¿Bajarán las pensiones en febrero de 2025? Este es el motivo y la cuantía

Después de seis años donde las pensiones se han revalorizado anualmente conforme al incremento del IPC interanual, los pensionistas podrían dejar de ver este aumento en sus prestaciones a partir de febrero a raíz de los votos en contra de PP, Vox y Junts del decreto ley ómnibus. 

Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que "el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy". 

Este decreto ley incluía, entre otras medidas, el incremento de las pensiones con carácter general del 2,8% para 2025 y la subida de entre un 6% y un 9% para aquellas más bajas. En seis años, las pensiones se han revalorizado un 36,6%, reduciendo la tasa de pobreza en un 16,4% y evitando que 8 millones de personas cayeran en la pobreza extrema, indican datos del Ejecutivo.

Las pensiones podrían volver a los valores de 2024

A partir de febrero, el importe de las pensiones podría volver a situarse en los importes de 2024 en caso de que el Consejo de Ministros no apruebe otro decreto de revalorización de pensiones antes. La Seguridad Social ha comunicado que “estos grupos tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero".

Otras medidas que incluía el decreto Ómnibus

Algunas de las demás medidas que caen tras el rechazo del decreto Ómnibus son las siguientes:

• Bonificaciones al transporte público: Se eliminan las bonificaciones de hasta el 50% en transporte público autonómico y la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. También caen las ayudas para la reducción de precios en servicios de bicicletas urbanas.
• Escudo social: Deja de estar en vigor la prohibición de desahucios para familias vulnerables y el corte de suministros básicos de electricidad, agua y gas para consumidores vulnerables.
• Bono social eléctrico: El descuento de hasta el 80% en el precio de la electricidad para los consumidores vulnerables severos ya no se aplicará.
• Ayudas por la DANA: Quedan sin efecto las ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre, que incluían fondos para reparar infraestructuras y viviendas dañadas en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
• Incentivos fiscales para vehículos eléctricos: Desaparece la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga.
• Eficiencia energética en viviendas: Se pierden las deducciones de hasta el 60% en el IRPF por obras que reduzcan el consumo energético, como la instalación de paneles solares.

¿Por qué PP y Junts han votado en contra?

Junts ha rechazado los decretos-ley del Gobierno, criticando la mezcla de medidas como la subida de pensiones con otras en un “decreto ómnibus” que consideran “indecente”. El documento proponía modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar un artículo sobre la cuestión prejudicial europea, estableciendo que al elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspenderían las actuaciones hasta que se reciba su resolución.

Junts ha rechazado el decreto ómnibus principalmente por esta medida, considerando que podría influir en la aplicación de la amnistía. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha acusado al PSOE de incumplimientos y ha afirmado que apoyarían estas medidas si se presentaran por separado, destacando además que no cederán a “chantajes” y recordando la falta de mayoría del Ejecutivo.

El PP también ha votado en contra, proponiendo una ley alternativa para garantizar la subida de pensiones. Los populares han calificado el decreto de “trampa”, rechazando la cesión al PNV del edificio del Instituto Cervantes en París, compromisos asumidos por Rajoy pero que ahora ven como una “compra de voluntades” mediante el uso del patrimonio público.

El PNV, que considera cumplida la cesión del palacete conforme a la Ley de Memoria Democrática, ha explicado que la no convalidación del decreto anula sus efectos futuros, pero no los ya realizados.