Comisión de espectáculo

Las comisiones de investigación son, al menos en teoría, uno de los instrumentos más valiosos de los sistemas representativos. Reflejan la función de control del legislativo sobre el ejecutivo y garantizan la rendición de cuentas y la transparencia institucional. Su propósito es esclarecer hechos de relevancia pública, depurar responsabilidades políticas y reforzar la confianza ciudadana.

Se inscriben en el principio de división y equilibrio de poderes, pilar del Estado de derecho, que evita la concentración del poder mediante controles y contrapesos que aseguran tanto la autonomía como la supervisión recíproca de los distintos poderes. En este marco, las comisiones actúan como un mecanismo de control político que, sin sustituir a los tribunales ni tener capacidad sancionadora, funciona como una especie de conciencia política del Estado.

Sin embargo, la práctica del parlamentarismo contemporáneo distorsiona este principio. La lógica partidista subordina la actuación institucional a los intereses de los partidos y a las estrategias de mayoría u oposición, diluyendo la autonomía del Parlamento frente al Ejecutivo. En lugar de ejercer un control independiente, el legislativo se convierte a menudo en una extensión de la mayoría gubernamental, debilitando su capacidad fiscalizadora y reduciendo la eficacia de los mecanismos de control.

Esta dinámica, además, se ve agravada cuando las investigaciones coinciden con procesos judiciales en curso. Los comparecientes se amparan en las diligencias judiciales para eludir explicaciones, mientras los partidos transforman el Parlamento en un escenario de confrontación política, más preocupado por el impacto mediático que por el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalización es sustituida por la teatralización, de manera que las comisiones se convierten en espacios de representación, donde cada actor interpreta su papel. Se suceden monólogos guionizados, diseñados para reforzar relatos propios y proyectar coherencia ante el electorado, pero sin diálogo real: ni se escucha ni se responde, solo se actúa.

El caso Koldo en el Senado, y en particular la comparecencia del presidente del Gobierno, ilustra esta deriva con claridad. Creada para dilucidar un posible entramado de corrupción vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia, que afecta a personas cercanas al PSOE, la comisión evidenció que el interés por explotar políticamente el caso prevaleció sobre la voluntad de conocer la verdad.

De la comparecencia de Pedro Sánchez se esperaban aclaraciones sobre pagos en metálico dentro del partido, sobre los mecanismos de control interno y sobre su relación con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, señalados en la investigación judicial. Sin embargo, el presidente adoptó una estrategia defensiva: reconoció algunos pagos anecdóticos, negó sobresueldos y reivindicó la transparencia de la financiación socialista. Más que una rendición de cuentas, fue un ejercicio de resistencia y descalificación en el que llegó a tildar a la comisión de circo y de comisión de difamación y acusó al PP de usar el Senado como herramienta de desgaste.

La oposición tampoco aportó claridad. El interrogatorio del senador Alejandro Miranda fue más agresivo que eficaz, Vox centró su intervención en apuntalar el relato de la corrupción socialista, y los partidos del bloque gubernamental denunciaron la instrumentalización del Senado con un tono complaciente, si no directamente servil, hacia el presidente. La única actuación digna fue la de María Caballero, senadora de UPN.

El resultado fue un diálogo de sordos: cada actor habló para su propia audiencia y el debate se diluyó entre reproches y acusaciones cruzadas. En teoría, el parlamentarismo español cuenta con instrumentos valiosos de control democrático, pero en la práctica, como se deduce de lo sucedido en la comisión de investigación del caso Koldo, los partidos los usan más como armas tácticas que como herramientas efectivas de supervisión.

Bajo la lógica partidista, las comisiones de investigación ven cómo sus funciones quedan desvirtuadas porque, en lugar de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el control del poder, se convierten en espacios de confrontación simbólica y búsqueda de impacto mediático. Unas dinámicas que acercan la política al espectáculo y profundizan la desafección ciudadana.