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¿Es necesariamente malo que los pisos pierdan la protección oficial?

Algunas fuerzas políticas han puesto ahora el foco en este tema al considerar que el límite temporal en el precio tasado es una suerte de fraude fiscal

Unas mujeres conversan frente a un bloque de VPO de Sant Andreu.

Unas mujeres conversan frente a un bloque de VPO de Sant Andreu.

Según la legislación actual, los pisos que gozan de beneficios públicos en el momento de su promoción y construcción tienen topado su precio de venta durante un periodo. En los próximos cinco años, un total de 36.000 viviendas en Catalunya perderán esta condición, según datos que publica hoy Gisela Boada. Es una de cada tres. En este buscador puedes encontrar las afectadas en el municipio en el que vives. Este hecho puede provocar dos consecuencias: la primera es que los actuales propietarios pueden venderlas en el mercado libre, obtener una notoria plusvalía y dedicar este beneficio a adquirir una nueva propiedad con lo que se puede disparar la demanda. Y la segunda es que, como mínimo estadísticamente, se producirá un aumento notable del precio medio de la vivienda de segunda mano en Catalunya, cosa que puede generar un sesgo en el debate tan decisivo que vivimos.

Algunas fuerzas políticas han puesto ahora el foco en este tema al considerar que el límite temporal en el precio tasado es una suerte de fraude fiscal. Es cierto que elimina de la ecuación un mercado secundario de pisos a precio asequible, lo cual puede dificultar aún más el acceso a la vivienda de algunos colectivos. Eso si todas las operaciones de compra-venta se realizan al precio tasado sin pagos en b. Pero también es verdad que esta fórmula, definida por la ley y no por ninguna mala práctica, tiene efectos positivos de redistribución de la riqueza. Quienes adquieren los pisos de protección oficial son personas económicamente vulnerables y el paso al mercado libre al final del periodo de protección les puede representar un colchón económico justo en los años en los que se aproximan a la jubilación. O hacerlo a sus hijos cuando mueren, pagando los correspondientes impuestos. Para algunos, todo lo que no sea público es malo. Y todo lo que permite el progreso económico de la gente les genera miedo a quedarse sin clientela. Pero en este caso ni estamos ante un fraude, ni los beneficiarios son los grandes tenedores. Cambiar este aspecto de la ley puede ser legítimo, pero en todo caso es opinable.