La industria nuclear redobla la presión ante el gran apagón previsto para 2035

La industria nuclear, encabezada por las eléctricas, ha redoblado su presión ante el cierre de las plantas programado entre 2027 y 2035. España está a punto de cruzar el punto de no retorno en la generación atómica porque las centrales necesitan tres años para estar preparadas ante una posible prórroga. Las eléctricas pactaron con el Gobierno en 2019 el calendario de cierre, pero según se aproxima la fecha ya no lo tienen tan claro. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló hace dos semanas en el Foro Económico Mundial, en la localidad suiza de Davos, que las plantas nucleares "son absolutamente necesarias". Iberdrola tiene la mayor parte de la propiedad de la central nuclear de Almaraz (el 52,7%), que es la primera que va a cerrar. El CEO de Endesa, José Bogas, ya indicó en septiembre al ser preguntado por la continuidad de las centrales que él "intelectualmente es contrario a cerrar las nucleares".

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En los últimos meses, la Junta de Extremadura (en manos del Partido Popular) ha liderado una campaña para extender la vida útil de la planta. A esa campaña se ha sumado la Generalitat Valenciana que desde el cambio del Ejecutivo de izquierdas del PSPV y Compromís al del PP y Vox aboga por mantener en funcionamiento el reactor nuclear de Cofrentes. El Gobierno ve en el cierre de las centrales nucleares un "ejercicio de responsabilidad" e insiste en que es una decisión pactada con las empresas propietarias de las plantas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP).

España cuenta en la actualidad con siete reactores nucleares que generan el 20% de la energía del país: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara). El calendario de cierre establece que los primeros reactores en dejar de operar son los de Almaraz I (1 de noviembre de 2027), Almaraz II (1 de octubre de 2028), Ascó I (1 de octubre de 2030) y Cofrentes (30 de noviembre de 2030). La industria nuclear advierte de que el apagón de una central entra en un punto de no retorno tres años antes de la fecha fijada por la burocracia aparejada a la prórroga de la vida útil, la compra de uranio enriquecido que se hace con mucha antelación y la necesidad de formar personal de supervisión de las plantas.

En el trasfondo del debate hay un enfrentamiento ideológico entre los partidos de izquierda que apuestan, como hizo Alemania, por el apagón nuclear y el PP y Vox que defienden alargar la vida útil de las centrales. El Ministerio de Transición Ecológica aseguró tras una manifestación de 7.000 personas en Almaraz por el mantenimiento de la central a mediados de enero que el cierre obedece a una decisión empresarial basada en criterios económicos y no a una imposición del Gobierno. Transición Ecológica subrayó que las nuevas normas de seguridad europeas exigen grandes inversiones a las centrales nucleares para extender su vida útil por lo que las eléctricas han preferido dedicar esos recursos a las renovables donde obtienen más rentabilidad. Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, ha descartado por completo que el calendario de cierre de las centrales nucleares en España vaya a retrasarse. La ministra defendió en el Congreso que el cierre es un "ejercicio de responsabilidad" y añadió que no existen riesgos de apagones.

Carga fiscal

La industria nuclear alega que la alta carga fiscal que soportan las centrales es una amenaza para su continuidad. Los propios operadores no están dispuestos a mantener la actividad de las nucleares sin una rebaja fiscal. Las nucleares españolas deben abonar unos 28 euros por megavatio hora (MWh) en impuestos y tasas con independencia del precio de la luz. Esta situación provoca que cuando el precio de la luz cae por debajo de esos 28 euros por el incremento de la energía renovable las centrales nucleares producen a pérdidas. Los expertos coinciden en que el despliegue renovable provocará que cada vez sean más frecuentes los precios bajos.

Iberdrola ordenó el pasado 8 de marzo la parada de la central nuclear de Cofrentes ante el desplome del precio de la luz y el coste fijo en impuestos que en aquel momento era de 25 euros MWh. Los meses de marzo y abril fueron complicados para los operadores nucleares. El mercado mayorista cerró en marzo a un precio medio de 20 euros MWh y en abril a 13,67 euros MWh. Cada día hay más horas a coste cero en el mercado mayorista y las eléctricas insisten en que es insostenible mantener la producción en esas condiciones.

El Gobierno justifica la alta carga fiscal que soportan las nucleares en el principio de "quien contamina paga". Ignacio Araluce, presidente del lobi atómico Foro Nuclear, subraya que las centrales pagan de media 10 euros el megavatio hora (MWh) por la tasa Enresa (la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos) y 18 euros MWh por la producción. "El 50% de los costes de generación de los operadores se va en tasas e impuestos. El otro 50% es para pagar los gastos de la central: combustible, personal y mantenimiento. Una empresa no puede funcionar con el 50% de gastos en impuestos y tasas", advierte Araluce.

El presidente de Foro Nuclear mantiene que si se consuma el cierre de Almaraz en 2027 será muy difícil revertir esa decisión. Araluce pone como ejemplo Alemania, que apagó definitivamente sus últimos reactores el 15 de abril de 2023. Las principales empresas energéticas alemanas (EON SE y RWE AG) han descartado la posibilidad de reactivar las plantas nucleares, cerrando las puertas a la idea de una vuelta de la generación atómica que ha cobrado fuerza en el debate político impulsado por la derecha del país.