Aagesen esquiva la ofensiva del PP para ampliar las nucleares: “Lo que están pidiendo no se puede cumplir”

El PP ha decidido lanzarse abiertamente a la batalla política para ampliar la vida de las centrales nucleares. Los populares sacaron adelante una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Vox y UPN y las abstenciones de Junts y ERC instando al Gobierno a retrasar los cierres de todos los reactores, programados de manera escalonada para entre 2027 y 2035. Es sólo una petición, una propuesta, sin efectos jurídicos.

Pero ahora el PP pretende dar un paso más e impulsar una proposición de ley para intentar forzar un cambio regulatorio real y prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de las fechas de cierre previstas, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El Gobierno ignora las presiones pronucleares y sortea la ofensiva política emprendida por el PP esgrimiendo que la fecha de cierre de las centrales nucleares no la decide el Gobierno y que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias (fundamentalmente Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias en algunas centrales también Naturgy y EDP).

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha sacudido la presión del PP y de su propuesta (sin efectos legales) de prolongar los años de funcionamiento del parque nuclear. “Lo que están pidiendo, no se puede cumplir”, ha sentenciado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. “No se puede cumplir porque el sector energético, igual que otras actividades económicas está liberalizado, es decir, son las empresas las que solicitan o no el cierre” y “las empresas han decidido el calendario de cierre”.

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Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Un pacto que servía entonces para apagar el enfrentamiento entre las propias compañías eléctricas sobre cuándo cerrar en las centrales y cuánto invertir en ellas para mantenerlas en funcionamiento.

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Desde el Gobierno se insiste en las últimas semanas en que las eléctricas no han solicitado modificar ese calendario de cierres desde su aprobación y que no lo hacen por razones económicas, porque les resulta más rentable seguir creciendo en renovables que ejecutar las grandes inversiones que requeriría prolongar la vida de los siete reactores ahora operativos en España. Tanto Iberdrola como Endesa están mostrando cada vez más claramente en público una posición defensa de prolongación de las nucleares como vía para asegurar el consumo intensivo de electricidad de grandes proyectos industriales (como los centros de datos) y hacerlo con una tecnología energética como la nuclear sin emisiones de efecto invernadero.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado definitivamente por el Gobierno hace poco más de un año y que es la hoja de ruta ambiental y energética hasta final de la década, recoge sin cambios ese calendario de cierres hasta el apagón nuclear total en 2035 pactado por las compañías eléctricas y anticipa un proceso continuado de sustitución de los reactores por un despliegue masivo de nuevas instalaciones de energías renovables.

"El Gobierno ha cumplido con el mandato de este Congreso aprobado y vinculante, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y así llevamos planificando todos estos años la transición energética y la evolución del mix energético", ha subrayado Aagesen en respuesta al Partido Popular. "La planificación de este Gobierno hace que lleguen inversiones" y que España tenga "la energía más competitiva de Europa".

"Tenemos un recurso que no aprecian y que aprecia el resto del mundo, que se llama sol y viento y que ha crecido en este país. Me gustaría que lo reconozcan. Parece ser que sólo el exterior reconoce el éxito de la transición ecológica y energética en este país y ustedes están amparados en el éxito de otros países. Por favor, miren el éxito en su país, nuestro país, que es España", ha reclamado la vicepresidenta a los populares.

Choque por la fiscalidad

Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, y que sería lo responsable con la transición ecológica al no emitir CO2. Con las fechas de cierre pactadas, las centrales españolas funcionarán una media de 46 años desde su puesta en funcionamiento (por encima de los 40 años de vida útil inicialmente planteada), mientras que en otros países instalaciones similares ya está previsto que estén operando 60 e incluso 80 años.

La patronal de las nucleares defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones. Hay razones económicas, pero las eléctricas ponen el foco en unas motivaciones económicas diferentes a las que apunta el Gobierno. Foro Nuclear advierte a los partidos políticos que defienden prolongar el funcionamiento de las centrales que es imprescindible una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando.

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El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el año pasado una fuerte subida del 30% de la tasa que pagan las nucleares para pagar los costes de desmantelar las centrales y gestionar los residuos radiactivos que generan, y así cubrir los gastos previstos en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). La factura prevista por Enresa para todas las actuaciones que quedan por hacer durante todo este siglo alcanza los 20.200 millones de euros. El Gobierno defiende que el incremento de las aportaciones de las eléctricas en función de la electricidad que generan con sus nucleares no es una subida de impuestos, porque esa tasa no es un impuesto y porque los costes del cierre de las centrales les corresponde pagarlo a las compañías propietarias. "¿Ustedes están proponiendo que los 20.000 millones que cuesta la gestión de los residuos y el desmantelamiento lo paguen los españoles?", ha espetado Aagesen al PP sobre la denominada ‘tasa Enresa’.