Arcelor descarta el contrato-relevo y opta por un ERE para el recorte de 400 empleos, la mayoría en Asturias

La dirección de ArcelorMittal pretende acometer un recorte de 400 empleos como consecuencia de la próxima sustitución de la actual acería de Gijón por un horno eléctrico híbrido. El ajuste afectaría a trabajadores nacidos en 1963 y 1962 y se aplicaría en diversas plantas de España, aunque el grueso del recorte se producirá en la plantilla de Asturias. Así lo comunicó ayer la empresa en Etxebarri (Vizcaya) a los sindicatos integrantes de la mesa de empleo de la compañía siderúrgica.

La salida de personal nacido en 1962 mediante la fórmula de contrato-relevo es una demanda sindical, como ya se hizo con trabajadores nacidos con anterioridad a esa fecha. Sin embargo, la empresa rechaza mantener la vía del contrato-relevo porque entrañaría la contratación de personal sustitutorio, cuando la pretensión de la empresa es reducir su plantilla como consecuencia de la automatización y digitalización de los procesos que conllevarán las nuevas instalaciones verdes que proyecta para la descarbonización del proceso siderúrgico en su cabecera integral de Asturias.

La compañía planteó como alternativa al contrato-relevo la aplicación de un ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción de ayudas previas y otro con ayudas extraordinarias. Según ofreció la dirección de la multinacional, las condiciones económicas y sociales que se pactasen con los trabajadores que abandonasen la actividad podrían ser mejores que las que se han aplicado en las últimas oleadas de salida de personal mediante contrato-relevo y que garantizaba al menos el 85% del salario bruto del último año trabajado.

ArcelorMittal prevé suprimir 1.000 de sus 5.000 empleos directos en Asturias como consecuencia de la proyectada sustitución de la acería convencional de Gijón por un horno eléctrico híbrido y el remplazo de uno de los hornos altos por un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) mediante el uso de hidrógeno verde. Esta última actuación, que es la más cuantiosa de las dos proyectadas para la planta de Veriña (Gijón) por un importe conjunto de 1.000 millones de euros, está pendiente de ser aprobada por la multinacional pese a que el Gobierno español (previa autorización de la Comisión Europea) ya comprometió una subvención pública para esta instalación de 450 millones el pasado 4 de abril.

Por el contrario, la nueva acería de Gijón u horno eléctrico híbrido fue aprobada por el comité de inversiones de la multinacional en julio y esta semana la empresa anunció la contratación de la ingeniería para realizar el proyecto. La obra civil comenzará a ejecutarse en el próximo trimestre y el nuevo equipamiento empezará a producir acero bajo en emisiones de CO2 en el último trimestre de 2025, según el calendario previsto. El ajuste de 400 puestos de trabajo es, por tanto, la primera fase del recorte previsto a la espera de que se confirme la aprobación del DRI.

En el caso de Asturias, la medida se aplicará en diversos talleres e instalaciones, así como previsiblemente en el personal de estructura. La actual acería de Gijón ocupa a algo más de 300 personas.

UGT volvió a exigir hoy que se apruebe la planta DRI y, consideró "desproporcionado" que se vincule el ajuste de 400 empleos anunciado ayer a la sustitución de la acería. Este sindicato dijo que no será posible un acuerdo "mientras no se garantice un número determinado de contratos indefinidos para el personal eventual". Para este fin, el sindicato planteó la fórmula del contrato-relevo o 100 contrataciones indefinidas, lo que dejaría el recorte neto de plantilla en 300 puestos de trabajo.

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CC OO mantiene su exigencia de que se siga aplicando el contrato-relevo (la norma está vigente hasta el 31 de diciembre) y denunció que se pretenda "la pérdida" de esta fórmula y mantener "la eterna precariedad para la mayor parte de los eventuales". El sindicato agregó: "La planta DRI ni está ni se la espera".

Por otra parte, ayer se celebró en Asturias una nueva reunión negociadora del convenio colectivo para aplicar los pactos del VIII Acuerdo Marco, pactado el 22 de mayo.