El Gobierno endurece la guerra contra el fraude en gasolineras y prepara otra ola de expulsiones de empresas piratas

El sector de las gasolineras ha estado carcomido en los últimos años en España por un fraude masivo en la venta de combustibles. Las grandes petroleras han denunciado la entrada del “crimen organizado” a través de empresas pirata que reventaban el negocio tirando los precios gracias a eludir el pago de impuestos y de otros recargos obligatorios. Se trata de entramados empresariales con múltiples intermediarios y testaferros que van cerrando sociedades cuando son descubiertas y reanudan su actividad fraudulenta con otro nombre.

Tramas corruptas que han reventado el sector con estas prácticas de competencia desleal y que han provocado un agujero milmillonario a las arcas públicas. Las cifras que manejaban las asociaciones empresariales del sector petrolero apuntaban a que el fraude a momentos ha llegado a extenderse tanto como para afectar al 25% de todas las ventas y hasta implicar a unas 1.200 gasolineras (una de cada diez estaciones de servicio del país). El roto por las actividades fraudulentas superó en 2023 los 1.000 millones de euros anuales por el impago del IVA y alcanzó los 580 millones por el impacto de las certificaciones de carburantes. Algunas fuentes del sector energético apuntan a que el año pasado el agujero rondó los 2.000 millones de euros en su conjunto.

El fraude en la venta de combustibles ha empezado a frenarse en los últimos meses y el número de gasolineras con precios por debajo de coste se ha desplomado. Un parón provocado, por un lado, por el enorme foco mediático generado en torno a estas prácticas irregulares tras la detención e imputación en un presunto fraude millonario de hidrocarburos de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama de corrupción del denominado ‘caso Koldo’; por otro, por la intensificación de la guerra abierta por el Gobierno contra las tramas de empresas pirata mediante la inhabilitación de grandes operadores petrolíferos en los últimos meses, a los que se sumará una nueva ola de suspensiones de empresas pirata en los próximos.

Crece la lista de empresas suspendidas

El Ministerio para la Transición Ecológica, ahora comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprobado la inhabilitación definitiva de once grandes operadores mayoristas de hidrocarburos por faltas graves en su actividad, según se ha ido publicando en el BOE en los últimos meses. Los grupos suspendidos de manera permanente y expulsados del sector son Biomar Oil, Gaslow Abastecimientos, Martankship, Everton Magnific y Medoil Energy 2050, Mecapetrol, Metawy Combustibles, Nascor Energías, Omega Fuels, Vertix Petroleum y también Villafuel, que es la compañía del escándalo de la trama presuntamente corrupta vinculada a Víctor de Aldama.

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El Ejecutivo prepara otra ola de suspensiones totales de empresas con actividades irregulares. El Gobierno ha emitido en las últimas semanas resoluciones estableciendo la inhabilitación temporal de otros seis grupos del sector por no contar con los requisitos para poder operar o por incumplimiento de las obligaciones legales en relación al uso de biocombustibles, y que previsiblemente se convertirán también en inhabilitaciones definitivas. La lista de compañías suspendidas de manera provisional la integran Nexgen Fuels, Bridgefuel Trading, I-ManchaMadrid, Bio-Zenite Energy, Vikalende y VOR3M International Intermediate, según se recoge en los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Desde el sector petroleo se anticipa que el Gobierno también tiene abiertos ya expedientes para investigar las prácticas de varios operadores de la industria como paso previo a la inhabilitación temporal, lo que permitirá seguirá engrosando la lista de compañías expulsadas del sector que no deja de crecer rápidamente. Fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica prefieren no hacer comentarios sobre investigaciones en marcha y sobre las que no se ha emitido ninguna resolución formal.

En el desfalco generalizado que se ha venido registrando en el sector de la venta de combustibles participan grupos mayoristas de suministro de los carburantes y también cientos de gasolineras que se convierten en cooperadores necesarios y beneficiarios directos del fraude. Unas prácticas de competencia desleal que hacen imposible rivalizar a muchos proveedores y a muchas estaciones de servicio, condenadas a ser expulsadas del mercado. Al no pagar impuestos ni otras cargas las compañías pirata pueden ofrecer el carburante a precios más bajos y obtener rentabilidades muy superiores a las que consiguen las compañías con actividad ajustada a la legalidad.

Escudo ‘antifraude’ reforzado

El Gobierno consiguió el pasado diciembre sacar adelante paquete fiscal exigido por la Unión Europea, y en el que se incluyeron varias medidas reclamadas insistentemente desde el sector para frenar el fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos. El objetivo fundamental de las reformas es acabar con los denominados ‘missing traders’, las tramas empresariales que compran hidrocarburos en los depósitos fiscales del sector (con un IVA asimilado al de la importación) para después revenderlo cobrando el impuesto pero sin luego ingresarlo a la Agencia Tributaria. Unas compañías fantasma que delinquen con estos impactos y desaparecen rápidamente cuando es detectado el fraude por Hacienda.

Para evitar estas prácticas el paquete fiscal aprobado contempla que los empresarios que extraigan gasolina, gasóleo o biocarburantes de estos depósitos fiscales declaren el IVA cada mes, para poder controlar las operaciones casi en tiempo real. Y las compañías que extraigan de los tanques los hidrocarburos han de tener la condición de operador económico autorizado por la normativa aduanera o de operador confiable, haciéndose además garante del pago del impuesto correspondiente a la futura venta. Y como medida de seguridad adicional, se asigna a los propios titulares de depósitos fiscales una responsabilidad solidaria del pago de la deuda tributaria cuando autoricen indebidamente la extracción del producto.

El paquete fiscal fue aprobado de manera definitiva a finales de diciembre por el Congreso de los Diputados. Pero la aplicación de las medidas contra el fraude de los hidrocarburos no es inmediata a la espera del obligatorio desarrollo normativo. El Ministerio de Hacienda aún debe emitir dos órdenes ministeriales para hacer efectivo el desarrollo de los cambios introducidos.