Sánchez reclama a la patronal que vuelva a negociar la reducción de jornada una semana después de que Díaz cerrara las conversaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la patronal CEOE que vuelva a sentarse a negociar con el Ejecutivo y los sindicatos una ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Lo ha hecho este martes, durante el congreso de la UGT que se está celebrando estos días en Barcelona, y cinco días después de que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decidiera dar por concluidas las conversaciones con los empresarios, al entender que el acuerdo con ellos era imposible.

"Nos queda pendiente la reducción de la jornada laboral y pido a la patronal que se siente con los sindicatos y el Gobierno para que esta legislatura la tengamos en marcha", ha afirmado el líder del Ejecutivo. Sánchez tiende a los empresarios la mano una vez que desde su socio de Gobierno ya les dan por perdidos tras 11 meses de negociaciones y la reiterada negativa de los patronos a hablar de una competencia que, consideran, que es exclusiva de la negociación entre ellos y los sindicatos.

"No parece de recibo que 11 meses después, sin un solo papel encima de la mesa, sin ninguna contrapropuesta, ahora el argumento final es que solo la negociación colectiva puede reducir la jornada. Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo. Hasta aquí ha llegado esta mesa", afirmó el jueves pasado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión sobre la materia con los empresarios.

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La visión que ha compartido Sánchez desde el congreso de la UGT difiere así de su socio, que ya ve las conversaciones con la CEOE como una pantalla pasada y piensa en la aritmética del Congreso de los Diputados. "¿Van a hacer lo mismo con la reducción de la jornada que con la reforma laboral?", le retó Yolanda Díaz a Alberto Núñez Feijóo en la misma sala un día antes.

La vicepresidenta segunda ha quitado pocos minutos después hierro a las palabras del presidente y ha negado diferencias de criterio. "El presidente del Gobierno lo que quiso decir es que esta es la medida que ya arranca, el Gobierno está en su conjunto está volcado en ello y es lo que la ciudadanía está esperando", ha afirmado en rueda de prensa.

Una semana después de que el Gobierno logrará acordar con sus socios de investidura el paquete fiscal que da oxígeno a la legislatura, Sánchez ha aprovechado su comparecencia para reiterar su compromiso con el mismo. "No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal. Vamos a seguir reivindicando el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas", ha afirmado. Este jueves está previsto que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario y este podría aprobar dicho paquete fiscal.

Nueva ley de participación institucional

Sánchez y Pepe Álvarez se han alabado mutuamente durante el segundo día del congreso 'ugetista', destacando la colaboración para sacar adelante reformas como la laboral o la de pensiones. Una serie de cambios normativos durante los últimos seis años, -"nunca en tan poco tiempo se había hecho tanto", ha dicho el sindicalista- como la ley de igualdad, la 'ley Rider' o la de teletrabajo, que implican una mayor implicación y acción sindical. A cambio, Álvarez le ha reclamado al presidente del Gobierno más financiación.

"Tenemos una deuda desde el año 1978, vivimos en un país que el Estado nos reclama trabajos y más trabajos, pero que estos los pagan nuestros afiliados solo con su cuota. Quiero hoy reiterarte lo que te he dicho tantas veces, es uno de los motivos para los que me he presentado a la reelección, el Estado debe retribuir a las organizaciones sindicales", ha afirmado el secretario general de UGT.

Sánchez le ha recogido, en parte, el guante. "Como bien decía Pepe, nos queda lo más importante y es aprobar en esta legislatura una ley de participación institucional que reconozca el trabajo y la importancia para la estabilidad y la paz social de los agentes sociales", ha declarado.

Actualmente la legislación española ya reconoce una financiación pública a las organizaciones sindicales, que representa una parte minoritaria de su presupuesto como organizaciones. En 2023, último dato disponible del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el Gobierno destinó un total de 16,98 millones de euros a transferencias directas a todos los sindicatos con representación (y que no renunciaran a la misma).

De este presupuesto total, UGT recibió 5,8 millones de euros; en proporción a su peso en el conjunto de delegados sindicales que se eligen periódicamente en las empresas y administraciones públicas. CCOO, el otro gran sindicato en España, recibió 6,4 millones de euros.