Recauda 2.500 millones al año

El ingeniero jubilado de Cuenca que con un simple cálculo desencadenó el fin de la plusvalía municipal

Antonio Escribano fue el primer ciudadano que reclamó y cuestionó el cálculo de este impuesto, que el Constitucional acaba de anular

Antonio Escribano, el ingeniero de Cuenca que inició el camino para tumbar la plusvalía municipal

Antonio Escribano, el ingeniero de Cuenca que inició el camino para tumbar la plusvalía municipal / A.P

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Antonio Escribano está de enhorabuena. El Tribunal Constitucional anunció este martes la anulación definitiva de la plusvalía municipal, uno de los impuestos que más recaudación supone a los municipios —más de 2.500 millones de euros anuales— y que grava el incremento de valor del suelo urbano sobre el que está edificado un inmueble en el momento de su transmisión: cuando se vende, se dona o se hereda.

Escribano, un ingeniero de caminos ya jubilado natural de Cuenca, inició su batalla contra la plusvalía hace quince años, cuando su madre falleció y él heredó su piso. Reclamó y ganó su primer pleito en 2012, con una sentencia del Tribunal Superior de Castilla La-Mancha que le dio la razón.

Tras la suya llegaron más sentencias relativas al impuesto que lo fueron dejando tocado hasta este último golpe definitivo. Como pionero, Escribano se siente "muy satisfecho".

Durante el invierno vive con su mujer en Madrid y en verano —y principios del otoño— se traslada a Cuenca, a una gran casa con jardín y estanque en una urbanización de las afueras. Sobre una de las paredes descansa el letrero de una calle: la del Excelentísimo Señor Don Juvencio Escribano, su padre, que fue magistrado y tiene vía propia en la cercana Motilla del Palancar.

Escribano recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA al día siguiente de conocerse la decisión del Constitucional. Lleva muchos años con esto y le alegra que el tribunal anule por fin el tributo, aunque avisa de que lo importante empieza ahora. "Esto no ha terminado. La clave es por qué lo sustituirán", avanza.

Antonio Escribano junto a la placa de la calle de su padre en Motilla del Palancar

/ A.P

"El de la herencia del piso de mi madre fue el primer encontronazo que tuve con este tema. Los herederos son los que pagan. Vi una diferencia muy notable entre la plusvalía real y lo que Hacienda reclamaba", explica. "¿Por qué? Porque sale de una fórmula errónea. La Administración considera que con ese piso has ganado, aproximadamente, un 3% anual. Y lo calculan a veinte años, así que consideran que has ganado un 60%. Pero lo calculan sobre el valor catastral desde ese momento, no sobre el del momento en el que se adquirió el piso. Y no es lo mismo un 60% de ahora a 2042 que un 60% de 2002 a 2022".

El quid de la cuestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, por las siglas de su nombre técnico) está en cómo calculan los Ayuntamientos cuánto ha aumentado el valor de un suelo.

En lugar de mirar hacia atrás —si compré el piso en 2011 y lo vendo en 2021, me cobran impuestos por la plusvalía acumulada durante esos años—, las Haciendas locales miran hacia adelante. Establecen unos índices de revalorización anual de alrededor del 3% y cobran por un máximo de veinte años, basándose en el valor catastral del suelo en el momento de la transimisión.

Hasta el pinchazo de la burbuja, ese 3% de subida anual podía tener sentido porque la vivienda subía. Pero a partir de entonces su precio se desmoronó.

Un ejemplo práctico: si en 2007 compré un piso por 200.000 euros, es muy probable que en 2014 lo vendiera por menos y perdiera dinero. Y, pese a ello, tuviera que pagar la plusvalía municipal. "La esencia del impuesto es gravar por lo que has ganado. Un inmueble pasa de mis manos a otras manos. ¿Cuánto he ganado yo por ese hecho concreto?", valora Escribano. "Si no has ganado nada no hay impuesto".

Escribano no es, como erróneamente se ha publicado durante años, matemático. Trabajó durante más de cuarenta años como ingeniero de caminos para la Diputación de Cuenca y estudió Económicas, aunque no se ha dedicado a ello más que para dar clases "alguna vez".

"El impuesto se calcula sobre valores catastrales. Y no es lo mismo calcular el porcentaje de los veinte años anteriores que de los veinte siguientes. Yo, por mi formación matemática, aunque no sea matemático, expuse que lo hacían mal. Si ahora vale 100 y ha subido un 50% es porque antes valía 67. Indirectamente, tengo que hallar eso", continúa. "Eso fue lo que llamaron 'fórmula Cuenca' o 'fórmula Escribano', que existió y tuvo cierto éxito. Así lo comprendió el juez de aquí y lo ratificó el TSJCM. Vieron que lo razonable era calcular lo que había subido el suelo durante esos años, no lo que iba a subir en los siguientes".

La fórmula del futuro

La sentencia de Escribano fue la primera que estableció que el cálculo de la plusvalía municipal era erróneo. Pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria empezaron a llegar más reclamaciones.

"Los incrementos del 3% se suponen", explica Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). "Cuando los precios subían, en plena vorágine, siempre había incrementos anuales. Pero al pinchar vinieron las reclamaciones, porque se cobraban incrementos del patrimonio que no estaban basados en un incremento real sino en datos objetivos, en los índices establecidos por los Ayuntamientos. El Tribunal Constitucional lo ha anulado ahora porque dice que este método de cálculo no atiende a la realidad del incremento que se ha podido producir".

La reciente decisión del Constitucional —de la que solo ha informado a través de nota de prensa y cuya sentencia definitiva se publicará en los próximos días— no sorprende a técnicos como Cruzado porque no es la primera.

"En 2017 hubo una primera sentencia en la que se anuló el tributo en aquellos casos en los que el contribuyente pudiera demostrar que no había aumento del valor real", continúa. "Desde entonces, si pruebas que el suelo no ha incrementado su valor, no pagas. En 2019 hubo otra sentencia del TC para un caso en el que, habiendo incremento, este era inferior a la cuota a pagar".

Esas sentencias dieron a los ciudadanos la posibilidad de recurrir para no pagar. Pero en cualquier caso tenían que pleitear. Con la anulación actual, el impuesto dejará de cobrarse hasta que el Ministerio de Hacienda dé con una fórmula nueva para cobrarlo. Hasta entonces, la decisión del alto tribunal deja un roto en las corporaciones municipales de todo el país.

Solo en 2019, los 8.131 municipios que hay en España recaudaron 2.501 millones de euros por este concepto. Los grandes recaudan mucho más que los pequeños porque tienen mercados inmobiliarios más activos.

El de Ayuntamiento de Madrid es el que más ingresa por la plusvalía: casi 580 millones en 2019. Y no solo se debe a su pujante mercado. También al repunte experimentado por las compraventas de vivienda de segunda mano desde el pinchazo de la burbuja. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya ha pedido una "solución inmediata" al Gobierno. La plusvalía supone en la capital el 21% del presupuesto municipal, según datos recopilados por El Confidencial.

Cruzado sospecha que la intención de los grandes municipios, agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias que preside el alcalde de Vigo Abel Caballero (PSOE), es que el Estado les compense hasta que encuentre una solución. "Intentarán que asuma ese quebranto: tanto lo que van a dejar de ingresar como lo que tengan que devolver", afirma.

El ingeniero Escribano, en su jardín

/ A.P

Hasta entonces, Escribano insiste en que lo importante es dar con la fórmula correcta para calcularlo. Y que no se establezcan baremos como hasta ahora, sino algo ajustado a la realidad.

"Los impuestos tienen una finalidad recaudatoria, pero también redistributiva. Lo que no puedes poner es un impuesto a algo etéreo, artificial, que te has inventado porque no existe. Yo en su momento di una alternativa y, como llevo quince años con este tema, he estado pensando cómo pueden hacerlo honestamente y gravar el hecho imponible: que si hay ganancia te cobren y si hay pérdida no", añade el ingeniero.

Escribano sugiere utilizar índices ya existentes, como los del precio del suelo que ya maneja el Ministerio de Transportes, para saber si este ha subido o ha bajado.

"También hay otros, como el Índice del Precio de la Vivienda o las valoraciones que hacen las sociedades de tasación. Lo importante es que no construyan una tabla con fines recaudatorios sino que el cálculo se ajuste a la realidad social del momento: si ha subido ha subido y si ha bajado, ha bajado", concluye.

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