecto a los actores implicados.

El veredicto del Tribunal Supremo cerrará la dimensión penal, pero no el debate de fondo: cómo se construyen los relatos y qué papel desempeñan los medios en su difusión. Porque una democracia sólida requiere tanto un Estado de Derecho que aporte garantías como unos medios que aporten contexto y perspectiva, capaces de contrarrestar —y no reforzar— la tendencia a la militancia y al partidismo.