Un congreso para atacar, un comité federal para defender

Poco imaginaba el PP cuando convocó su XXI Congreso Nacional extraordinario a principios del mes de mayo que este se celebraría en unas condiciones tan favorables para sus intereses. Pese a que diversos escándalos ya se cernían entonces sobre el PSOE  —la trama Koldo/Ábalos— y sobre el entorno a familiar de Pedro Sánchez —su esposa y su hermano estaban siendo investigados por la justicia— y pese a la debilidad parlamentaria del Gobierno nada hacía prever un abrupto desenlace de la legislatura y todo apuntaba más bien a que se podían agotar los plazos en ausencia de una mayoría alternativa viable.

Y en ese contexto parecía que Alberto Núñez Feijóo convocaba ese congreso a modo de catarsis para evidenciar ante su partido y ante la opinión pública que ya había superado el trauma de las elecciones generales de 2023, cuando ganó los comicios pero no pudo gobernar, que aceptaba que el gobierno de Sánchez no iba a caer de forma inminente y que apostaba por reafirmar su liderazgo y rearmarse de cara al nuevo ciclo electoral que, salvo sorpresas, debía inaugurarse en 2026 con las elecciones autonómicas en Castilla León y en Andalucía.

Sin embargo, a poco de convocar el congreso se produjo un vuelco a la situación. El mes de mayo acababa con el escándalo ahora ya casi olvidado de Leire Díez, la ex militante socialista que, presumiblemente y según unos audios filtrados ofrecía beneficios judiciales -acuerdos con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado- a cambio de información que pudiese desacreditar a altos mandos de la UCO, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil que está investigando los asuntos de presunta corrupción que afectan al PSOE y a los familiares del presidente del Gobierno, así como al fiscal anticorrupción, José Grinda. 

El PSOE se desmarcaba de las acciones de su afiliada y a los pocos días el secretario de organización del partido, Santos Cerdán, se reunía con ella que le hacía entrega de un pendrive que contendría unos 2000 documentos que supuestamente tendrían que ver con una investigación periodística sobre las cloacas del Estado y que habría sido puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción. 

Ese mismo secretario de organización que solo una semana después fue cesado de sus cargos en el partido y que se vio obligado a renunciar a su acta de diputado tras publicarse un informe de la UCO que lo implicaba en el caso Koldo y que lo señalada como principal cabecilla de la trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública en la que también está implicado José Luís Abalos, anterior secretario de organización, y Koldo García, y que esta misma semana ha sido enviado a prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas y con las acusaciones de participación en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. 

La implicación de los dos últimos secretarios de organización del PSOE y de Koldo García, los tres estrechamente vinculados a Sánchez, no en vano fueron los que lo acompañaron en su periplo para recuperar la secretaria general del PSOE tras su renuncia en 2016, han dejado al presidente y al PSOE en una situación muy complicada. Ya no se puede esgrimir que todo es fango que esparcen los pesudomedios porque hasta el presidente y el PSOE han dado credibilidad a las informaciones y han fulminado a los implicados.

Con el cese inmediato de Cerdán y con la expulsión de Ábalos del PSOE tras muchos meses en el limbo, se ha tratado de poner un cortafuegos para minimizar la afectación en el partido y del gobierno. Y además hoy, coincidiendo con el congreso del PP, el PSOE celebra un comité federal en el que se procederá a renovar a la dirección del partido con la salida de la misma de las personas del núcleo duro de Cerdán.

A su vez se llevará a cabo una auditoría interna de las cuentas para descartar financiación ilegal, que es lel principal riesgopara la ya mermada credibilidad del partido, y se prepara una batería de medidas para combatir la corrupción. Un revulsivo con el que Sánchez pretende disponer de combustible suficiente como para aguantar algún tiempo más. No parece de momento que vaya a haber una crisis de gobierno aunque no es descartable que utilice esa baza en el futuro si es que en estas circunstancias encuentra voluntarios para el cargo de ministro. 

Las tornas se han girado y en estos momentos, a diferencia del mes de mayo, parece muy difícil que Sánchez pueda aguantar hasta 2027. Aun así va a resistir todo lo que pueda a sabiendas de que está a la merced de las informaciones que puedan extraerse de los nuevos informes que prepara la UCO de cara a septiembre y de la documentación recientemente incautada.  

Si llega a confirmar la sospecha de que no son manzanas podridas sino una trama organizada que implica al PSOE y quizás al gobierno, Sánchez se verá obligado a hacer lo que no ha hecho hasta ahora: asumir responsabilidades políticas. Y eso es algo solo pasa por dimitir, por someterse a una cuestión de confianza o por convocar elecciones.

El PP, mientras tanto, vela armas en su congreso, se prepara para la batalla final que se intuye no muy lejana y cierra filas alrededor de Feijóo. Tanto que hasta Isabel Díaz Ayuso y Alejandro Fernández inicialmente más combatientes han enterrado las hachas de guerra.