El Gobierno maniobra para pagar el nuevo gasoducto con el impuesto a las energéticas y con ayudas de la UE

España y Francia trabajan contra reloj para tener listo en menos de un mes un primer estudio técnico detallado del proyecto para construir un gasoducto submarino entre Barcelona y Marsella. El objetivo de ambos países es hacer públicas las características concretas del nuevo tubo -que se utilizará primero para transportar gas y más adelante hidrógeno verde- en el marco de la cumbre Euromediterránea que se celebrará en Alicante los días 8 y 9 de diciembre.

El interés manifiesto de ambos países por acelerar los trabajos de estudios técnicos no sólo es consecuencia de la celebración de la cumbre diplomática internacional a principios de diciembre. Las prisas también están directamente relacionadas para determinar cómo y quién se encargará de pagar las obras de la nueva infraestructura, hasta ahora apodada BarMar, pero en breve puede pasar a ser conocida como H2 Med.

Los Gobiernos español y francés tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar a la Comisión Europea la candidatura del nuevo gasoducto para ser considerado proyecto de interés común (PIC) de la UE, según ha reconocido este viernes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Conseguir la categoría de PIC permite aplicar procedimientos simplificados para la autorización y la regulación de los proyectos energéticos, y que además permite optar a ayudas financieras directas del Mecanismo Conectar Europa de la UE.

El Gobierno español no sólo pretende financiar parcialmente la construcción del futuro gasoducto obteniendo fondos comunitarias. También maniobra para poder destinar parte de la recaudación que se obtendrá con el nuevo impuesto a las grandes energéticas para pagar el coste de la nueva infraestructura.

Nuevo impuesto

Los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han incluido una batería de enmiendas a la proposición de ley para crear los nuevos impuestos temporales a las energéticas, la banca y a las grandes fortunas. Entre los cambios propuestos por ambos partidos, el nuevo texto detalla a qué destinar la recaudación obtenida con el tributo a los grandes grupos energéticos (4.000 millones en dos años, según la previsión gubernamental) y permite utilizarla para proyectos transfronterizos que impulsen la autonomía energética del país: esto es, el BarMar.

Si el Gobierno consigue los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante la proposición de ley de los nuevos impuestos en los términos propuestos, podrá disponer de parte de esa recaudación millonaria a financiar el futuro gasoducto con Francia. Según se recoge en las enmiendas, el Ejecutivo podrá destinar esos fondos a pagar “medidas de apoyo financiero para desarrollar la autonomía energética” mediante “proyectos con una dimensión transfronteriza”, en particular inversiones en consonancia con los objetivos marcados en la estrategia comunitaria REPowerEU, la hoja de ruta europea para reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos.

El impuesto impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados, pretende gravar con un tipo del 1,2% los ingresos de las grandes energéticas españolas (las que facturan más de 1.000 millones de euros) durante los dos próximos años. El tributo estaría en vigor sólo de manera temporal, en 2023 y 2024, pero teniendo impacto en las cuentas de las compañías correspondientes al ejercicio previo, en los resultados de 2022 y 2023.

La estimación que maneja el Gobierno contempla una recaudación gracias al nuevo impuesto energético de un total de 4.000 millones de euros los dos ejercicios en que estará en vigor, a razón de 2.000 millones en cada uno de los ejercicios en que estará vigente el impuesto sobre los beneficios de 2022 y 2023).

El futuro tubo submarino

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El Gobierno español ha estado durante los últimos meses presionando a Francia —con el apoyo de Alemania— para vencer las reticencias de París a poner en marcha un nuevo gasoducto entre ambos países a través de los Pirineos, resucitando el antiguo proyecto del MidCat. Al final no se resucitará esa antigua iniciativa pirenaica, pero España y Francia sí han pactado construir un nuevo gasoducto submarino entre Barcelona y Marsella para ser utilizado más adelante para transportar hidrógeno verde.

Aún no se conocen los detalles técnicos ni presupuestarios del nuevo proyecto y no trascenderán detalles significativos hasta la cumbre Euromediterránea, pero el objetivo es que la nueva infraestructura sirva para elevar de manera sustancial la capacidad de envío de gas entre ambos países en aproximadamente cinco o siete años.