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Entrevista con el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Entrevista con el presidente de Pimec, Antoni Cañete. / ÁNGEL GARCÍA MARTOS

Como una cruzada describía esta semana en el Parlament el combate contra la morosidad el presidente de PimecAntoni Cañete que, su vez encabeza la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Tras más de dos décadas de lucha, normas sin el refuerzo de la penalidad y 900 días y 90 prórrogas parlamentarias en esta última etapa seguimos sin un régimen sancionador. Ha tenido que ser de nuevo la Comisión Europea la que, finalmente, anuncie algo que ha desatado las alegrías de pymes y autónomospagar a 30 días será la norma general, los intereses de demora serán de oficio y habrá sanciones.

Son palabras que a Cañete, que lleva años, primero como secretario general de Pimec y luego como presidente, le suenan a música celestial, pero sin abandonar la descofianza. Basta con mirar al pasado. La esperanza ha venido de Bruselas bajo el nombre de 'SME Relief Package'. En España queda mucho por hacer y, por ahora, con un Gobierno en funciones. Se avanza lentamente, cuando no es por un motivo es por otro.

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Y, mientras, esta mala práctica o lacra (empleen el calificativo que quieran) ha hecho que el 60% de los contratos entre grandes y pequeñas empresas, sus proveedoras, "sean ilegales", denunció Cañete en el Parlament. Y eso a pesar del gran volumen de producción legislativa que, por cierto, se incumple sin apenas consecuencias.

Para ir haciendo boca, Pimec propone al Govern que en Catalunya ejerza de pionero y pague directamente a ls subcontratas en los concursos públicos, tal como prevé la ley de contratos públicos, lo que impactaría en unos 3.000 millones de euros al año, el 50% de lo que licita anualmente la administración catalana. Al pasar de cobrar de 68 a 30 días, las pymes y autónomos empezarían a sortear uno de sus mayores problemas: que pagan en plazo legal pero cobran muy por encima de este. Pese a la liquidez proporcionada por el Banco Central Europeo (BCE) a las grandes compañías, la brecha ha crecido y hay unos 82.000 millones en facturas por encima del plazo legal. No es extraño que Cañete hable de cruzada.