Esperar a que el miedo cambie de bando

Una semana después de que el informe de la UCO se llevase por delante a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, que ya ha renunciado también a su acta de diputado, la respuesta del PSOE sigue siendo tibia: petición publica de disculpas, anuncio de una auditoría a las cuentas del partido, apertura de una comisión de investigación parlamentaria, además de la expulsión definitiva de José Luis Ábalos, el secretario de organización anterior a Cerdán, y de la suspensión temporal y la apertura de expedientes informativos a miembros del partido tras su aparición en los audios investigados por la UCO. Pero ninguna asunción de responsabilidades políticas. Es decir, ni convocatoria avanzada de elecciones, ni dimisión del presidente, ni tan siquiera una cuestión de confianza para dirimir de qué apoyos parlamentarios dispone habida cuenta que implícitamente ha reconocido que no cuenta con un apoyo social mayoritario y que si no se va es para barrar el paso a la derecha. Para Pedro Sánchez la responsabilidad política es cosa de otros o eso al menos es lo que se deduce de la nueva carta a la militancia en la que el presidente, más allá de reconocer el impacto emocional del caso y de vanagloriarse de la respuesta del partido, ha tratado de erigirse en líder moral y ha intentado dar continuidad a la línea argumental sostenida hasta hora según la cual hay una operación de demolición política contra él urdida por el PP y Vox, a quienes ha acusado de ir en contra de la democracia y hasta de promover la violencia política.

Pero lo más relevante de cara a la lucha por el relato es la acusación, en especial al PP y no sin razón, de ser poco diligente con los casos de corrupción que tiene pendientes, en contraste con la supuesta diligencia aplicada en el PSOE. Porque no hay que olvidar que los populares se han de enfrentar próximamente a la resolución judicial de numerosos casos de corrupción que le afectan y así se lo recordó Sánchez en la sesión de control parlamentario del pasado miércoles aludiendo a que el PP tenía una enciclopedia de la corrupción. Algunas de las entradas serían piezas derivadas del caso Gürtel y los recursos al Tribunal Supremo del caso Bárcenas que implica financiación ilegal de la sede del PP; algunas piezas separadas del caso Púnica sobre posible financiación ilegal del PP en Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre que afectan a diversos dirigentes madrileños; el caso Kitchen sobre supuesto espionaje ilegal con finalidades políticas orquestada desde el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, y que llevará a juicio al ex ministro Jorge Fernández Díaz; el caso Lezo vinculado con la gestión corrupta del Canal de Isabel II en Madrid con juicios pendientes a exdirigentes del PP; o el caso Erial que implica al expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana acusado de cobrar comisiones ilegales. Unos casos que, aunque son previos a la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia del PP, no dejan de lastrar la credibilidad del PP en ese terreno y le impiden levantar la bandera de la honestidad. Y eso es algo que Sánchez quiere explotar.

Por ello, que el presidente trate de mantenerse en el poder a toda costa, a sabiendas de que ya no dispone de la confianza de la mayoría que le invistió, se explica porque espera que en materia de corrupción en unos pocos meses al PP le vaya aún peor que al PSOE. Sin embargo hay un problema de calendario. Que la UCO ya haya registrado e incautado documentación en la sede del PSOE y en el Ministerio de Transportes así como las nuevas revelaciones que van conociéndose día a día -y que se han saldado ya con la dimisión del número 2 del gobierno de Navarra- dejan sin tiempo al PSOE para hacer valer esta estrategia y hacen cada vez más imprevisible el alcance de la onda expansiva, sin que importe demasiado como le vaya judicialmente al PP. Y esto es algo que nos deja ante un panorama desolador si el futuro político, por la ausencia de alternativas, se reduce a salir del fuego para caer en las brasas.