Nueva Ley de Eficiencia de la Justicia: teletrabajo híbrido y con antigüedad mínima

El próximo 3 de abril de 2025 entra en vigor la Ley de Eficiencia de la Justicia, que introduce por primera vez un marco legal general para el teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin embargo, su aplicación estará condicionada a un reglamento posterior y a la negociación con los sindicatos representativos del sector.

Según la normativa, el teletrabajo en este ámbito será voluntario y reversible, permitiendo a los empleados públicos optar por esta modalidad siempre que cuenten con la autorización de la administración competente. Solo podrán teletrabajar quienes desempeñen funciones cuya presencia física no sea imprescindible para garantizar el servicio, y se priorizará un modelo híbrido que combine días de trabajo presencial y remoto.

Antigüedad o experiencia: requisitos para optar al teletrabajo

Para acceder al teletrabajo, los funcionarios deberán encontrarse en servicio activo dentro de la Administración de Justicia y contar con un tiempo mínimo de servicios continuados en su puesto actual, en un juzgado, fiscalía o unidad determinada. Sin embargo, la norma contempla una excepción: podrán teletrabajar quienes acrediten experiencia suficiente en posiciones similares dentro del mismo ámbito jurisdiccional o con competencias similares.

Este enfoque busca garantizar que los empleados tengan un conocimiento sólido de las tareas antes de optar por el trabajo a distancia, mitigando posibles interrupciones en los servicios.

Condiciones específicas y exclusiones

El teletrabajo estará reservado a puestos compatibles con el trabajo remoto. No podrán teletrabajar aquellos empleados cuyas funciones requieran presencia física para asegurar el correcto funcionamiento de juzgados en turno de guardia u otras tareas de atención presencial esencial.

Además, la ley establece que será responsabilidad de la Administración proporcionar los medios tecnológicos necesarios para la modalidad remota. Este punto resulta crucial para evitar que los funcionarios asuman costes o cargas adicionales en el desempeño de sus funciones.

Tensiones entre sindicatos y Gobierno

A pesar de los avances legislativos, la implementación de esta medida ha generado tensiones entre el Gobierno y los sindicatos. Los representantes de los trabajadores acusan al Ministerio de Función Pública, liderado por María Jesús Montero, de incumplir el acuerdo alcanzado el pasado año. Mientras que dicho pacto permitía hasta tres días de teletrabajo semanal, la propuesta actual lo reduce a uno en la mayoría de los casos.

Desde Función Pública aseguran que las negociaciones están en marcha y que cada departamento ministerial podrá definir las condiciones de teletrabajo según sus necesidades específicas. Este enfoque flexible, afirman, busca adaptarse a las particularidades de cada servicio y garantizar la continuidad de la atención ciudadana.

Un modelo híbrido en construcción

El Gobierno apuesta por un modelo híbrido como fórmula para conciliar la eficiencia administrativa con la flexibilidad laboral. Fuentes del Ministerio recalcan que, aunque el teletrabajo será voluntario, cada puesto deberá ser evaluado previamente para definir objetivos y garantizar el cumplimiento de los mismos.

En un contexto de creciente demanda por parte de los trabajadores para mantener las opciones de trabajo remoto, la Ley de Eficiencia de la Justicia marca un paso significativo hacia la modernización de la administración pública, aunque su éxito dependerá en gran medida de cómo se resuelvan las negociaciones en curso.