Las empresas que reduzcan sus accidentes laborales cobrarán un bonus a partir de 2025

Las empresas que reduzcan el número y gravedad de sus accidentes laborales podrán acceder a bonificaciones de hasta el 8% en las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por sus trabajadores. Alrededor de dos trabajadores mueren cada día en el trabajo en España, ratio que permanece con escasas variaciones desde hace años y que esta medida busca doblegar. La misma entrará en vigor a principios de 2025 y es una de las patas de la última reforma de las pensiones acordada con patronal y sindicatos, rubricada la semana pasada por Pedro Sánchez en los jardines de la Moncloa y parte de ella será remitida próximamente al Congreso para su trámite.

La recuperación de las ayudas para incentivar a las compañías a reducir su siniestralidad, una medida que ya estuvo en vigor durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, no obstante, no deberá ser aprobada por la cámara parlamentaria, ya que será validada por el Ejecutivo vía reglamento. Este se remitirá a audiencia pública para iniciar así sus trámites próximamente. 

El coste de las ayudas que estima el Gobierno oscila entre los 20 y los 40 millones de euros anuales, según fuentes consultadas del Ministerio liderado por Elma Saiz, y confían en que incentive buenas prácticas empresariales y disminuya los índices de siniestralidad. No obstante, desde el mismo departamento carecen de la estimación de cuántos accidentes laborales permitirá reducir la medida. 

En 2023, en toda España, se registraron un total de 624.911 accidentes laborales que causaron baja médica, entre los que destacan 4.706 accidentes graves y 721 mortales, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo.

¿Cómo funcionará el bonus?

A partir del primer trimestre de 2025 volverá a entrar en vigor una medida ya tuvo su recorrido hace unos años. La introdujo Zapatero en 2010 y en sus inicios representó un gasto de algo más de 20 millones de euros, que posteriormente escaló hasta una media de 40 millones anuales. En 2017, el PP la reformó para "agilizar y simplificar" el reconocimiento y reparto de las ayudas, lo que disparó el gasto hasta los 155,2 millones de euros y del mismo se beneficiaron 123.182 empresas. 

En base a este argumento, Pedro Sánchez, al poco de ganarle la moción de censura a Mariano Rajoy en la que sería su primera legislatura en solitario, suspendió en 2019 esta bonificación, que recupera ahora en un formato similar al original.  

Ahora el Ejecutivo creará un sistema de calificaciones que irá de la 'A' a la 'D', siendo 'A' la empresa más segura y 'D' la menos. Cada empresa la encuadrará en uno u otro nivel en función del número de siniestros y enfermedades profesionales que registre. Si de un año a otro mejora su calificación, tendrá una reducción de cuotas del 4%; si está en su categoría máxima y la mantiene, de un 8%.

No regirá la misma vara de medir para todos los sectores, entendiendo que ciertas actividades son más propensas a accidentes que otras. Cada año, "en caso de no superarse estos límites, la empresa mejorará un valor la clasificación o se mantendrá en la clasificación máxima", reza el texto. "Si se superasen los límites, se reducirá un valor en su clasificación o se mantendrá la clasificación mínima", añade el acuerdo firmado con los agentes sociales.

Recelos en el Congreso

Desde parte de la oposición no se ha visto con buenos ojos esta medida. Grupos como ERC criticaron que se pretenda dar dinero público a las compañías por lo que consideran es una de sus obligaciones básicas contemplada en la ley de prevención de riesgos laborales que toda empresa debe cumplir, como es velar por la seguridad de todos sus empleados. Desde Seguridad Social replican que ellos no lo conciben como una cuestión de gasto, sino de eficacia y revisarán o no a futuro la medida en función de los resultados que consiga.  

No obstante, esta parte de la reforma no necesita el permiso del Congreso y saldrá adelante vía reglamento. Las cuestiones relativas a jubilación activa y parcial sí que precisarán de un voto favorable en la cámara, donde, por el momento, el Ejecutivo todavía no ha iniciado sus trámites. 

Se da la paradoja que las medidas de la reforma que más recelo generan en los partidos del bloque de la investidura y que a día de hoy no aseguran su tramitación son aquellas que no se tramitarán vía Congreso, ya que pueden ser aprobadas por vía reglamentaria u orden ministerial. Es el caso del bonus de siniestralidad y el del refuerzo del rol de las mutuas en el tratamiento de los accidentes de origen traumatológico. 

La Seguridad Social pretende habilitar a las mutuas a dar tratamiento, pruebas y diagnóstico de trabajadores que, por ejemplo, se rompan una pierna en su tiempo libre. Si bien el alta y la baja seguirá dependiendo del facultativo de la pública. Su argumento es que ello desatascará las listas de espera en la sanidad pública y acelerará las recuperaciones, en beneficio del trabajador y de la empresa, que verá reducido su absentismo.

Si bien parte de los grupos ve en ello un riesgo de acelerar tratamientos no en pos del interés médico, sino económico. Ahora la Seguridad Social debe ir firmando los distintos protocolos de colaboración con cada una de las mutuas y hacia finales de año y principios del siguiente podría estar en vigor la medida.

Otro punto de la reforma que no acaba de convencer en parte del bloque de la investidura, especialmente a formaciones como EH Bildu o el BNG, pero que tampoco pasará por el Congreso, es el nuevo reglamento para reconocer oficios peligrosos y penosos. Dicho estatus permite anticipar la edad de jubilación sin perjuicio de la futura pensión. Esta cuestión también se aprobará por vía reglamentaria y la Seguridad Social prevé sacarla a audiencia pública entre esta semana y la que viene, con el objetivo de tenerlo en vigor a principios de 2025.