¿Qué grava y quién paga el impuesto sobre la producción de electricidad que PP y Junts quieren eliminar?

El PP y Junts acordaron el lunes reducir el tipo del 7% al 0 del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, un gravamen que crearon los propios conservadores en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el déficit acumulado del sistema eléctrico. El PSOE y Sumar aspiran a frenar esta iniciativa que, según la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subirá el coste de la factura de los consumidores. ¿Qué es y cómo afecta este gravamen a la factura de la luz de los consumidores?

¿Qué grava y por qué?

El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) es un tributo "medioambiental, directo y real" que grava con un tipo del 7% la producción de electricidad en todo el territorio nacional, según explica la Agencia Tributaria en su página web. Pese a este carácter medioambiental, el gravamen aplica por igual a todos los tipos de generación, sean instalaciones fósiles, como los ciclos combinados de gas o el carbón, o renovables, como la eólica y la fotovoltaica. La base del impuesto es el valor de la energía, de forma que su recaudación depende del precio del mercado.

¿Cuándo y por qué se creó?

El gravamen se creó en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la que se crearon otros dos gravámenes (uno sobre la energía nuclear y otro el canon hidráulico). Su objetivo era acabar con el déficit acumulado del sistema eléctrico, que es el desfase entre los ingresos -la tarifa de la luz- y los gastos -el coste real de producir y distribuir esa electricidad- que se produjo entre los años 2000 y 2013 por la decisión de los distintos gobiernos de evitar una subida del precio de la factura para los consumidores. Esto llevó a amontonar una deuda de más de 27.000 millones de euros, que se paga con intereses a través de otra partida incluida también en el recibo y que finalizará en 2028.

¿Quién lo paga?

El impuesto lo pagan las empresas productoras de electricidad, no los consumidores. Pero las compañías lo repercuten en el precio de la electricidad a través de sus ofertas de venta de energía en el mercado, al considerarlo un coste más de producción. De esta forma, el impuesto afecta al consumidor final porque pagará un precio más alto por la electricidad del que asumiría en ausencia de este gravamen. El Gobierno defiende que las empresas no pueden repercutir su totalidad, sino solo una parte.

¿Cuánto recauda y qué se hace con ese dinero?

El impuesto tiene un efecto neutro en las cuentas públicas porque los ingresos recaudados por la Agencia Tributaria se transfieren en su totalidad a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su objetivo es financiar los costes del sistema eléctrico, junto con otras partidas, como una parte de los ingresos de las subastas de emisión de CO2 o los costes regulados incluidos en la factura (peajes, que financian el coste de las redes, y cargos, que financian las primas a las renovables, las centrales extrapeninsulares y las primas a las renovables).

Su recaudación varía, en función de los precios de la electricidad de cada periodo, pero se sitúa en el entorno de los 1.500 millones de euros al año (en 2024 se situaría en unos 1.100 millones de euros, según la empresa comparadora de ofertas de electricidad Selectra).

¿Puede faltar esa recaudación?

Si la falta de esos 1.100 millones de euros produjese un desajuste negativo de ingresos en la cuenta del sistema eléctrico, este no podría superar el 2% de los ingresos estimados para ese ejercicio. Si eso ocurriera, los peajes o cargos se revisarán "al menos en un total equivalente" a la cuantía en la que se sobrepase el citado límite, según la ley del sector eléctrico. Es decir, el Gobierno tendría que subir los cargos del año que viene en esa cuantía.

No obstante, el Gobierno suspendió el citado impuesto desde principios de julio de 2021 hasta finales del año pasado, cuando lo recuperó de forma gradual (3,5% en el primer trimestre de este año y  5,25% en el segundo). Y en ese caso, en vez de subir los cargos del ejercicio en curso, para evitar el déficit lo compensó a través de varias transferencias de dinero con cargo a los presupuestos.

¿El sistema eléctrico está en superávit?

La propuesta de PP y Junts de reducir a 0 el tipo del gravamen está vinculada a que el sistema eléctrico no incurra en déficit, según se desprende de la propia enmienda firmada por ambas formaciones y apoyada por Vox, PNV y ERC. De 2014 a 2021 el sistema eléctrico español generó superávits, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que llegó a sumar un remanente de más de 1.000 millones. Y también en los dos años siguientes, cuando el impuesto estuvo suspenso, precisamente por esa transferencia de dinero público se generaron superávits de 6.100 millones en 2022 y 3.200 millones en 2023.

¿Por qué dice el Gobierno que el tipo 0 subirá la factura de la luz?

"El sistema no está en superávit. Se supone que cuando se elimina el 7%, que va directamente a la factura, al sistema, sube la factura de los consumidores y sube la factura de los hogares", afirmó el miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen.

En 2023 el superávit ascendió a 3.200 millones de euros. De esa cantidad, una parte importante se ha destinado a reducir la factura de la luz este año (a través de los cargos) de forma que solo queda un remanente de superávit de 189 millones de euros, que se destinará al próximo ejercicico, según defienden fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Por ello, la vicepresidenta sugiere que la eliminación del 7% obligaría al Ejecutivo a subir el recibo de la luz (los cargos).

De esta forma, el tipo 0 del gravamen bajaría uno de los componentes del recibo (precio de la energía) pero subiría otro (cargos).

¿Y realmente subirá el recibo?

De momento, el año que viene el Ejecutivo ha decidido elevar los cargos un 35% respecto al presente año, cuando se han mantenido un 55% por debajo del nivel precrisis, según el proyecto de orden por el que se establecen los cargos del sistema eléctrico para 2025, publicado por el Ejecutivo en información pública. Pero esa decisión no tiene nada que ver con el gravamen, sino con la normalización de la situación tras la crisis energética. Ese proyecto tiene que aprobarse antes de que acabe el año, así que parece difícil que vaya a haber un cambio antes en las cantidades.

En concreto, en ese borrador, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico calcula para el año que viene unos costes de 7.500 millones de euros, de los cuales alrededor de 3.900 millones corresponden a tributos (principalmente por la recaudación del impuesto sobre la generación y de los ingresos por la subasta de CO2) y 3.500 de cargos (factura de la luz), mientras el año pasado los costes previstos ascendían a unos 7.800 millones de euros, de los cuales 5.272 millones eran tributos y transferencias y 2.500 millones correspondían a cargos.

¿Cómo se puede compensar la falta de recaudación del impuesto?

El Gobierno defiende que la suspensión del impuesto implicaría tener que subir la factura (a través de los cargos), mientras que en años anteriores lo que hizo fue realizar una transferencia de dinero. A estas dos opciones se suma una tercera: los ingresos por derechos de emisión de CO2. Estos ingresos ya forman parte de las partidas utilizadas para equilibrar las cuentas del sistema. Pero el Gobierno podría tener un margen mayor en los próximos ejercicios si se tiene en cuenta que el proyecto de ley que modifica la enmienda y que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero prevé un incremento de ingresos a partir de 2025 por la incorporación a este régimen del transporte marítimo y la reducción de la asignación gratuita de la aviación.

En 2023, la recaudación por este concepto alcanzó el récord de 3.585 millones de euros, pero este año será inferior, con un retroceso de hasta el 28,7% en lo recaudado hasta octubre, según los datos de Contabilidad Nacional, que de mantenerse en ese nivel supondría acabar el año en torno a 2.500 millones de euros. Pero el Ejecutivo prevé que ascienda a unos 4.500 millones de euros cuando el citado proyecto de ley esté en pleno funcionamiento.

¿Por qué es tan polémico este impuesto?

Esta tasa generó desde su creación una intensa polémica entre grandes eléctricas y pequeños productores de energías renovables que respondieron a ella con multitud de demandas judiciales. E incluso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear si el gravamen se ajustaba al Derecho de la Unión. Entre las cuestiones expuestas se encontraban su naturaleza como impuesto directo y no indirecto, su finalidad recaudatoria y no ambiental o la identidad de tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables. Pero la sentencia confirmó la compatibilidad del impuesto con el derecho de la Unión.