ENERGÍA

Moncloa no se resigna a dejar morir el impuesto a las energéticas: incluirá una reforma total en los PGE de 2025

El Gobierno no se rinde pese a las reticencias de PNV y Junts y buscará convertir en permanente el impuesto extraordinario a las grandes eléctricas, petroleras y gasistas.

Hacienda negociará con los grupos parlamentarios una reforma integral del gravamen que irá más allá de sólo permitir deducciones por inversiones verdes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

5
Se lee en minutos

Moncloa se resiste a dejar caer el impuesto temporal a las grandes energéticas que creó para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías generados por las subidas de precios durante la crisis energética, y cuya vigencia expira a final de este año. El Gobierno prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. La extensión del impuesto era uno de los puntos pactados entre PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno de coalición progresista.

El plan del Ejecutivo, incluido expresamente en el decreto ómnibus de final de año, pasaba cambiar el impuesto utilizando la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, pero finalmente renunció a presentar el proyecto legislativo por la imposibilidad de sacarlo adelante por la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Cataluña y las dificultades de sumar los apoyos de ERC y Junts en ese contexto.

Sin PGE para este año, el Gobierno tenía que utilizar otra norma con rango de ley si quería activar esa reforma del impuesto a las grandes energéticas y, además, debía encontrar apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla en un momento especialmente complicado para sumar mayorías en el Congreso.

Las reticencias de PNV (con quien pactó reformar el impuesto para incluir las deducciones por las inversiones verdes ya este mismo año) y de Junts para convertir en permanente el impuestazo complicaba la posibilidad de sacar adelante la reforma, y las voces anticipando que el gravamen se decaería sin más a final de año habían empezado a acumularse.

En los últimos días, la propia Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y también cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio, ha venido deslizando la posibilidad de dejar morir el impuesto a final de año, dadas las dificultades de contar con apoyos parlamentarios suficientes y en un contexto en que los beneficios de las grandes energéticas se van normalizado tras los récords históricos de años anteriores.

Usar los PGE de 2025

Sin embargo, el Gobierno no se resigna a dejarlo caer y está dispuesto a tratar de seguir con el plan de hacer permanente el impuesto a las energéticas. El nuevo plan del Ejecutivo pasa por negociar con los grupos parlamentarios una reforma total del impuesto, mucho más ambiciosa que simplemente incluir deducciones por inversiones verdes e incluyendo otros cambios y nuevos incentivos para impulsar aún más claramente la transición energética para sumar el respaldo político necesario, según confirman fuentes gubernamentales oficiales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una reforma impositiva que se incluirá en el proyecto de ley de PGE de 2025, que el Gobierno ya ha confirmado que presentará y que pretende aprobar en los próximos meses. Desde el Ejecutivo se reconoce que será complicado sumar el respaldo suficiente para convertir en permanente el impuesto.

El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En su primer año de vigencia las grandes energéticas abonaron 1.650 millones de euros por la nueva figura impositiva, y este año abonarán una cantidad algo inferior.

Las grandes energéticas y las patronales que las agrupan han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado, y también han amenazado con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario.

Sumar presiona

El acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar que permitió reeditar el gobierno de coalición progresista contemplaba mantener los impuestos sobre las grandes energéticas y la gran banca más allá de los dos años inicialmente previstos. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, indica el texto. Un plan que puso de inmediato en pie de guerra a las grandes energéticas ante la posibilidad de que el gravamen extraordinario se convirtiera en permanente.

Noticias relacionadas

Sumar aspira a retomar las negociaciones con el PSOE para elaborar los PGE de 2025 tras las elecciones europeas del 9 de junio y presionará por hacer permanente en las nuevas cuentas el impuesto extraordinario a las eléctricas. El socio minoritario del Gobierno se esfuerza estas semanas por marcar sus posiciones frente al ala socialista, y los Presupuestos del próximo año serán el marco perfecto para intentar materializar sus principales reivindicaciones, después de que Pedro Sánchez renunciase a tramitar las cuentas de este año por el adelanto electoral en Cataluña.

La Comisión Europea advirtió ya hace meses en un informe sobre las medidas extraordinarias adoptadas por los estados miembros para paliar los efectos de la crisis energética de que había cambiado el contexto de precios que había justificado su puesta en marcha. “Un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía” cuando Bruselas avaló la aplicación de medidas excepcionales en 2022. “El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023”, apuntaba la Comisión en ese informe, “y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios de 2022".