El Gobierno prepara reformas legales para reactivar el autoconsumo sin dar ayudas masivas

El autoconsumo está ralentizando su despliegue tras el boom de los últimos años. La instalación de paneles solares en hogares y empresas se desbocó hasta máximos históricos en 2022 en plena crisis energética por los altos precios de la electricidad y el reparto de ayudas públicas, ya empezó a desinflarse claramente en 2023 y este año se encamina hacia un nuevo descenso. El sector de las renovables venía reclamando reformas regulatorias profundas y rebajas fiscales para evitar nuevas caídas y reactivar de nuevo el negocio.

El Gobierno responde a la inquietud del sector y prepara reformas legales para reimpulsar la actividad, con el objetivo fundamental de dar un empujón al autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas, fórmulas en las que varios consumidores comparten una misma planta. "Se considera que el contexto actual del autoconsumo es distinto al existente en 2018 y 2019 cuando se elaboró el marco normativo actual, por lo que puede ser conveniente una actualización de este marco", explica el Ministerio para la Transición Ecológica en la documentación oficial de la consulta pública previa con la que pide propuestas de reformas al sector.

"El impulso del autoconsumo colectivo fue una de las innovaciones clave desplegado por este marco, permitiendo optimizar la generación renovable y su consumo de proximidad y suponiendo una base importante para el impulso de comunidades energéticas y proyectos con participación de la ciudadanía, entidades públicas y el tejido de PYME. Dado el elevado potencial de esta modalidad, se pretenden identificar mejoras de procedimiento y administrativas que faciliten su mayor despliegue", se apunta en la presentación del proceso de participación pública, que ha sido desvelado por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, durante su intervención en el foro anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que se celebra esta semana en Madrid. “La norma que se pretende elaborar actualizará las bases regulatorias del autoconsumo, buscando mejorar los procedimientos, aprovechando el aprendizaje del despliegue en estos años y dando respuesta a casuísticas que se hayan detectado en este tiempo que no estuvieran adecuadamente cubiertas en el marco normativo”, apunta el Ministerio.

El sector renovable advierte de que, con el ritmo actual de despliegue y sin reformas legales necesarias, no podrán cumplirse los objetivos de llegar a 19.000 MW de autoconsumo operativos en 2030 que recoge el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta de expansión renovable y metas ambientales hasta final de la década. A falta de datos oficiales, el sector calcula que actualmente están operativos en torno a 7.000 MW, algo más de un tercio del objetivo para dentro de seis años. Y por eso reclama rebajas fiscales y el fin de barreras regulatorias para frenar las caídas actuales y reanimar el autoconsumo.

Rebajas fiscales y menos barreras

El sector fotovoltaico lleva tiempo metiendo presión para pedir al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) incentivos impositivos para reactivar el despliegue de plantas de autoconsumo, como grandes desgravaciones fiscales a inversores particulares y también en el impuesto de sociedades a las empresas que opten por utilizar autoproducción energética, o exenciones del pago del IVA hasta un tipo del 0% en todos los equipos necesarios para las plantas, como ya se hace en otros países europeos.

Desde UNEF se ha venido reclamando también levantar otras barreras regulatorias para impulsar el autoconsumo. Entras las reformas legales técnicas que se reclaman para acabar con algunos obstáculos burocráticos figuran, entre otras, elevar de dos a cinco kilómetros la distancia a la que debe situarse una planta para poder ser considerada de autoconsumo; aliviar los permisos administrativos a todas las instalaciones de menos de 500 kilovatios (kW); ampliar de 150 a al menos 450 kWlas instalaciones con compensación administrativa simplificada; extender la exención de pedir permiso para conectarse a la red a plantas que inyecten menos de 15 kW a la red, no sólo aquellas con menos de 15 kW de potencia instalada; o rebajas de los peajes y los cargos para las plantas que instalen baterías y en las horas de mayor congestión en las redes.

Los instaladores de plantas fotovoltaicas también reclaman más transparencia en la gestión del acceso y conexión a las redes eléctricas, después de las sospechas de que las compañías distribuidoras de las grandes eléctricas favorecen a filiales de sus propios grupos empresariales frente a sus rivales. Por eso, desde UNEF se reclama mayor información sobre los planes de inversión de las grandes eléctricas en sus redes; información periódica de la capacidad disponible en los puntos de conexiones para poder solicitar el permiso de enganche; y homogeneidad en el modelo de solicitud de permisos de acceso entre todas las grandes eléctricas, limitando los plazos de entrega e impidiendo peticiones de “información superflua” que puedan retrasar la tramitación.

La ralentización se agrava

El histórico boom del autoconsumo eléctrico en España sigue desinflándose. El sector de las renovables se resigna a una nueva caída en el conjunto de este año del despliegue de nuevas instalaciones de paneles solares en hogares, acumulando dos ejercicios consecutivos a la baja tras el récord de 2022 por el fin de la crisis de precios energéticos y por el

España ha registrado en los últimos años una expansión histórica de nuevas instalaciones de autoconsumo eléctrico. En 2022 se registró un récord desbordado, cuando se instaló casi tanto autoconsumo como en toda la historia anterior (con casi 2.650 nuevos megavatios, MW), aupado por los precios disparados de la electricidad por la crisis energéticas y por los programas milmillonarios de subvenciones con fondos europeos.

En 2023 el despliegue siguió siendo alto (con unos 1.700 MW, según UNEF, o 1.900 MW, según la la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA), pero el crecimiento empezó a moderarse, sobre todo en el caso de las placas solares en viviendas, debido la normalización de los precios de la electricidad y también por el retraso en el reparto de las ayudas. Una tendencia de ralentización que continúa.

En la primera mitad de este año se han instalado en España algo menos de 730 MW de autoconsumo, según las estimaciones que maneja UNEF. Los datos muestran un debilitamiento del despliegue, con un descenso del 15% en relación al ritmo de instalación del año pasado (unos 850 MW en el semestre) y un 45% menos que en el ‘boom’ de 2022 (con unos 1.325 MW a mitad de año), aunque las variaciones porcentuales están calculadas comparando con los ritmos medios de despliegue de años anteriores, al no existir datos oficiales por trimestres y sólo haber información concreta de nueva potencia de autoconsumo sobre años completos.

El fin de la crisis de precios en máximos del mercado de la electricidad (incluso ahora con momentos de derrumbe, disparándose las horas a cero euros y también marcando precios negativos) y el atasco en el reparto efectivo de las ayudas de fondos europeos en algunas comunidades autónomas y el casi agotamiento del presupuesto en otras regiones son, según la visión generalizada en el sector energético, los factores que siguen frenando al sector.

El fin de las ayudas masivas

El Gobierno ha destinado 1.552 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a subvenciones directas para las viviendas y las empresas que instalaban nuevas plantas de autoconsumo. Unos fondos que el Ministerio para la Transición Ecológica ha distribuido entre las comunidades autónomas, que son las que gestionan el reparto hasta el beneficiario final. Hasta ahora, los perceptores de las ayudas de manera efectiva algo más de la mitad del presupuesto asignado de media en todo el país. Pero es muy desigual efectividad entre comunidades autónomas hasta el momento: mientras que el País Vasco ha resuelto ya un 84% de todas las solicitudes recibidas, Extremadura sólo ha atendido de momento un 6%, según datos recopilados por el Ejecutivo central.

El aluvión de peticiones recibidas permite dar por hecho que una vez que se resuelvan las solicitudes ya formuladas y a la espera de gestionarse por las administraciones regionales, los fondos europeos destinados a subvencionar la autoproducción eléctrica en hogares y empresas se agotarán. Y el Gobierno central cierra la puerta a crear nuevos programas de ayudas masivas para incentivar de manera generalizada el autoconsumo, y ya sólo se pretende repartir subvenciones para algunas fórmulas de autoconsumo concretas o para colectivos de destinatarios específicos.