Mejorar el clima empresarial, ajustar el déficit y aclarar la financiación autonómica: los grandes retos económicos

Una vez que Pedro Sánchez ha logrado su objetivo de volver a ser presidente del Gobierno, hay que apuntar el foco a los nuevos retos económicos que deberá afrontar desde el primer día. De todos ellos, que conforman una lista que podría no conseguirse en cuatro años de legislatura, sobresalen tres: mejorar el crispado clima empresarial; reducir el déficit como exigen las reglas fiscales que se imponen desde Bruselas y aclarar el modelo de financiación autonómica, enrarecido por la promesa de crear una suerte de cupo, como el vasco, para Cataluña.

Sin duda, el problema más acuciante es el déficit estructural y la deuda. La Comisión Europea desactivó el Pacto de Estabilidad durante la pandemia para que los países no tomasen medidas de ajuste en medio de un momento en el que debían hacer grandes desembolsos para evitar la recesión. El ajuste de cuentas volverá a la normalidad en 2024, previo acuerdo del eje franco-alemán. El objetivo es que las nuevas reglas fiscales enten en vigor en 2025, mientras que el 2024 se plantea como un año de transición, pero las referencias son las mismas que las incluidas en el Tratado de Maastricht (1992): una deuda pública que no supere el 60% del PIB y un déficit inferior al 3% del PIB.

Si un país supera el límite del 3% de déficit, como mínimo deberá acometer un ajuste anual del 0,5% del PIB en sus planes de ajuste a cuatro años. Con el nuevo esquema, los países con una deuda superior al 60% del PIB, como España, deberán diseñar un plan de ajuste a 4 años, ampliable a 7 años si se asumen determinados compromisos de inversiones y reformas. Asimismo, estos ajustes se definirán a partir de un techo de gasto que se determinará a partir de un porcentaje anual concreto de variación del gasto primario neto que no tenga en cuenta los intereses de la deuda pública ni el gasto cíclico en desempleo).

España cerró el 2022 con un déficit público del 4,8% del PIB y la previsión para 2023 es que cierre próximo al 3% en España, aunque podría descender aún más "si aumenta el IVA de las eléctricas", afirma José Carlos Diez, director de la cátedra Orfin Universidad Alcalá. Para acometer este reto "bastaría con contener el gasto, especialmente en pensiones y sanidad, las dos partidas que más crecen, y normalizar los tipos del IVA de la electricidad y el gas como nos recomendó el Consejo Europeo", resume.

El modelo de financiación autonómica es el segundo obstáculo a resolver. "Habrá que aclarar el sistema de financiación para evitar tensiones innecesarias", valora Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, unas tensiones que ya se notan entre el Gobierno central y el autonómico. Durante la investidura, el ahora presidente de España afirmó que "mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". La negociación se anticipa complicada: la falta de consenso político ha bloqueado durante nueve años su reforma y este año no promete mejorar por la presidencia del PP en 11 comunidades autónomas, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla. Según los últimos datos del Banco de España, Cataluña es la región que mantiene una mayor deuda con el Estado (71.852 millones de euros), mientras que la deuda de la Comunidad Valenciana asciende a 46.274 millones.

Además de la promesa de condonar parte de la deuda de Cataluña, unos 15.000 millones (un 20%), el problema añadido es que también se ha prometido crear una suerte de cupo, como el vasco, para Cataluña. La idea es que la autonomía recaude el 100% de sus ingresos tributarios, lo que ha desatado el temor a que golpee directamente al cuestionado sistema de solidaridad interregional.

Un tema que empezó a enquistarse durante la anterior legislatura y que continuará en los próximos cuatro años si no hay cambios sustanciales es el clima muy tensionado en el mundo empresarial. El acuerdo de amnistía y medidas concretas incluidas en los acuerdos entre el PSOE y Sumar, así como la posibilidad de un 'lawfare' (o supervisión política de los jueces, que algunos temen que acabe afectando a la separación de poderes, clave de un estado de Derecho) han levantado ampollas entre los empresarios. Ayer mismo, Vicente Boluda, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, denunció en el 7º acto de reivindicación del Corredor Mediterráneo la "deriva destructiva y divisiva a la que se nos está sometiendo a la sociedad civil en general y a los empresarios en particular" y reclamó someter el pacto de investidura a una consulta a la ciudadanía. Poco antes de comenzar el evento, el presidente de Mercadona, Juan Roig, aseguraba que si el problema de España lo tuviesen en Portugal, país donde se están expandiendo, "ralentizaríamos las inversiones".

"No es un ecosistema favorable para atraer inversiones y difícilmente se van a quedar aquí", argumenta María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Las empresas cada vez sufren más burocracia y fomenta "la reducción del tamaño de las empresas, que no invierten en innovación". A esto se suma la subida de las cotizaciones de los trabajadores, que se traduce en forma de salarios bajos y menos empleo en un momento en el que la falta de talento es más palpable que nunca. El resultado es una inseguridad jurídica, otras fuentes creen más acertado hablar de falta de certidumbre jurídica, que frena inversiones internas de las empresas y externas en territorio español. Hasta ahora, solo Repsol ha paralizado una inversión de 1.500 millones de euros en inversiones 'verdes'. "Muchas regulaciones frenan el crecimiento empresarial y hay una burocracia intervencionista que frena a las empresas", añade Fernández.

En el campo del empleo existen varias dificultades, pero el principal reto es el pleno empleo. España mantiene la tasa de paro más alta de la zona euro con un 11,84%, mientras que la cifra se reduce hasta el 6,4% en el caso de la eurozona y al 5,9% en el de la Unión Europea. El Gobierno ha declarado en varias ocasiones que esta será la legislatura del pleno empleo, un valor que para que se haga efectivo en España debería situarse alrededor del 7%. Se trata de una medida proclamada por Ejecutivos anteriores, como el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La última vez que se consiguió el pleno empleo efectivo en España fue en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. "No creo que sea el camino a seguir subir los costes de trabajo, no podemos autoengañarnos con los fijos discontinuos cuando tenemos la mayor cifra de paro de Europa", alega Pich. "Esa lógica de "pagan más los ricos" afecta a los trabajadores más cualificados", afirma Fernández. La reducción de jornada a 37,5 horas semanales es otro punto caliente por el problema de la productividad de España. Como solución, los expertos apuntan a invertir en todo aquello que revierta el dato de productividad, como mejorar la educación y la formación que ayude a los trabajadores a adaptarse a las necesidades del mercado laboral.

Los fondos europeos y su gestión serán otro gran reto para los próximos cuatro años "porque luego vendrán los controles comunitarios", asegura Pich. El Plan de Recuperación pretende movilizar un total de 163.000 millones de euros entre 2021 y 2026, más del 12% del PIB de España, a los que se unen otros 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales pertenecientes al marco financiero plurianual 2021-2027. A comienzos de octubre la Comisión Europea aprobó la Adenda del Plan de Recuperación para movilizar 83.000 millones de euros en préstamos de los fondos Next Generation EU. El poblema es que hasta ahora, la aplicación efectiva de este maná deja mucho que desear. Según la Comisión Europea, el Gobierno solo desembolsó unos 5.200 millones de los fondos europeos en 2022, equivalente a una quinta parte de lo presupuestado.

No hay que olvidarse del contexto mundial. Además de todos los retos nacionales, la economía española deberá enfrentarse a la ralentización del comercio mundial, síntoma directo del endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales y del conflicto abierto en Ucrania al que se ha sumado recientemente el recrudecimiento en Gaza. "El principal riesgo es que la crisis en Gaza se contagie a Irán, se cierre el estrecho de Ormuz y se restrinja el petróleo que hay en el mercado, como sucedió en 1979", señala Diez. Con la economía mundial tan débil, esto "provocaría una recesión y aumento de la inflación, con riesgo de nuevas subidas de tipos de los bancos centrales", sobre todo cuando las hipotecas están ya disparadas y el crédito de consumo está cayendo. Los tambores de recesión ya están resonando en la eurozona tras conocerse hace tres días que su PIB descendía un 0,1% por el retroceso de Alemania, y aunque la Comisión Europea ha estimado un crecimiento para España del 2,4% en 2023, ha alertado de su desaceleración de cara al año siguiente.