Fiscalidad, inversión y prosperidad

El reciente informe Draghi subraya una necesidad urgente: los países europeos deben invertir más, especialmente en innovación y tecnología. En España el reto es todavía mayor, puesto que nuestro nivel de inversión en I+D está lejos de la media europea (1,49% del PIB frente al 2,25%, datos de 2023). Sin esta inversión, la productividad y el crecimiento a largo plazo estarán en peligro. El sistema fiscal puede desempeñar un papel crucial en este reto. Sin embargo, hay que lograr un equilibrio necesario entre la competitividad del sistema fiscal para fomentar la inversión y asegurar unos ingresos suficientes para garantizar los servicios públicos que requiere la ciudadanía.

Francia lo ha comprobado recientemente: las rebajas fiscales de Macron no lograron el crecimiento económico esperado. Este caso refuerza la idea de que las políticas fiscales deben ir acompañadas de reformas estructurales y mejoras en la eficiencia del sector público, que amplifiquen su impacto positivo en la economía.

En España, según Eurostat, la presión fiscal se situaba en 2022 en el 38,3% del PIB, frente al 41,1% para el conjunto de la UE. Según estos datos, podríamos deducir que hay margen para subir impuestos manteniendo la competitividad del sistema fiscal. Pero la valoración cambia si se tienen en cuenta las medias aritméticas de los 27 países, en que cada país tiene el mismo peso (en lugar de las medias ponderadas). En este caso, la media para el conjunto de la UE es del 37,3%. Por tanto, el margen para subir impuestos de manera competitiva con nuestro entorno es bajo.

Sin embargo, existen importantes áreas de mejora en el ámbito fiscal para fomentar la inversión. Según el IEB Report 2/2024, aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades (25%) está alineado con el promedio europeo, el tipo efectivo sobre la inversión empresarial es más alto en España, debido a un tratamiento fiscal menos favorable para las inversiones en intangibles, cruciales para la innovación. De hecho, el beneficio fiscal a la I+D+i en la imposición societaria es de los más bajos de la UE (0,1% de PIB en 2019), mostrando un estancamiento en la última década frente a otras economías que han potenciado este instrumento, como Italia y el Reino Unido (entre 0,2-0,25% del PIB).

El Libro Blanco sobre Reforma Tributaria (2022) hace propuestas para corregir esta anomalía. Destaco las siguientes: simplificar el proceso de acreditación del gasto en I+D+i fiscalmente deducible, establecer un procedimiento simplificado para proyectos de poca dimensión, incrementar al 50% el porcentaje de deducción en gasto en I+D o IT (cada uno por separado al 25%), o incluir entre los gastos deducibles el 'software' vinculado al 'big data', IA o Industria 4.0. Además, se propone la revisión de los coeficientes de amortización y garantizar un marco jurídico claro y predecible para los inversores.

Algunos pasos recientes van en la buena dirección, como la ley de 'start-ups' que se aprobó a finales del 2022, y que reduce el impuesto de sociedades al 15% durante los primeros cuatro años para empresas emergentes, además de incrementar las deducciones para inversiones en empresas de nueva o reciente creación.

Otro avance significativo es la adopción de un tipo mínimo global del 15% para el impuesto de sociedades, un acuerdo que ya han implementado unos 40 países y otros 20 lo están regulando. Esta medida, que España aprobó en el Congreso el pasado noviembre, evita la competencia fiscal a la baja entre países y promueve sistemas más centrados en el bienestar social.

Sin embargo, la fiscalidad por sí sola no garantiza la prosperidad. Incrementar la recaudación fiscal sin mejorar la eficiencia en el gasto público solo puede perpetuar las deficiencias del sistema. Precisamente, España se sitúa por debajo de la media europea en indicadores de eficiencia del gasto público. Por ello es imprescindible que la política fiscal vaya acompañada de reformas estructurales (incluida la de la administración pública), que garanticen que cada euro recaudado se traduzca en un beneficio tangible para la ciudadanía y para el progreso económico.

La economía española necesita una visión integral que combine los tres elementos: una fiscalidad competitiva, incentivos claros para la innovación y una administración pública más eficiente.