El Gobierno prepara otra rebaja de tasas a las energéticas para llenar los almacenes de gas

El Gobierno prepara una nueva rebaja de las tasas que pagan las energéticas por usar los almacenes de gas, en un momento en que esas reservas se han convertido en un elemento clave para hacer frente al pulso de Moscú mientras continúa la guerra en Ucrania. La Unión Europea obliga a todos los estados miembros a tenerlos llenos por encima del 90% de cara al próximo invierno, para reducir la tradicional dependencia europea del gas ruso.

El Ejecutivo pretende aplicar una rebaja media del 4,9% de los diferentes cánones que los operadores pagan por inyectar, almacenar o extraer el gas en los almacenamientos subterráneos españoles a partir del próximo 1 de octubre y durante doce meses, según se recoge en la propuesta de orden ministerial sobre cargos del sistema gasista y que está ahora sometida a un proceso de audiencia pública.

“El coste del almacenamiento subterráneo es especialmente importante para los comercializadores de menor tamaño, ya que son los que necesitan en proporción a su cuota de mercado, una mayor capacidad de almacenamiento”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica en la documentación oficial en que recoge los porqués de su propuesta. “Un coste de almacenamiento más reducido contribuirá a facilitar la entrada en el mercado de nuevos comercializadores e incrementará la competencia del mercado de gas natural español”, defiende el departamento comandado por Teresa Ribera.

El escudo ‘antiPutin’

La Unión Europea busca garantizar la seguridad de suministro energético durante este invierno y los próximos y ha levantado un escudo para blindarse frente a Moscú que incluye la obligación para los estados miembros de ir llenando sus almacenes de gas. El plan ‘antiPutin’ diseñado por Bruselas contempla que cada país debe llegar al próximo 1 de noviembre con sus almacenes de gas por encima del 90% de su capacidad y seguir con esa cota el resto de inviernos hasta 2026.

El Gobierno ya ha estado tomando medidas para facilitar a las compañías gasistas el cumplimiento de estas exigencias de llenado y salvarles de un golpe millonario en sus cuentas. El Ejecutivo aprobó una exención para las compañías energéticas del pago del canon de los almacenamientos subterráneos hasta alcanzar las nuevas obligaciones tanto nacionales como comunitarias de elevar sus reservas de gas.

Esa exoneración parcial de los pagos estará vigente hasta marzo de 2024 sólo para el gas adicional que deberán inyectar las operadoras en los almacenes para superar el objetivo del 90% de su capacidad total. Para el resto de operaciones en los depósitos los grupos energéticos sí que deben abonar los cánones vigentes, ésos que el Gobierno ahora quiere aplicarles una rebaja entre octubre de este año y finales de septiembre del próximo (conocido como “año de gas 2024”, según la terminología del sector).

El Ejecutivo empezó a blindarse frente al pulso energético del Kremlin en los albores de la guerra de Ucrania, y ya a finales de marzo del pasado año -un mes después del inicio de la invasión militar- elevó las obligaciones de existencias de seguridad de los comercializadores de gas de 20 a 27,5 días de consumo firme. Las nuevas obligaciones de llenado de la UE para este año, hasta el 90% de los almacenes, he elevado ese nivel de existencias necesarias por encima de los 30 días de consumo.

Los almacenes españoles se encuentran hoy por hoy cerca de un lleno total. Los tres almacenes subterráneos tienen guardado actualmente más de 33.600 gigavatios hora (GWh) equivalentes de gas, lo que implica casi el 98,8% de su capacidad, según confirman los registros de Enagás, el operador del sistema gasista español, que actualiza estos datos diariamente. España consiguió ya a principios de mayo rebasar la cota del 90% de llenado de los almacenes, con seis meses de antelación respecto al plazo obligatorio marcado por Bruselas, y posteriormente ha seguido incrementando las reservas.

Subida de cargos

La propuesta de orden ministerial en la que trabaja el Gobierno también recoge un aumento de los cargos del sistema gasista que conllevará una ligera subida de la la parte regulada de la factura de gas de todos los consumidores españoles a partir del próximo 1 de octubre y durante los siguientes doce meses.

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El Ministerio para la Transición Ecológica plantea para el próximo año un incremento del 2,9% de los cargos de la factura, con los que se financia costes regulados del sistema como el pago de deuda por déficits pasados, la retribución al operador del mercado gasista o el sobrecoste en el suministro de territorios extrapeninsulares.

Igualmente, contempla trasladar a los consumidores unos cargos por un importe total de 11,08 millones de euros, apenas 300.000 euros más en todo el año a repartir entre los millones de clientes. El Ministerio, de hecho, esgrime que el “moderado incremento” de los cargos tendrá un impacto “muy pequeño” en la factura final de los consumidores, con una leve subida del 0,21% del recibo en el caso de los hogares y del 0,07% para los grandes consumidores industriales.