"El 3 de noviembre a la calle, por los salarios contra la crisis"

Los datos de inflación adelantada del mes de octubre dibujan una radiografía importante de lo que está ocurriendo en España. Los precios continúan subiendo a un ritmo alto –el 7,3% interanual–, pero lo hacen 3,5 puntos por debajo del mes de julio cuando ese índice escalaba hasta un escandaloso 10,8%. Sin embargo la inflación subyacente (sin productos energéticos ni alimentarios) se mantiene aun en el 6,2%, por encima incluso de la del mes de julio. La razón principal es que se han ido moderando los precios del gas y su efecto sobre la electricidad (los más volátiles y vinculados a la guerra) lo que reduce los precios generales, pero no los demás precios.

UGT y CCOO venimos avisando sobre la estrategia patronal, consistente en repercutir buena parte del aumento de costes a los precios al consumo, y a la vez promover un bloqueo en las subidas de los salarios. El objetivo es salvaguardar sus márgenes empresariales e imputar el coste de la crisis de precios sobre las espaldas de la clase trabajadora, así como sobre los recursos públicos. Según este esquema sería la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por un lado, más la reducción de la recaudación fiscal por otro, quien soportase el coste de la crisis. Esta posición es de una profunda irresponsabilidad. Ralentizaría la economía, haría una sociedad más desigual, y situaría a España ante un cuadro macroeconómico muy peligroso, sin duda preludio de futuros recortes sociales.

Las posiciones de CEOE sobre la inconveniencia de pactar unas recomendaciones generales para facilitar la negociación de los convenios porque “es hundir la economía”, dejan bien a las claras sus intenciones. Se han borrado de la corresponsabilidad para hacer frente a la crisis de precios, negándose a una fórmula razonada y razonable como la que planteamos CCOO y UGT: subidas salariales en términos asumibles en cada uno de los años que van del actual al 2024 (incluso por debajo de la inflación subyacente), acompañadas, eso si, de compromisos de recuperación de la diferencia entre salarios y precios durante ese periodo, de forma paulatina, y en el formato que en cada convenio colectivo se determine.

Con esta propuesta sindical no se acelera un incremento de costes que alimente la inflación; dotamos de una certeza a la clase trabajadora sobre sus salarios y a las empresas sobre sus costes; contribuimos a una estabilidad en la demanda interna (a sumar a la que proporciona la revalorización de las pensiones, y el acuerdo salarial en la función pública) que va a ser decisiva para evitar una recesión.

Esta actitud patronal es la que nos ha llevado a acuñar el eslogan “Salario o Conflicto”, y a apostar por un tensionamiento de la negociación de los convenios colectivos. La opción de una creciente conflictividad laboral en la medida que millones de personas vean la disminución drástica de sus salarios reales, está ahí. Es más, los sindicatos vamos a tratar de favorecerla allí donde sea posible.

Estamos comprobando que allí donde esta conflictividad se da con fuerza los márgenes empresariales existen, porque las patronales acaban suscribiendo convenios con subidas del entorno del 15 o el 18% en tres o cuatro años, así como clausulas de garantía salarial que prevén recuperar la diferencia (a veces total, a veces parcial) que pudiera darse entre esas cantidades y la inflación acumulada. Y además esos acuerdos se están dando en sectores que por su actividad tienen que competir en mercados globales, como son los manufactureros. Señal inequívoca de que excedentes empresariales hay, pero la cerrazón patronal no los quiere repartir con equidad, si no es “obligada” por huelgas y movilizaciones.

La subida de los salarios es una necesidad para nuestro país. La experiencia nos dice que son los sueldos más bajos los que sufren la devaluación más profunda en las crisis. En este sentido disponemos de una palanca clave como es el SMI que debe subir de forma vigorosa de cara al 2023. Su subida tiene que absorber toda la subida de precios con la que concluya en el año 2022. Quienes tienen un salario bruto de 14.000 euros no pueden perder poder de compra cuando ya tienen salarios de subsistencia.

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Lo hicimos en pandemia, con una actitud corresponsable de CEOE, lo que facilitó un recorrido histórico –que genera un gran interés dentro y fuera de Europa– al diálogo y la concertación social española. La falta de corresponsabilidad de las organizaciones empresariales en este momento, no le puede servir como derecho de veto. La subida del SMI o la fiscalidad sobre beneficios empresariales debe llegar hasta donde haga falta para promover ese reparto equitativo de los costes de la inflación. Las rentas sociales o el refuerzo de los servicios públicos son una forma de transferencia de recursos para las mayorías sociales, y deben financiarse sin un recurso ilimitado al endeudamiento público. Recursos en común suficientes, financiados de forma progresiva, frente a la trampa anti-impuestos.

Promover una salida justa a la situación de enorme incertidumbre que atravesamos. Ese es el objetivo de la gran movilización sindical del 3 de noviembre en Madrid. No será el final de nada. Será un hito en un camino que recorrerá el año 2023, donde los sindicatos más representativos seguiremos trabajando y luchando para que se lleven a cabo las subidas salariales que corresponden acorde a la situación que vivimos.