OPINIÓN
Agua en barcos, o la solidaridad hídrica entre regiones
El Ejecutivo español planteará que Barcelona reciba barcos cisterna llenos de agua procedente de la desalinizadora de Sagunt (Valencia), una infraestructura cuya gestión está en manos del Ministerio de Transición Ecológica a través de la empresa pública Acuamed
Llegada a Barcelona, en 2008, de barcos con agua procedente de Tarragona.
Catalunya, en estado de emergencia desde el viernes por la peor sequía del siglo, debate hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez cómo combatir la crisis hídrica que afecta ya a seis millones de catalanes. El Ejecutivo español planteará que Barcelona reciba barcos cisterna llenos de agua procedente de la desalinizadora de Sagunt (Valencia), una infraestructura cuya gestión está en manos del Ministerio de Transición Ecológica a través de la empresa pública Acuamed. La ministra Teresa Ribera ya ha comunicado el proyecto a Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, ante quien se ha comprometido a elevar la capacidad de la planta de Sagunt por encima del 15% para que el traslado a Barcelona no afecte a las necesidades hídricas de Valencia. Mazón, en un ejercicio de sensatez digno de alabar, ha respaldado a Ribera, declarándose a favor de la solidaridad hídrica entre regiones -él tiene intereses en el trasvase Tajo/Segura- y alejándose del ayusismo más frívolo. Lo ha hecho con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que ayer defendió «hacer más» por Catalunya.
Aunque esté por ver el coste de la medida y con cargo a qué presupuestos se financiará, enviar barcos desde Sagunt al Port de Barcelona, una infraestructura que ya se usó para un fin similar en 2008, es una buena decisión en caso de necesidad máxima. Lo es a pesar de que la desalinización, que en Catalunya fue impulsada por el tripartito de José Montilla pero que después no tuvo tanta continuidad, encarezca el precio del agua, consuma mucha energía y pueda suponer riesgos para el ecosistema marino si los residuos generados no se tratan adecuadamente. Otras medidas viables técnica y económicamente, como los trasvases, tienen un impacto social y territorial que casi nadie quiere asumir.
En todo caso, la colaboración entre todas las administraciones que ha asomado con esta iniciativa debe ser el modelo que impere en una crisis hídrica que obliga al sector público a realizar inversiones en infraestructuras, igual que la ciudadanía y el mundo económico deben hacer esfuerzos y sacrificios. La gestión de un recurso tan básico como el agua no es para menos.