PENSIONES

La Seguridad Social rebaja a menos de la mitad el coste para los investigadores de cotizar por antiguas prácticas

Cotizar de forma retroactiva por cada mes en que universidades o empresas no lo hicieron costará entre 40 y 140 euros y no los 288 euros que había regulado el Gobierno

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

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Organizaciones sindicales y colectivos de investigadores dijeron un 'no' rotundo al Gobierno por la orden ministerial publicada por sorpresa el pasado 1 de mayo para facilitar la recuperación de periodos de prácticas o programas de formación investigadora como años cotizados y poder optar, así, a una mejor pensión de jubilación.

Este lunes, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha dado marcha atrás y ha puesto sobre la mesa una propuesta de negociación que, en la práctica, permite reducir, como mínimo a la mitad, el coste para los investigadores de cotizar de forma retroactiva por aquellos periodos en blanco. Si con la orden ministerial del 1 de mayo (que aún no ha entrado en vigor) 'costaba' 288,3 euros recuperar un mes de cotización, con el nuevo modelo costará entre 40 y 140 euros, dependiendo de la antigüedad de la laguna de cotización.

La razón fundamental es que, según la nueva propuesta de la Seguridad Social, para 'rescatar' las lagunas de cotización se tendrá en cuenta el salario mínimo interprofesional (SMI) que hubiera en aquel momento y no el de 2024, que se sitúa en 1.132 euros. "Es una rebaja importante", ha valorado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, tras reunirse en la Mesa de Diálogo Social con los representantes sindicales, que aún no han dado el visto bueno al conjunto de la propuesta que ha planteado el Gobierno, según han explicado Carlos Bravo (CCOO) y Cristina Estévez (UGT) al término del encuentro.

Desde finales de los años 80

El cambio, con todo, es sustancial. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayor parte de estas lagunas de cotización corresponden a prácticas realizadas desde finales de los años 80 hasta el 2006 (la mayoría de los contratos posteriores ya están regularizadas).

Con la orden ministerial del 1 de mayo (que debería entrar en vigor el 1 de junio, si una nueva reforma no lo impide), 'comprar' un mes de cotización antigua costaría 288,3 euros, independientemente de cuándo se hubiera producido esa laguna, pues siempre se toma como base el SMI de 2024.

Con la propuesta que ahora se ha puesto sobre la mesa, 'comprar' un mes de cotización costará entre 40 y 140 euros, que son los dos extremos que corresponderían a rescatar una mensualidad de finales de la década de 1980 o una mensualidad de 2006, según cálculos sindicales. Son, en todo caso cantidades entre un 86% y un 50% más pequeñas que la cuantía de 288,3 euros que resultaría de aplicar la orden ministerial que tanto enojó a organizaciones sindicales e investigadores.

Otro ejemplo: rescatar una mensualidad de 1997 costaría 101 euros, en lugar de la cantidad fija de 288,3 euros, según estimaciones de la Seguridad Social.

Otros cambios

Considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024, es solo una de los cuatro cambios fundamentales que el secretario de Estado ha puesto sobre la mesa de negociación para modificar la 'non nata' orden ministerial de 1 de mayo "por la que se regula la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social (...) por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas ha desatado la ira entre la comunidad científica".

Otra de las modificaciones afecta al periodo máximo de 5 años de cotización que ahora podría ser 'comprado' por investigadores que, en ocasiones, acumularon más de 10 años de contratos sin haber cotizado a la Seguridad Social en universidades públicas. Ahora la Seguridad Social se abre a que esos 5 años se puedan sumar a los 2 años que ya pudieron ser regularizados con cargo a una anterior normativa, de 2011 (siete años en total).

Suárez también ha explicado que se ampliará hasta diciembre de 2027 el plazo para presentar a la Seguridad Social la solicitud para acordar un convenio especial y que los pagos resultantes se podrán fraccionar a lo largo de un periodo de cinco años.

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El colectivo de investigadores había hecho llegar al Ministerio un documento con propuestas de acción. Las reivindicaciones principales de estas asociaciones eran: recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social; considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024 y que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador.

Esta última cuestión no forma parte de las nuevas propuestas que el Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa este lunes.