Movilizaciones de funcionarios en toda España: exigen una subida salarial y mejoras laborales

Los sindicatos han intensificado su presión sobre el Gobierno para que convoque la Mesa de Diálogo Social y negocie una subida salarial para los funcionarios y empleados públicos. Este lunes, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha instado al Ministerio de Función Pública a pactar un nuevo Acuerdo Marco plurianual que contemple un incremento salarial "por encima del IPC real" para recuperar poder adquisitivo.

En una rueda de prensa conjunta con CCOO, Araque propuso una subida salarial combinada: una parte fija y otra variable, indexada a indicadores económicos como el IPC Armonizado (IPCA) y el Producto Interior Bruto (PIB). Además, recordó que la subida adicional del 0,5% correspondiente a 2024 sigue pendiente y urgía al Gobierno a abonarla de inmediato. En caso de que no se cumpla, UGT advierte que tomará las medidas necesarias para garantizar el derecho de los trabajadores.

Retraso en la Mesa de Diálogo Social

Araque también denunció la demora en la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social, recordando que "desde septiembre de 2024 debería haberse comenzado a negociar un nuevo acuerdo para los más de 3,5 millones de empleados públicos en España". Los sindicatos urgen al Gobierno a iniciar cuanto antes la negociación para garantizar estabilidad y mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios.

Reformas en los procesos selectivos y reducción de la temporalidad

Junto con la mejora salarial, UGT ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición, ya que impide el crecimiento de la administración y limita la calidad del servicio público. También piden la implementación de ofertas públicas de empleo y planes plurianuales de ordenación de recursos humanos, atendiendo al envejecimiento de la plantilla (con una media de edad de 53 años).

Otro punto clave es la necesidad de reducir el tiempo de resolución de los procesos selectivos. Actualmente, se tardan en promedio 36 meses en adjudicar plazas, y los sindicatos proponen reducir este plazo a 18 meses para incentivar la oposición y reducir la temporalidad en el sector público.

En este sentido, han alertado sobre el incumplimiento del objetivo del 8% de temporalidad pactado, por lo que exigen mayor control y sanciones para evitar el abuso de la contratación temporal.

CCOO y CSIF anuncian movilizaciones

CCOO y CSIF han anunciado movilizaciones para exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos salariales y reactive la negociación colectiva. Mañana martes, 18 de marzo, CCOO ofrecerá una rueda de prensa con los detalles de las protestas. CSIF, por su parte, ha convocado una manifestación frente al Ministerio de Hacienda en Madrid para este miércoles, con planes de extender las protestas a distintas delegaciones del Gobierno en todo el país.

Desde CSIF han denunciado que "los empleados públicos están abandonados por el Gobierno, que no ha sido capaz de presentar unos Presupuestos debido a su debilidad parlamentaria, impidiendo las reformas necesarias en Sanidad, Educación y Administración General del Estado".

Las principales demandas de los sindicatos

Entre las principales exigencias sindicales destacan:

• Un nuevo acuerdo salarial tras la finalización del vigente en diciembre de 2024.
• Pago inmediato del 0,5% adicional pactado en 2024.
• Subidas salariales automáticas, al igual que en las pensiones o el SMI.
• Recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010.
• Eliminación de la tasa de reposición y convocatoria de nuevas ofertas de empleo público.
• Implementación de la jornada laboral de 35 horas.
• Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
• Regulación de la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios.

Un sector público en riesgo por la falta de reformas

Los sindicatos también han alertado de que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en la próxima década, lo que podría comprometer la sostenibilidad del sistema público. Además, señalan la falta de avances en la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la clasificación profesional y el teletrabajo.

En sectores clave como Sanidad y Educación, los sindicatos advierten que el envejecimiento del personal y la alta temporalidad afectan la calidad del servicio. En Educación, CSIF exige que el Estatuto Docente se apruebe este año y que se eleve la inversión en educación hasta el 7% del PIB.

Con la presión sindical en aumento y movilizaciones en marcha, el Gobierno se enfrenta a un reto crucial para evitar un conflicto laboral a gran escala en el sector público. La negociación de un nuevo acuerdo y la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social serán determinantes en las próximas semanas.