Repsol congela dos inversiones millonarias en Tarragona por el impuesto a las energéticas

Tarragona aguanta la respiración ante la amenaza de Repsol de retirar las inversiones milmillonarias previstas en Cataluña si el impuesto del Gobierno central a las energéticas acaba siendo permanente. La multinacional española ha hecho este anuncio después de saber la intención del ejecutivo español de convertir en continuo un impuesto que nació a finales de 2022 con la voluntad de ser temporal. Sin embargo, la prórroga que ha permitido el Congreso de los Diputados da un poco de aire al Gobierno y a los partidos para pactar el proyecto de ley. Junts ya ha anunciado que no apoyará al ejecutivo en la votación, por lo que ahora todo depende de las negociaciones que abra el Gobierno con los otros partidos.

El impuesto a la banca y las energéticas, conocido como el 'impuestazo', con una caducidad prevista del 31 de diciembre de este año, ha puesto en peligro las dos inversiones que Repsol tenía previsto hacer en el Polígono Químico Norte de Tarragona, valoradas en 1.100 millones de euros en total. Se trata de la construcción de una ecoplanta para producir metanol y bimetanol renovable a partir de residuos no reciclables, presupuestada en 800 millones de euros, y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta, con 150 MW de capacidad y 300 millones de euros.

"Si se penaliza a las empresas que apuestan por España, invierten en el país, crean riqueza, puestos de trabajo y no nos dejan competir en igualdad de condiciones, paralizaremos nuestras inversiones", han asegurado fuentes de Repsol. La multinacional sostiene que este impuesto a las empresas energéticas "reduce" la rentabilidad de las inversiones y "penaliza" el esfuerzo necesario para la transformación y descarbonización de sus complejos industriales hasta el punto de ponerlos "en peligro".

En esta línea, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha arremetido contra la decisión del Gobierno de hacer permanente el impuesto al sector energético y la banca al que ha calificado de "populismo fiscal" que compromete el futuro de España. La multinacional siempre ha defendido que el gravamen temporal es "arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio", y ahora, además, apunta que antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizarán "si las condiciones son estables y atractivas para garantizar los retornos de esas inversiones".

La oposición de Junts

Ante la amenaza de Repsol de retirar la inversión milmillonaria en Tarragona, la mesa del Congreso de los Diputados ha pactado este martes una prórroga de una semana para pactar el proyecto de ley del impuesto, que permitirá a los partidos la presentación de enmiendas. Según ha avanzado el Diari de Tarragona, el período se ha alargado hasta el miércoles 30 de octubre, aunque el proceso podría prolongarse hasta un mes antes de llegar al debate final.

Quién ya ha retirado el apoyo al gobierno en esta cuestión es Junts, que ha afirmado que no votará a favor de hacer permanente el 'impuestazo'. El partido de Carles Puigdemont, a través de su grupo parlamentario, ya está en conversaciones con el Ministerio de Economía: con la formulación actual, el impuesto a las eléctricas y a la banca se extinguirá a finales de año y Junts no apoyará una enmienda, que sí que está pactada entre el Gobierno y Sumar, para hacerlo permanente.

Si las negociaciones de Junts con el Gobierno no dan sus frutos, el ejecutivo tendrá que buscar los apoyos en otros partidos, como el Partido Popular o Vox, para que sus enmiendas al proyecto de ley sean aprobadas, y el 'impuestazo' temporal, sea definitivo.