INFRAESTRUCTURAS

Las grandes constructoras españolas facturan el 80% de su negocio en el exterior

  • Las concesiones y las infraestructuras internacionales generan la mayor parte de sus ingresos

Un edificio en obras.

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España es cantera de empresas mundiales de construcción, pero dejó de ser su primer destino hace décadas. Las grandes compañías españolas del sector (ACS, Acciona, FCC, Sacyr, Ferrovial, OHLA y Grupo San Jose) han destinado sus esfuerzos en el exterior: solo el 19,79% de su cifra de negocio acumulada en 2022 corresponde a su país de origen (13.903,99 millones de euros de los 70.270,6 millones totales). Ahora que se ha prácticamente cerrado el traslado de Ferrovial a Países Bajos y ningún accionista ha pedido el reembolso de su inversión por el mismo, cabe recordar que el caso de la constructora de la familia Del Pino no es único. Como en Ferrovial, el 80% de la facturación de las grandes constructoras españolas proviene de su negocio en el exterior. Su internacionalización se remonta a los años 70 y se acentuó con la posterior crisis inmobiliaria de 2008. A este fenómeno se suma el viraje de estas compañías hacia el negocio de las concesiones en otros países, principalmente por la ausencia de ellas en España, que aportan una mayor estabilidad y rentabilidad que el propio negocio de la construcción.

Si bien las constructoras españolas gozan de prestigio en el mundo, palidecen ante las firmas asiáticas y alguna europea. China copa las seis primeras posiciones del ránking mundial. Eso sí, con empresas pertenecientes al gobierno del país, con ingresos que oscilan entre los 293.194 millones de dólares facturados por la China State Construction Engineering Corp en 2021 y los 69.601 millones registrados por la Power Construction Corp of China en 2021. La primera firma europea es Vinci, que aún supera a ACS con una facturación de 58.437 millones de dólares.

La mayor constructora española en el mundo, ACS, ocupa el 12 puesto y consiguió una cifra de negocio de 33.615 millones de euros en 2022, de los cuales 3.025,35 millones fueron en España. Su destino predilecto es Estados Unidos, donde acumula el 56% de sus ventas, seguido de Australia (19%). Otros países donde la compañía de Florentino Pérez está presente es Canadá (6%) y Alemania (3%). En España se concentran el 9% de las ventas totales, que ascienden a 3.025,35 millones de euros. Sin embargo, el 4% de la construcción y el 11% de las concesiones tienen lugar en territorio español. Solo despunta en el sector servicios, donde acumula el 89% de las ventas, ya que el 11% proviene de otros países europeos. ACS se sirve de sus filiales Abertis e Iridium para gestionar las concesiones que engrosan su Ebitda, como las de Francia, México o Chile. En el caso de Abertis, es la compañía que gestiona la concesión de la Autopista Central en Santiago de Chile y de la AP-7 Tarragona-Francia.

Ferrovial, que aspira a impulsar su negocio internacional con el cambio de sede a Países Bajos, solo cuenta con el 18% de sus ventas en España, unos 1.359,18 millones de euros de los 7.551 millones obtenidos en 2022. Como ocurre en ACS, la mayor parte de sus ingresos son de Estados Unidos y Canadá (36%), seguido de Reino Unido (21%), Polonia (11%) y otros países del mundo. Su filial Cintra es la encargada de recibir ingresos de concesiones, sobre todo de Norteamérica. Algunos de los activos más relevantes son los cuatro aeropuertos británicos (Heatrow, Glasgow, Aberdeen y Southampton) o la Autopista LBJ en Dallas (Texas).

En el caso de Acciona, España es el segundo contribuidor de su cifra de negocio (17%) a mucha distancia del primero, Australia (34%). La empresa presidida por José Manuel Entrecanales ha facturado 1.903,15 millones de euros de los 11.195 millones registrados en 2022. Sus ingresos en concesiones han sido inferiores a los de 2021 debido a la desinversión de una cartera de activos en España, aunque los ingresos de esta rama de negocio provienen sobre todo de América Latina. De la cifra de negocio total de Sacyr, que ascendió a 5.852 millones de euros en el último año, solo 308 millones corresponden a España. Actualmente, su cartera está compuesta al 80% de concesiones, el 14% de infraestructuras y del 6% de servicios, y de hecho, el Ebitda sigue la misma tendencia (58%, 34% y 8%, respectivamente). Y el país representa el 29,4% de la cifra de negocio de OHLA, unos 958,35 millones de euros de los 3.259,7 millones totales, aunque el resto de sus ingresos provengan de otros países europeos, Norteamérica y Latinoamérica. Entre sus concesiones se encuentran la Autopista A-30 en Canadá o el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

Las dos compañías restantes mantienen más negocio en el mercado español que en el exterior. Es el caso de FCC, donde el 55,4% de sus ingresos provino de España (4.268,96 millones de euros de los 7.705,7 millones totales), seguido de Reino Unido (13,6%, América (9,9%) y Oriente Medio y África (4,7%). Al mismo tiempo, esta compañía está enfocada en su división de medio ambiente, de la que recibe el 45,2% de sus ingresos, seguido del agua (26,7%. La construcción solo supone el 9,4% de su cifra de negocio. Grupo San Jose ha preferido apostar por el mercado español, donde genera el 84% de su cartera de pedidos (2.081 millones de euros) y por la construcción, que aún supone 88,7% de su actividad. FCC Concesiones es la firma encargada de gestionar las líneas de metro de Barcelona y el Puente de Mersey en Reino Unido, mientras que Grupo San Jose cuenta con la concesión del Louvre Abu Dhabi y del Resort 5 Estrellas en Cabo Verde, entre otras.

Más concesiones que construcción

Que el mercado español represente una pequeña parte del total facturado de las constructoras “es más una consecuencia de su crecimiento fuera de España que se haber abandonado el país”, explica Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España. La salida al exterior de estas compañías se remonta a la segunda mitad de la década de los 70 por dos motivos. El primero fue la crisis del petróleo del 73, que afectó a la economía mundial y también a la española. En el sector de la construcción, la cotización de Cristalería Española (ahora miembro del grupo Saint Gobain) o de Inmobiliaria Vallehermoso (hoy Sacyr) cayó un 73,8% y un 71,9%, respectivamente. Con la Transición y la llegada de la democracia, hubo una caída importante de la licitación de obra pública en España, como el freno del Plan Nacional de Autopistas.

En este contexto, “las empresas más potentes vieron caer su facturación de forma agresiva”, asegura Carlos Fernández, director técnico de la compañía especializada en desarrollo de software para construcción Cype. De ahí que muchas empresas del sector, como Dragados, donde trabajaba Fernández en aquella época, empezó a diseñar estructuras en países como Irak. “Fueron años muy difíciles donde era imposible sobrevivir en España”, lamentan desde Typsa, otra de las firmas que se vio obligada a internacionalizarse en los 70, “por desgracia quebraba mucho del tejido empresarial del país”. El fenómeno se intensificó durante la década de los 90 y “no fue hasta finales de la década de los 2000 cuando los ingresos internacionales superaron a los domésticos”, afirma Javier González, socio de Transporte e Infraestructuras de Kearney.

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El nuevo siglo coincide con el impulso del negocio concesional, especialmente tras la crisis financiera de 2008. “Las constructoras vieron en las concesiones una forma de diversificar sus ingresos y reducir la dependencia de la construcción de obras públicas”, señala Fernández. Es decir, aportan estabilidad y previsibilidad, una mayor rentabilidad que el propio negocio de la construcción, y por ende, un menor riesgo económico. “El negocio concesional tiene grandes márgenes y, además, ha permitido a las constructoras españolas a entrar en mercados maduros como Estados Unidos o Australia”, argumenta Miguel Prieto, el director asociado de la empresa especializada en desarrollo sostenible Arup.

Aunque España continúa siendo un objetivo de las grandes constructoras, el mercado “no ofrece el número de nuevos proyectos de infraestructuras necesario para sostener las cifras de ingresos de estas compañías”, agrega Prieto. El Gobierno contempla destinar 46.205 millones para inversiones con unas partidas para obras públicas que se acercan a los 14.521 millones, números que no dan para mantener las plantillas y equipos de estas empresas. “El problema es que la actividad en España ha caído notablemente en los últimos 15 años, por lo que el negocio para estas empresas está más allá de nuestras fronteras”, insiste González, sobre todo en mercados como Norteamérica, Latinoamérica o Australia, donde la actividad de construcción y concesiones “supera ampliamente a la de nuestro país”.