El Gobierno enviará a Bruselas un plan para reducir a la mitad el déficit en cuatro años

El Gobierno ha enviado este martes a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo, para el periodo 2025-2028, que exigen las nuevas reglas fiscales aprobadas el pasado 30 de abril por el Parlamento Europeo. En este plan, el Gobierno se compromete a reducir el déficit público a prácticamente la mitad en cuatro años -desde el 3% del PIB previsto para este 2024 hasta el 1,6% en 2028- y a dejarlo en el 0,8% en 2031. 

1.-¿Qué es el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo?

La obligación que tienen los países de presentar este documento este año no más tarde del 15 de octubre nace de las nuevas reglas fiscales de la UE aprobadas el 30 de abril y tiene por objeto fundamental garantizar una senda gradual y realista de reducción de la deuda pública cuando esta se sitúe por encima del 60% del PIB. Cada país debe acordar con las instituciones europeas un plan de ajuste a cuatro años del llamado 'gasto primario neto' (para el periodo 2025-2028) que garantice dos cuestiones. Primera: que el déficit se sitúe (o mantenga) por debajo del 3% del PIB. Segunda: una corrección de la deuda pública que debería continuar su cuesta abajo durante los 10 años posteriores al periodo del plan (hasta 2038) aunque no se adoptaran nuevos ajustes. El ajuste resultante podrá aplicarse a lo largo de un plazo mayor, de siete años, si en el plan se asumen determinados compromisos de inversión y reformas, como las que se derivan del Plan de Recuperación en el caso de España.

2.-¿Qué es el 'gasto primario neto'?

Es el concepto que, a partir de ahora, servirá de guía en las reglas fiscales europeas. Los objetivos anuales ya no se fijarán en términos de una meta de déficit público. A partir de ahora habrá que cumplir con el objetivo de que el 'gasto primario neto' no crezca por encima de la tasa que se pacte con la Comisión Europea. En concreto, el 'gasto primario neto' es fruto de un complejo cálculo al que se llega descontando del gasto público total las siguientes partidas: intereses de la deuda pública, las medidas discrecionales de subidas o bajadas de impuestos, el gasto nacional en programas cofinanciados por la UE, el gasto cíclico en desempleo (en momentos de crisis) y las medidas puntuales y de carácter temporal.

Según el Plan presentado a Bruselas por el Gobierno, el ‘gasto primario neto de medidas fiscales’ debe crecer a un promedio del 3% en cada uno de los siete próximos años. El crecimiento será mayor en los primeros años (el 3,7% en 2025; el 3,5% en 2026 y 3,2% en 2027); en los años 2028 y 2029 será del 3% y en los dos últimos será algo inferior (2,5% en 2030 y 2,4% en 2031). Ahora bien, si se adoptan subidas de impuestos adicionales, el gasto podrá ser más elevado (en igual proporción).

En la práctica, el Plan Fiscal Estructural servirá de paraguas dentro del que tendrán que encajar los Presupuestos de 2025 (cuya presentación ha sido demorada por el Gobierno) y los de cada uno de los años siguientes. Si un año el gasto crece por encima de lo marcado, la desviación se apuntará en una 'cuenta' y deberá ser compensada en el periodo restante.

3.-¿Habrá recorte del gasto público?

En principio, sí. En términos globales el gasto público seguirá creciendo cada uno de los próximos años (en un promedio del 3%). Pero para poder encajar dentro de ese techo de gasto el peso creciente de partidas vinculadas al envejecimiento de la población (pensiones, sanidad y dependencia) será preciso practicar ajustes en otras partidas. A no ser que se produzcan nuevas subidas de impuestos. Si es así, el gasto sí podrá permitirse una mayor tasa de crecimiento.

Ya sea por la vía de ingresos o de gastos, el Plan Fiscal y Estructural prevé que será necesario un ajuste anual equivalente al 0,4% del PIB (unos 6.000 millones de hoy) en cada uno de los siete próximos ejercicios para poder hacer compatible que el gasto no crezca por encima de lo previsto con la subida de las pensiones. Este ajuste es similar al que ya había estimado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Airef había calculado que las nuevas reglas fiscales abocaban a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas españolas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024); o bien a un ajuste anual del 0,43% del PIB si se repartía en siete años, según cálculos compartidos, en líneas generales, por el Banco de España y, ahora, por el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno.

4.-¿Qué países están obligados a presentar un plan?

La obligación afecta a todos los estados miembros con un déficit superior al 3% del PIB o con una deuda pública por encima del 60% del PIB. Un total de 13 de los 27 países de la UE cerraron 2023 con una deuda superior al 60% del PIB en 2023 con Grecia, Italia, Francia, España y Bélgica en cabeza, con tasas por encima del 100% del PIB. Además hay otros seis países que, aunque tienen una deuda por debajo del 60%, anotaron el año pasado un déficit por encima del 3% del PIB. Así, sólo Países Bajos, Irlanda, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y Bulgaria quedan fuera de la obligación de presentar un Plan Estructural a medio plazo. En todo caso, las nuevas reglas fiscales van más allá. Ahora se fija una nueva referencia de déficit del 1,5% del PIB, para los países que ya lo tengan por debajo del 3% del PIB, pero con una deuda por encima del 60% del PIB.

5.- ¿Qué pasa si no se cumple lo pactado?

La reforma de las reglas fiscales incorpora un esquema de sanciones, pero este será diferente al que regía hasta ahora. Habrá sanciones económicas, pero no tan elevadas como las anteriores con el fin de que puedan llegar a ser efectivas y aplicables. En el caso de que un país se desvíe de la senda de ajuste fiscal pactada con la UE, la sanción inicial será del 0,05% del PIB. Esta cantidad irá en aumento cada seis meses -y abonada cada seis meses- hasta que el Estado miembro en cuestión adopte medidas correctivas efectivas. Las nuevas reglas fiscales eliminan el tope máximo del 0,5% del PIB que existía con anterioridad para el caso de multas acumuladas. Con la decisión de eliminar este límite se permite reforzar la disciplina. También habrá sanciones reputacionales, como por ejemplo, la comparecencia de los jefes de gobierno ante el Parlamento Europeo.