Cuentas públicas

S&P asegura que "absorber" la deuda de Cataluña no altera el rating de España

La agencia de calificación apunta que su medición de la deuda de España ya engloba a la de las comunidades autónomas

Ve un problema en la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno y en su capacidad de sacar adelante medidas

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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, este martes en la reunión del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, este martes en la reunión del Govern. / EFE

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La agencia de calificación estadounidense S&P asegura en una nota que la "absorción" del 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña "no tendrá ningún impacto en las calificaciones crediticias soberanas de España (A/Estable/A-1)", ya que el rating de España engloba tanto el de Administración General del Estado como el de las comunidades autónomas.

"Durante las negociaciones para la formación de gobierno, el PSOE acordó absorber parte de la carga de la deuda de Cataluña. Si el nuevo Gobierno aprueba esta medida, podríamos ver al Estado proporcionar un alivio similar a otras autonomías", sostiene.

S&P hace hincapié en la fragilidad de los apoyos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y en la dificultad para sacar adelante proyectos de ley y reformas estructurales. "La composición heterogénea del apoyo parlamentario al Ejecutivo significa que cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podría bloquear la aprobación de leyes, incluso sobre políticas críticas que garantizan que la relación de la deuda sobre PIB disminuye", añaden.

Entre los retos a largo plazo que España debería acometer, S&P señala la reducción del déficit estructural de la Seguridad Social, la rebaja del paro y la implementación de reformas relacionadas con los fondos europeos.

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En opinión de la agencia de calificación, la primera prioridad del Gobierno entrante será aprobar el presupuesto de 2024. "Esto significará tomar decisiones difíciles sobre cómo eliminar gradualmente el costoso apoyo fiscal anticrisis que se aprobó en 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania", advierten.

"El Gobierno interino saliente presentó un proyecto de plan presupuestario para 2024 a la Comisión Europea en octubre, pero carecía la autoridad legal para finalizar la legislación presupuestaria. Sin embargo, la flexibilidad fiscal de España ya se ha visto limitada por las decisiones del Gobierno saliente. En particular, optó por revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación, lo que será costoso", remarcan.