Garzón investiga a aerolíneas ‘low cost’ por cobrar por el equipaje de mano y por elegir asiento

El Gobierno abre una investigación a siete aerolíneas de bajo coste por presuntas irregularidades en su política de cobrar a sus pasajeros por los equipajes de mano y por elegir asiento en el avión, así como por cómo publicitan los precios de sus billetes en los grandes buscadores online. El Ministerio de Consumo, comandado por Alberto Garzón, lanza así un procedimiento que amenaza con sanciones que pueden acabar siendo millonarias para las compañías ‘low cost’ por prácticas que son comúnmente muy criticadas por los viajeros.

El Ministerio no ha hecho público el listado de compañías afectadas por la investigación, esgrimiendo la necesidad de prudencia por tratarse de un proceso recién iniciado. “Las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30% tanto dentro como fuera de Europa, por lo que tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros”, indica Consumo.

La asociación de consumidores Facua asegura, no obstante, que en los últimos años se han presentado denuncias por las prácticas ahora investigadas contra Ryanair, Vueling, easyJet, Volotea y Eurowings ante el Govern de Baleares, que se acabó inhibiendo para que fuera el Ministerio de Consumo quien lo analizara.

La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador investiga la posible ilegalidad de las prácticas de estas aerolíneas de cobrar sobrecostes por servicios que generalmente son necesarios, y en algunos casos imprescindibles, para los pasajeros que viajan. El Ejecutivo ha puesto el foco en el cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes.

“El Ministerio de Consumo, al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías ‘low cost’ son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo”, indican desde el departamento de Garzón.

Sin precio final en los buscadores

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En paralelo, el Ministerio también investiga si las compañías están desarrollando prácticas de competencia desleal al segmentar los precios para no mostrar claramente el importe de la tarifa final que debe pagar el pasajero, con el objetivo de obtener posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y en los comparadores de vuelos online

Desde el Ministerio de Consumo se advierte de que las conductas investigadas pueden acabar siendo consideradas infracciones graves que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE.