MODELO LABORAL
El 'pinchazo' de Glovo en Zaragoza: 3.100 falsos autónomos y una deuda de más de 16 millones
La Inspección de Trabajo ha llevado a cabo tres investigaciones a la plataforma de reparto en la ciudad, la primera donde se le aplicó una sanción por un polémico modelo laboral que ahora se aviene a cambiar

Dos repartidores de Glovo por las calles de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA
Glovo ha anunciado a bombo y platillo su intención de empezar a contratar repartidores. Así se lo vienen exigiendo los tribunales y la Inspección de Trabajo desde hace más de seis años en lugares como Zaragoza, uno de los epicentros del cerco estrechado a la compañía por su controvertido modelo laboral. En esta ciudad fue donde se abrió, a mediados de 2017, la primera investigación en España a la plataforma de las mochilas amarillas. Desde entonces, se han regularizado un total de 3.132 repartidores de la capital aragonesa que ejercían de falsos autónomos en la compañía, por los que arrastra una deuda que supera los 16 millones de euros.
La autoridad laboral reclama esta cuantía a la empresa por cuotas impagadas al régimen general de la Seguridad Social y las sanciones aplicadas por la falta de alta y cotización de esos trabajadores, así como por obstruir la labor inspectora. Esta abultada factura es el resultado de tres investigaciones llevadas a cabo contra Glovo a lo largo de siete años, la última de ellas todavía en proceso de notificación, según los datos aportados a este diario desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Las dos primeras actuaciones, que abarcan desde octubre de 2016 a agosto de 2021, se saldaron con la solicitud de regularización de 1.483 repartidores -conocidos como riders- y un agujero económico de 8,6 millones de euros. De esta cifra, 5,4 millones corresponden a sanciones y 3,2 millones a las cotizaciones sociales exigidas a la empresa.
Un juez zaragozano sienta jurisprudencia
La primera acta de inspección se cerró a principios de 2018, siendo también la primera vez que se sancionaba a este operador en España por utilizar a trabajadores que no cumplían con la condición de autónomos. Esa actuación, adelantada en su día por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Inspección de Trabajo dictó una multa de cerca de 400.000 tras ocho meses de investigación a 326 riders (de julio de 2017 a marzo de 2018).
De estas inspecciones se derivaron sendos procesos judiciales con sucesivos fallos que fueron corroborando el criterio de la Inspección de Trabajo. Esto fue ratificado por el veredicto del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, que respaldó la laboralidad de los riders en una sentencia que sentó doctrina en la materia y cuyo ponente fue el magistrado zaragozano Juan Molins García-Atance.
La policía laboral ha desarrollado en Zaragoza una tercera investigación entre agosto de 2021 y julio de 2024. En este caso, se han detectado 1.649 falsos autónomos. Aunque las conclusiones finales de la actuación no han visto aún la luz, las actas de sanción y liquidación levantadas a la empresa se estima que superarán los 8 millones por el volumen de trabajadores afectados.
Actuaciones en Huesca y Teruel
A todas estas cifras hay que añadir otra intervención de menor entidad realizada por la ITSS en la ciudad de Huesca, que concluyó con 21 falsos autónomos, una infracción de casi 100.000 euros y un requerimiento de 36.704 euros por liquidaciones a la Seguridad Social. Y otra investigación en curso en Teruel.
En el conjunto de España, la maquinaria de la Inspección ha ido censurando y sancionando a la empresa por dichas prácticas. Un desafío que ya le ha costado más de 250 millones de euros en multas y requerimientos y a los que «en breve» se sumarán otros 500 millones más por la última macro investigación que última la autoridad laboral.
Unos 60.000 repartidores han trabajado como autónomos para Glovo desde 2021, según el Ministerio de Trabajo. Es una cifra acumulada en el tiempo. En la actualidad, la compañía asegura que cuenta con unos 15.000 riders. Glovo no ha querido precisar, a preguntas de este diario, cuántos de ellos son en Zaragoza, aunque no cabe duda de que es el líder local del reparto de comida a domicilio y de que el número de trabajadores se puede contar por varios cientos.
El cambio de modelo anunciado por Glovo es consecuencia de las actuaciones desarrolladas por la Inspección desde hace años, la obligación de cumplir con la reforma del Estatuto de los Trabajadores y, sobre todo, la amenaza del proceso penal en que está inmerso el fundador y CEO de la empresa, Óscar Pierre, según apuntan fuentes conocedoras del caso.
Cabe recordar que el Gobierno modificó el código penal precisamente para estos casos en los que una empresa impone y mantiene condiciones fraudulentas en contra de los requerimientos de la ITSS. No obstante, la empresa no ha reconocido las situaciones anteriores ni ha pagado las actas de infracción y de liquidación de cuotas practicadas. Y están pendientes aún las últimas que cubren el periodo hasta mediados de este año.
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