Las razones por las que urge tener pronto el ‘sí’ a Almaraz

En la mañana de hoy sábado se espera que miles de personas salgan a la calle a reclamar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz en una manifestación que acabará a las puertas de la misma instalación. Trabajadores de la planta, vecinos de las localidades próximas y responsables políticos exigirán que no se cierre una industria que ha sido el principal motor económico de la zona desde hace más de cuatro décadas.

El calendario para el apagón escalonado del parque atómico español, que de momento el Gobierno no parece tener ninguna intención de plantearse modificar, establece que la unidad I de la planta cacereña cierre en noviembre de 2027 y la II en octubre de 2028. Quedan, pues, más de dos años y medio para la primera de estas clausuras. Sin embargo, desde la planta cacereña se ha fijado el primer trimestre de este año como un punto de no retorno, el momento a partir del cual cualquier decisión que se tome no evitará que tenga que dejarse de producir electricidad, quizás no definitivamente, pero al menos sí de forma temporal. 

1 ¿Por qué este primer trimestre?

Una de las razones que está detrás de la urgencia con la que se necesita tener ya certezas sobre el futuro de la central es la del acopio de combustible, que se tiene que hacer a unos tres años vista y es una inversión millonaria que no se hará sin la seguridad de que se va a seguir funcionando. Las recargas del núcleo llegan en ciclos de 18 meses en cada uno de los dos reactores de Almaraz, por lo que todos los años hay al menos una y, en ocasiones, coinciden dos. Fue el caso de 2024 y cada una de estas dos paradas representó un desembolso que se acercó a los 40 millones de euros, entre gasto en combustible, equipos y personal. 

Pero la planificación de compra de los elementos de uranio o la previsión de inversiones no son el único motivo que abocaría a detenerse incluso aunque hubiese un cambio de rumbo en la política energética del Gobierno si este llegase más allá de los primeros meses del año. También está la gestión de los recursos humanos.

Por vez primera en más de cuarenta años de funcionamiento de la central, a día de hoy no se están formando nuevas licencias de operadores de reactor y turbina. Estos profesionales trabajan en las salas de control, los ‘cerebros’ desde donde se maneja y vigila todo lo importante que sucede en una planta nuclear. Se trata de un desempeño tan específico que la licencia de operador para una central no habilita para ocupar este puesto en otra. Y obtenerla exige un proceso que dura unos dos años y medio. 

Las plantillas de las dos salas de control de Almaraz, conformada en estos momentos por unos sesenta empleados, está diseñada de acuerdo con el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), por lo que una prórroga de la autorización de explotación llevaría asociada la formación de nuevo personal. Si esa ampliación se conociese poco antes del cierre, habría que parar igualmente la producción a la espera de formar las nuevas licencias.

Además, el escenario de desconexión temporal conllevaría un riesgo adicional, el de una ‘garoñización’ de Almaraz: estar durante mucho tiempo sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de poder volver a funcionar, pero acumulando, eso sí, gastos millonarios de mantenimiento y de personal. Es algo que sucedió con la central de Santa María de Garoña (Burgos) por las desavenencias de Iberdrola y Endesa, dueñas a partes iguales de la instalación, que ahora se está comenzando a desmantelar.

2 Los impuestos, la otra clave

El 'sí' del Gobierno no es el único que garantiza que Almaraz tenga futuro. Como volvió a recordar esta semana el presidente de Foro Nuclear, la patronal del sector en España, Ignacio Araluce, la continuidad del parque de centrales español está «inexorablemente unida» a la reducción de la «desproporcionada carga fiscal» que soporta y que se ha incrementado en más de un 70% en los últimos cinco años, llevándola a niveles económicamente «insostenibles», insistió. 

La previsión que maneja Almaraz es la de pagar 435 millones de euros en 2025 en concepto de impuestos y tasas. Aquí se incluyen 82 millones que corresponden a la ‘ecotasa’ autonómica y 12 millones a impuestos locales (IBI o IAE), pero el grueso son gravámenes estatales. La fiscalidad que soporta la flota nuclear española supondrá entre 2025 y 2035 «más de un 40% de sus costes totales», se recoge en un informe de PwC del año pasado. Con las previsiones actuales de precios a largo plazo de la electricidad, estas instalaciones verían «seriamente amenazada» su viabilidad económica, asevera la consultora. Al estar vinculada gran parte de esta carga fiscal a la producción, la primavera pasada ya ocurrió que hubo reactores a los que les resultó menos oneroso desconectarse que seguir generando electricidad. 

3 ¿Y si no se da marcha atrás?

Ya sea porque no hay marcha atrás o porque esta llega demasiado tarde, la alternativa que se quiere evitar a toda costa en la comarca del Campo Arañuelo es la de que se cumpla con el calendario pactado en marzo de 2019 entre el Ejecutivo y Enresa con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Según el cronograma del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, a partir de 2027 (unidad I) y 2028 (unidad II), habrá tres años de periodo de licenciamiento, a los que seguirá una década de trabajos de desmantelamiento a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que pasaría a ser la titular de la instalación. 

Habrá luego otra década más de periodo de vigilancia, que se prolongará hasta mediados de siglo, cuando se emitirá la declaración de clausura. Los residuos permanecerán, no obstante, mucho más tiempo en el emplazamiento. Los dos almacenes temporales (uno en funcionamiento y otro de mucho mayor tamaño que está previsto construir) tendrían que estar operativos como mínimo hasta 2073. Es el año en el que se prevé el inicio de explotación de un almacén geológico profundo (AGP) para albergar de forma definitiva los residuos de alta actividad.