El sector de la vivienda, contundente contra el índice de precios de alquiler del Gobierno

El Gobierno ha presentado este martes el índice de referencia de precios de alquiler y, con él, se ha servido la polémica. El sector lleva posicionándose mayoritariamente en contra desde que se anunciara la medida a raíz de la aprobación, hace ya nueve meses, de la Ley de Vivienda. El índice se presenta como un mecanismo de control de precios de arrendamiento con el objetivo de rebajar los precios desorbitados del alquiler en España. Ofrece un rango de valores orientativo, como referencia, para fijar los contratos nuevos de alquiler. Los profesionales del sector advierten de que será contraproducente.

El portal inmobiliario pisos.com ha sido de los primeros en remarcar su posicionamiento en contra, "cuestionando la efectividad de esta medida". Su director de Estudios, Ferran Font, ha afirmado que "será un freno a la incorporación de nuevos inmuebles al mercado de alquiler que no estaban y que llevaban más de cinco años sin ser alquilados, básicamente porque tendrían que ir a dichos precios de referencia". Considera que hay demasiada diferencia entre los precios actuales y los referenciados. Así, los incentivos para que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado del alquiler "son muy reducidos".

Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) asegura que los esfuerzos del Gobierno en materia de vivienda están "mal orientados". La secretaria general de la asociación, Beatriz Toribio, afirma que es la falta de vivienda de alquiler la que tensiona los precios y que, ante este fenómeno, "la diferencia entre el precio de oferta y el precio final no puede ser tan dispar". Los usuarios "deben ser conscientes de que no es una foto real del mercado", insiste, y augura "conflicto" entre propietarios e inquilinos. Para respaldar su tesis, defiende la creación su propio Observatorio de la Vivienda, junto con la CEOE, que podrá "el foco no tanto en los precios, como en la oferta". Concluye que topar los precios lo único que produce es un freno en la oferta.

En la misma línea se posiciona el portal inmobiliario fotocasa, que entiende que es la falta de oferta la que impulsa los precios al alza. Y advierte de que se trata de "una medida intervencionista para los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta". Argumenta que los propietarios buscan la máxima rentabilidad posible y que, si se limita, se desincentiva que mantengan o introduzcan nuevos inmuebles en el mercado del alquiler, "en un momento en el que estamos bajo mínimos de stock de vivienda en renta".

El director de la consultora ACV Gestión Inmobiliaria, Iñaki Unsain, sostiene que serán las familias con menor capacidad adquisitiva las que tendrán más dificultades para acceder a la vivienda, porque la oferta disminuirá. "Estamos ante un error mayúsculo [...] Intervenir el mercado de la vivienda no solo no va a reducir los precios, sino que lo que va a provocar es que la gente desplazará sus inversiones a otras regiones y van a cambiar los tipos de contrato", pronostica.

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Los catedráticos Jose Garcia Montalvo y Josep Maria Raya, de la Universitat Pompeu Fabra, y el asesor de investigación de la Federal Reserve Bank of San Francisco, Joan Monras, han publicado recientemente un informe en el que también ponen en entredicho la medida. "El problema del alto precio de los alquileres en grandes ciudades es, seguramente, más un problema de falta de oferta dado el incremento de demanda, que de poder de mercado", argumentan.

El índice se impondrá sobre las zonas consideradas como tensionadas, que son aquellas en las que el coste medio del alquiler supone más del 30% de los ingresos medios de los hogares, en las que los precios hayan subido más de un 3% por encima del IPC. El indicador afectará a grandes tenedores (los que tienen más de cinco o diez viviendas, dependiendo de la Comunidad Autónoma), o a viviendas que lleven fuera del mercado de arrendamiento como vivienda habitual los últimos cinco años. Y serán las propias Comunidades Autónomas las que soliciten declarar zonas tensionadas. De momento, solo Catalunya lo ha pedido, y se aplicará el próximo 13 de marzo.