Podemos lleva al Congreso su ley para que Ferrovial y las empresas que cambien su sede de España devuelvan las ayudas públicas

El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes una proposición de ley de Unidas Podemos que quiere obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, a la que el grupo confederal acusa de practicar "piratería económica", según recoge la agencia Europa Press.

Esta propuesta, que se debatirá en el Pleno posterior a las elecciones autonómicas y municipales, establece que las compañías que sigan el ejemplo de Ferrovial, que recientemente trasladó su sede a Países Bajos, devuelvan los fondos públicos obtenidos en la última década con intereses de demora, y que incluso se puede reclamar la entrega de esos importes con carácter retroactivo.

Según explica Unidas Podemos en el texto, al que ha accedido Europa Press, la "deslocalización" de empresas a países con menores costes laborales fiscales o sociales es una "amenaza" para el sector industrial del país, sobre todo si han percibido ayudas estatales. Por tanto, el grupo confederal defiende que su propuesta busca "fortalecer la responsabilidad del Estado como emprendedor y vertebrador" de la actividad económica a través de los recursos públicos, así como "garantizar la continuidad" y "permanencia" de las compañías que reciban estos fondos.

Específicamente, considera una práctica de deslocalización a la que aspira a combatir su iniciativa el traslado de sede social o fiscal y plantea una modificación de la Ley que regula las subvenciones para incluir esta práctica como motivo para reclamar la devolución de estos importes en los diez años posteriores a la concesión de una concesión o de ayudas públicas.

YA HAY UN COMPROMISO PARA REGULARLO EN LA LEY DE INDUSTRIA

También detalla que el procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración y el plazo máximo para resolver el proceso será de un año, aunque admite la posibilidad de ampliarse o suspenderse en casos excepcionales pautados Ley que regula el procedimiento administrativo de las administraciones públicas.

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A falta de saber lo que ocurrirá en la votación, cabe recordar que Unidas Podemos, PSOE y EH Bildu llegaron a un acuerdo en el Congreso para evitar la deslocalización de empresas mediante la Ley de Industria, que según el nuevo titular del departamento, Héctor Gómez, se aprobaría en Consejo de Ministros este mismo mes.

Concretamente, a través de una proposición no de ley pactada entre las tres formaciones mencionadas se recogió el compromiso de que el proyecto de ley establezca las condiciones para recuperar las ayudas públicas y mantener los puestos de trabajo en casos de deslocalización.