¿Y ahora qué, una voladura controlada?

El informe de la UCO ha asestado un golpe mortal a Santos Cerdán, que ya ha presentado su dimisión como secretario de organización del PSOE y ha dicho que iba a renunciar a su acta de diputado, aunque en el momento de escribir estas líneas todavía no la haya formalizado. Pero es que además ha dejado heridos de muerte al partido, al gobierno y a Pedro Sánchez, el máximo responsable de ambos en tanto que secretario general y presidente. 

Y aunque en su comparecencia con gesto apesadumbrado, pidiendo disculpas, anunciando una auditoría a las cuentas del PSOE -sobre las que se cierne la sospecha de financiación ilegal- y reafirmando su voluntad de agotar la legislatura, Sánchez ha tratado de poner un cortafuegos sacrificando a Cerdán, que no goza ya de ninguna presunción de inocencia, no puede ignorar su responsabilidad como número uno del partido y del gobierno ni pretender que esta se agote con las decisiones ya tomadas. 

El argumento que permitió que su moción de censura prosperase, la lucha contra la corrupción, ha desaparecido, y la coartada de los bulos y el fango con la que, a pesar de los numerosos escándalos y de su debilidad parlamentaria,  ha tratado de legitimar su continuidad, se ha esfumado ante la contundencia de las informaciones proporcionadas por la UCO a las que tanto él como su gobierno su partido parecen ahora dar toda la credibilidad. De ahí la necesidad de exigirle un plus en la asunción de responsabilidades.

En coherencia con su manual de resistencia y tal y como dejó dicho en su comparecencia, Sánchez va a tratar de aguantar al máximo y aunque el PP y Vox lo pidan a gritos, y con razón, no va a convocar elecciones de manera inmediata. Básicamente porque no quiere y porque disolver ahora las Cortes Generales supondría tener que celebrar las elecciones a mediados de agosto, algo que resulta absolutamente inverosímil y eso que en los últimos años ya lo hemos s visto casi todo en la política española y que la ultima vez que votamos fue en plena canícula.

Pero una cosa es que no quiera y que no sea conveniente convocar elecciones justo ahora y otra es que pueda mantenerse al frente del gobierno si la cosa se va complicando, por si lo acontecido hasta ahora no fuera suficiente. Algo que sucederá a medida que se hagan públicos todos los audios o que aparezcan nuevas informaciones que alimenten todavía más la sospecha de se que se trata de algo más que de unas manzanas podridas, que es justo lo que ahora parece ser la tesis oficial asumida, eso sí, con gran decepción y pesar. 

Sumar ya le ha pedido un giro de 180 grados al Gobierno y hasta le plantea renegociar los términos del acuerdo, Junts per Catalunya ha solicitado una reunión de urgencia con el PSOE y el PNV, con su habitual prudencia, ha evitado descartar cualquier escenario.  

Frente a esa situación de debilidad y previsible creciente desgaste y para evitar un desenlace abrupto de la legislatura existen dos posibilidades en manos del Presidente que permitirían una voladura controlada y evitaría elecciones inmediatas a mediados de agosto. La primera es que Sánchez presente su dimisión tal y como ya hiciera Adolfo Suárez en 1981, tras lo cual se activaría el mecanismo habitual de investidura, es decir consultas con el Rey, propuesta de un candidato -que podría ser Sánchez o no y que no es necesario que sea diputado- y celebración del debate de investidura. 

En caso de apoyo de la cámara -con mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en la segunda- se proclamaría un nuevo presidente del gobierno mientras que, en el caso contrario, se abriría un período de dos meses tras los cuales, si no se ha logrado investir a un presidente, se produciría la disolución automática de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones que tendrían lugar, si contásemos desde hoy, como mínimo rondando el Día de la Hispanidad. 

La segunda de las posibilidades es que Sánchez se someta una cuestión de confianza, que no hay que olvidar es lo que Junts per Catalunya le exigía meses atrás y por mucho menos, y que en las actuales circunstancias está más que justificado. Para ser superada una cuestión de confianza exige únicamente contar con más votos favorables que contrarios y aunque no está claro, dadas las circunstancias y el desarrollo de la legislatura, que Sánchez conserve los apoyos que le invistieron, el hecho de que para mantenerle en el gobierno hagan falta menos votos que para investirlo, este instrumento abriría la posibilidad de garantizar su continuidad permitiendo que algunos diputados se abstuviesen mostrando así su censura a lo acontecido.  

Si por el contrario se diese la circunstancia de que Sánchez no la superase, debería presentar su dimisión al Rey y entonces se activaría el mismo mecanismo anteriormente mencionado, lo que nos volvería a situar nuevamente, si no se logra investir a nadie, en elecciones a mediados de octubre. Una fecha más que razonable que permitiría al PSOE empezar a gestionar su complicada situación interna, empezando por el relevo de Cerdán. 

La decisión depende de Sánchez pero Sánchez no puede decidir solo y en función únicamente de sus intereses particulares. Por encima está el partido, que puede pagar muy cara su obstinación si dadas las circunstancias no asume más responsabilidades. Y no hay que olvidar, además, que Sánchez es en estos momentos el presidente de la Internacional Socialista, un cargo que le exige un comportamiento ejemplar ante las sospechas de corrupción, sin ir más lejos, como el que tuvo hace unos meses António Costa, primer ministro de Portugal.