Mar
Bruselas rechaza medir el impacto de sus recortes a la flota antes de entrar en vigor
Silvia Bartolini, sobre el cierre a la pesca del 10% de aguas comunitarias: “No es preciso un informe previo, eso lo tendrán que hacer los Estados miembros” | La votación, pospuesta
Vista parcial de la proa de un palangrero gallego en aguas de Gran Sol. /
En octubre de 2022 la Comisión Europea ejecutó el cierre a la pesca de fondo en 87 zonas, con una extensión superior a los 16.500 kilómetros cuadrados, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos vulnerables (vulnerable marine ecosystems, VMS). Aquel reglamento entró en vigor pese tres enormes condicionantes en contra: equiparaba (y todavía lo hace) el arrastre con el palangre, los mapas tenían errores de batimetría –había polígonos afectados que no llegaban a los 400 metros de profundidad– y no se había evaluado previamente el impacto socioeconómico.
Los propios científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) asumían en su informe que no tenían datos del supuesto daño que causan las líneas de palangre en los fondos marinos, como desveló entonces Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica. Con todo, aquel veto entró en vigor y supuso un severo perjuicio para el sector. Pese a toda aquella contestación, tanto privada como científica, Bruselas persevera en la misma estrategia de aprobar decisiones de este calado sin una evaluación previa que estime los impactos socioeconómicos.
Lo sentenció este miércoles mismo la presidenta del grupo de expertos de la Comisión para la directiva sobre estrategia marina MSCG (Marine Strategy Coordination Group), Silvia Bartolini. Lo hizo en la reunión en la que estaba prevista la aprobación de una propuesta para cerrar a la pesca el 10% de las aguas comunitarias. “He escuchado cómo la mayoría de los Estados miembros aseguran que no están preparados para tomar una decisión y que necesitan más tiempo de debate y diálogo con los stakeholders”, apuntó en referencia al sector pesquero. “Pero no es necesario un informe de impacto, no lo es. Esto es un procedimiento científico”. Bartolini indicó que es cometido de los países esa evaluación, pero en todo caso posterior a la adopción de un dictamen de estas características.
Con todo, y aunque en la agenda se fijaba la votación de esta propuesta, finalmente quedó pospuesta para la próxima reunión del grupo de expertos, ya para el mes de octubre. Esto es, después de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, como reclamaba la asociación de armadores agrupada en torno a Europêche. En esa misma sesión quedó patente cómo los representantes de los Estados miembros incidían en la necesidad de un mayor debate.
Así lo defendió, por ejemplo, la representante del Gobierno español, Lucía Martínez. “No hay necesidad de tanta urgencia”, y solicitó retrasar el debate al año que viene. “Ese 10% no tiene en cuenta al sector de la pesca”, reprobó el representante portugués, que fue muy crítico con la equiparación de los aparejos de arrastre de fondo y palangre. “Ahora no estamos en posición de apoyar esto”. Sus homólogos de Francia, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Italia también expresaron sus críticas hacia una medida “discrecional”, “sin consenso político” o, precisamente, por “carecer de un informe de impacto socioeconómico”.
Del lado opuesto se mostraron los representantes de administraciones como la polaca o la letona, favorables a la medida. O el medioambientalista Nils Höglund, de la ONG Coalition Clean Baltic (CCB). “Dicen que no han tenido tiempo pero lo único que hacen es posponer este debate”, censuró. El sector, por su parte, aplaudió la decisión de retrasar la votación. “La Comisión Europea no puede utilizar un puerta trasera, como la implementación de objetivos mal definidos de una directiva de la UE, para adoptar medidas que tienen un impacto tan enorme en nuestros pescadores”, expuso el presidente de la alianza de armadoras de pesca de fondo EBFA, el vigués Iván López. “Esta prórroga aporta un tiempo valioso para continuar con los debates constructivos y tener en consideración a la comunidad pesquera para garantizar la producción sostenible de alimentos”, zanjó.
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