Cuerva (Cepyme): "Nosotros queremos que la gente trabaje; el Gobierno, que la gente esté subsidiada"

El pasado lunes, Gerardo Cuerva Valdivia (Granada, 1971), presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), acudió a Asturias para participar en una jornada en el Club LA NUEVA ESPAÑA y reunirse con empresarios locales. Muy crítico con la política económica del Gobierno español, el representante de las pymes (que en el Principado representan el 99% del tejido económico) se encuentra últimamente enfrascado en un asunto peliagudo: la reducción de la jornada laboral, que el Ejecutivo quiere rebajar a las 37,5 horas semanales a partir del año que viene.

Las pymes españolas captan casi un 5% menos de crédito que en 2019

–¿Por qué están en contra de la reducción de jornada?

–Para responder, tenemos que ir a la génesis de lo que ha ocurrido. En 2022, hace más de dos años, los agentes sociales y el Gobierno llegamos al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que jamás se habló de la obligatoriedad o necesidad de reducir la jornada. Durante los últimos 45 años, si se ha negociado algo importante en el seno de la negociación colectiva ha sido la duración de la jornada. De hecho, este aspecto ha ido transitando en función de las situaciones de cada sector y cada territorio. Si se analizan todos los convenios colectivos, la jornada media está en 38,3 horas por semana, y en el caso de los convenios de empresa, en 37,2 horas. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? ¿Qué premura es la que ha llevado a que ni siquiera los que estábamos en las negociaciones nos hemos enterado de esa necesidad de reducir la jornada? ¿Es que los sindicalistas que han estado en todas las negociaciones de los convenios de los últimos 45 años han sido unos torpes que nunca habían reparado en esta necesidad que ahora parece tan urgente?

–¿Y cómo se responde a esas preguntas?

–Pues no es fácil. Creo que esta medida se debe a una ocurrencia electoralista, cortoplacista y populista cuyo objetivo es la búsqueda de votos y adeptos. El Gobierno quiere fijar la jornada en 37,5 horas por semana. Lo que nosotros decimos es: ¿por qué 37,5 horas? ¿Cuál es la base para acreditar que esas horas son las que traerían una serie de beneficios? Esa decisión tan importante, ¿trae consigo una memoria económica asociada? ¿Quién ha estudiado eso? Pues absolutamente nadie. Además, ningún convenio colectivo se rige por la jornada semanal, sino por la anual. Con esta medida, se ha generado en la sociedad una necesidad y una expectativa que no existían.

–Si ustedes consideran que el Ejecutivo tiene una propuesta de máximos, ¿ustedes responderán con otra posición de máximos?

–El problema es que esa propuesta no admite negociación alguna. Es una imposición del Gobierno (en concreto, de una parte del Gobierno que ha acabado haciendo suya el presidente Sánchez) que es como las lentejas: o las tomas o las dejas. ¿Qué negociación es esa en la que el resultado ya está escrito encima de la mesa? No es negociación alguna. Cosa diferente es lo que nosotros proponíamos: ¿ustedes quieren que la jornada sea de 37,5 horas por semana? Bueno, pues veamos qué tipo de incentivos o asideros podemos explorar para que, en la negociación del AENC, se transitara hacia ese escenario. Pero no ha sido así. Lo que ha sucedido, insisto, es una imposición. Y en las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo para tratar este asunto, han sido totalmente intransigentes hacia cualquiera de nuestras propuestas.

–Ha dicho que los sindicatos no habían sacado nunca este tema en las negociaciones colectivas. Sin embargo, ahora reclaman esta reducción de jornada.

–Sin duda. Han elevado la apuesta y se han apuntado al "y yo, dos huevos duros más". Lo que está pasando con este episodio es que el Gobierno está ocupando el lugar de los sindicatos. Y esto está derivando en un claro intervencionismo del sistema económico. En este caso de la reducción de jornada, imponer esta medida a todos los tamaños de empresa es ignorar que las pequeñas son mucho menos productivas. La pyme será la más afectada por y le supondrá un sobrecoste estructural difícil de asumir, sobre todo tras las elevadas y continuadas subidas de costes de los últimos años.

–Otro de los asuntos que más preocupan a las empresas, tanto en Asturias como en toda España, es la dificultad para encontrar personal.

–Hay varios factores que contribuyen a ese fenómeno, como el envejecimiento de la población o la falta de formación. Pero llega un momento en que esos no son suficientes para explicar lo que pasa. En un país con más de 3 millones de parados (más los fijos discontinuos que no están trabajando y que no se contabilizan como desempleados), ¿cómo es posible que no encontremos mano de obra?

–Y, de nuevo, ¿qué se responde?

–Las pymes utilizan mucho como herramienta de captación el Servicio Público de Empleo (Sepe), pero es que la tasa de éxito de colocación no llega ni al 3%. Aquí hay algo que no está funcionando. Las políticas de empleo y las políticas sociales están desacopladas. Pero el problema más grave es que hay un Gobierno que cree que el futuro del país pasa antes por el subsidio que por la empleabilidad. Ése es el gran caballo de batalla. A mí me preocupa mucho que el lema del Ejecutivo sea la búsqueda del subsidio, porque ese es un país sin futuro.

–¿Por qué habría el Gobierno de fomentar esa dinámica?

–Por lo que decía anteriormente: transmitir unos mensajes populistas, electoralistas y demagógicos. Por ejemplo, de cara a la reforma del Sepe, nosotros pedíamos un análisis de los procesos de empleabilidad para buscar una respuesta a esa tasa de éxito inferior al 3%. Y desde el Gobierno decían que no, que lo importante era la cuantía última del subsidio. Eso deja claro que tenemos objetivos diferentes: nosotros buscamos que la gente encuentre trabajo, y el Gobierno, que la gente esté subsidiada. El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya ha dicho que el Sepe no está funcionando, que algo hay que hacer cuando a una persona se le ofrece un trabajo hasta dos y tres veces, y lo rechaza.

–En este debate, algunos replican a los empresarios con la ya famosa frase de Joe Biden: "Pagadles más".

–Pero es que eso tiene una directa relación con otro asunto clave: el tamaño de las empresas. Las grandes empresas tienen mejores sueldos, son más competitivas, tienen más acceso a financiación, innovan más... Las pequeñas, por el contrario, tienen salarios menores, no innovan tanto, no pueden digitalizarse tanto, les cuesta más acceder al crédito... Por lo tanto, uno de los caballos de batalla que deberíamos tener en este país es intentar incrementar el tamaño de la empresa, y eso no está ocurriendo. Lo que no vale es, con el tamaño que tenemos, querer los sueldos de las grandes compañías. El Gobierno siempre coge el atajo, el camino fácil. Hablan de tener mejores salarios, pero no mejores empresas ni más productividad. Y llevamos seis trimestres consecutivos de caída de productividad.

–Pedro Sánchez dice que la economía va "como un cohete".

–La economía sí va como un cohete en el sentido de que estamos quemando todo lo que tenemos. El carburante del cohete está ardiendo a tope, sin duda. Tenemos un déficit y una deuda pública desmesurados. Esto me hace pensar en la fábula de la cigarra y la hormiga, en la que la primera se dedica todo el día a cantar mientras la segunda trabaja para aprovisionarse para el invierno. En España estamos como la cigarra, quemándolo todo. Si nos va tan bien, sería mejor reservar algo para cuando vengan mal dadas.

–¿Pero nos va bien o no?

–Si nos va tan bien como dice el Gobierno es porque estamos con un gasto público exagerado y con el impulso de los fondos europeos. ¿Quién está sosteniendo el crecimiento del PIB? El gasto público y el turismo. Pero miremos otros sectores como la industria, el comercio, la agricultura... ¿Dónde está el cohete?

–¿Cómo ve Asturias?

–Asturias es un paraíso, una gota en el desierto, sobre todo desde que el clima aquí es más favorable, lo que ha impulsado el turismo. Pero la región no debería renunciar a su historia industrial, y es de justicia que los asturianos reivindiquen la mejora de las infraestructuras.