Reforma carrera judicial
¿Cómo cambiarán las oposiciones para jueces y fiscales con la nueva reforma?
El Gobierno aprueba una ambiciosa reforma judicial para democratizar el acceso a la carrera de jueces y fiscales, reforzar la plantilla y modernizar las oposiciones

Los jueces del Corte Internacional de Justicia, en La Haya, 10/12/2019 / Koen Van Weel/ANP/dpa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un anteproyecto de ley que promete transformar el acceso y funcionamiento de la carrera judicial y fiscal en España. Bajo el lema de democratización y modernización, la reforma incluye medidas clave como la creación de un sistema de becas para opositores con menos recursos, el cambio del modelo de oposiciones y la estabilización de jueces interinos, entre otras propuestas.
Un sistema de becas
El coste económico y el tiempo requerido para preparar las oposiciones han sido históricamente barreras casi infranqueables para muchos aspirantes. Para abordar esta desigualdad, el Gobierno introduce las becas SERÉ, un programa blindado por ley que asegura un ingreso equivalente al salario mínimo interprofesional (15.876 euros anuales en 2024) durante un máximo de cuatro años. Esto permitirá que más personas puedan dedicarse a la preparación sin depender exclusivamente del apoyo económico familiar.
Nuevos criterios en las oposiciones
La reforma también plantea cambios en el sistema de evaluación de los futuros jueces y fiscales. Se sustituye una de las pruebas orales por un examen escrito y anónimo basado en un caso práctico, poniendo el foco en la capacidad de aplicar conocimientos jurídicos en lugar de la memorización. Este cambio busca equilibrar las competencias requeridas y evitar el desgaste físico y psicológico que ha caracterizado históricamente este proceso.

Togas y puñetas de varios jueces. / Archivo
Un registro público para los preparadores
Otra novedad es la regulación del trabajo de los preparadores de oposiciones, quienes estarán obligados a inscribirse en un registro público y declarar sus ingresos si superan las 75 horas anuales de tutorización. Esta medida apunta a erradicar el mercado negro asociado con esta actividad y a garantizar una mayor transparencia en el sector.
Ampliación de la plantilla judicial y reducción de la temporalidad
El Ejecutivo también pretende incrementar el número de jueces mediante la consolidación de interinos y la ampliación del denominado “Cuarto Turno”, que permitirá que un 25% de las plazas se destinen a juristas de reconocido prestigio. Este ajuste responde a las exigencias de la Unión Europea, que ha señalado repetidamente la precariedad de cientos de jueces sustitutos.
Cambios estructurales
La reforma impacta también en las Salas de Gobierno y en la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se introducirán el voto telemático y la limitación de mandatos para fomentar la pluralidad y modernización de estos órganos, a la vez que se prohibirá la financiación privada de las asociaciones judiciales para evitar conflictos de interés.
Una reforma entre el respaldo y la polémica
A pesar de las medidas encaminadas a garantizar mayor igualdad de oportunidades, las asociaciones mayoritarias de jueces han mostrado su descontento con varios puntos de la reforma. Críticas como las de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) destacan el riesgo de disminuir la calidad técnica de los nuevos jueces y la supuesta intromisión política en la judicatura.
Mientras el anteproyecto inicia su camino parlamentario, el Gobierno defiende que esta reforma supone un avance histórico hacia una Justicia más accesible, plural y moderna.
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