El Gobierno destinará 1.000 millones, la mitad del plan de regadíos sostenibles, a ampliar desaladoras

El refrán “en abril, aguas mil” no será aplicable este año: las reservas de agua son un 20% menores del valor normal (411 litros) que se suele registrar entre octubre y la primera semana de abril en España y los embalses se mantienen al 51,12% de su capacidad (28.665 hectómetros cúbicos de agua). En algunos casos, el nivel de agua se encuentra un 60% por debajo de la normalidad, como en el caso de Murcia o de Andalucía, o un 80% por debajo, como en el caso extremo de Cataluña , unas cifras que ya afectan al 60% de los cultivos, según el último informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y que incluso amenazan el consumo humano. El último afectado es el arroz: si no llueve antes de mayo, no habrá siembra. Y lo peor es que no hay visos de que la situación mejore en las próximas fechas. Hoy se reúnen representantes de las principales organizaciones del sector agrario con el Ministerio de Agricultura para abordar en la mesa de la sequía el alcance de esta falta de lluvias en el campo español. La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno a multiplicar por ocho, hasta mil millones de euros (la mitad de lo que dedica en su plan), el presupuesto para ampliar las cinco principales desaladoras que riegan al Levante, la zona más afectada por la sequía (Cataluña gestiona por sí misma el tema del agua). Está claro que la medida no llega a tiempo para revertir la situación este año, pero la pregunta es: ¿son las desaladoras la solución al problema?

Las inversiones para ampliar plantas desaladoras podrían dirigirse a “las de Torrevieja (Alicante) o Águilas (Murcia)”, asegura Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). Acuamed confirma que las actuaciones recaerán sobre las principales instalaciones del Levante, que son las murcianas Valdelentisco y Águilas y las andaluzas Carboneras y Campo de Dalías, ambas en Almería, y la de Torrevieja, en Alicante. En total suman 260 hectómetros cúbicos al año y con las ampliaciones alcanzarán los 347 hectómetros cúbicos anuales, unas 138.800 piscinas olímpicas. “La fecha prevista para tener operativas esas instalaciones es el año 2026”, señalan. Si los pronósticos de la AEDyR se cumplen, las licitaciones “podrían salir a lo largo de este año”, adelanta Zarzo. Este dinero forma parte de la inversión recién anunciada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que destinará 2.130 millones de euros al impulso de regadíos sostenibles y ahorro de agua.

La sequía también ha forzado a los Ejecutivos de Cataluña y Baleares, que gestionan sus propias plantas, a ampliar la capacidad de sus desaladoras para dentro de cinco años. En el caso de Cataluña, donde el Govern está a punto de aplicar restricciones en el consumo doméstico de agua por la falta de lluvias, la inversión asciende a 176 millones de euros para doblar la capacidad de 20 a 80 hectómetros cúbicos al año de su planta de Tordera. Y debido al retorno masivo del turismo, Baleares seguirá el mismo camino e incrementará la capacidad de su desaladora de Mallorca de 32 a 37 hectómetros cúbicos al año (unas 14.800 piscinas olímpicas) y el de Ibiza de 14,5 a 16,23 (6.492 piscinas olímpicas).

Una solución más, pero no definitiva

España cuenta con 765 plantas desaladoras que producen 5 hectómetros cúbicos de agua desalada al día, más de 1.800 hectómetros cúbicos al año. En la actualidad, el agua desalada supone aproximadamente el 9% de toda el agua potable que se suministra a los ciudadanos españoles al día, aunque en algunas zonas, como en algunas islas, el porcentaje se acerca al 100%. Las últimas construidas se levantaron en el Levante durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero para abastecer a los cultivos de regadío del sureste español. Desde entonces, la idea de construir nuevas plantas no ha vuelto a discutirse, ni siquiera ahora con la situación actual de estrés hídrico. Sobre este punto, Acuamed confirma que no se contempla la construcción de nuevas desaladoras, solo la ampliación de las existentes.

Las desaladoras son una solución a la sequía, pero tampoco son la panacea. Su construcción conlleva un alto coste, comprendido entre 50 y 200 millones de euros según su capacidad, y no siempre está justificada. De toda el agua producida en España por desalación, “más del 21% va destinado a la agricultura”, afirma Zarzo. El problema es que el agua desalada solo representa el 1,8% del total utilizado por el campo para el regadío, una cifra muy reducida para un sector que consume anualmente el 70% del agua dulce del país.

De toda la superficie agraria del país, el 21% son hectáreas de cultivos en regadío y se concentran mayormente en la Comunidad Valencia, Murcia y Andalucía. Es decir, que la capacidad de las desaladoras tampoco será suficiente para abastecer al campo español. Por ejemplo, Alicante cuenta con 216.376 hectáreas de regadío y la mayor planta desaladora de España, la de Torrevieja, abastece a 8.000 hectáreas y a 140.000 habitantes. En Murcia, donde hay 186.788 hectáreas de regadío, la planta de Valdelentisco beneficia a 7.577 hectáreas y 60.000 personas. Según la patronal de construcción Seopan, la inversión necesaria para atajar la desertización y la sequía debería ser de 4.851 millones de euros para el período comprendido entre 2022 y 2027: 3.262 millones para regadío y 1.590 millones destinados a abastecimiento.

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Pero es que además, pese a que la quinta parte del agua desalada está destinada al campo, el sector desaprueba su uso por su baja calidad y su mayor coste. Los agricultores critican que el precio del agua desalada cuesta 55 céntimos el litro frente a los 18 céntimos del agua que proviene del trasvase. Este coste se sustenta en la energía utilizada, 3 kilowatios-hora por cada 1.000 litros de agua. “El coste energético es el más alto dentro de los costes de operación, pudiendo llegar al 40-50%”, argumenta Zarzo. Para dar solución a este problema, “el Ministerio subvenciona las tarifas del agua desalinizada mientras no se finalicen todas esas obras [de ampliación] hasta un máximo de 10 años”, expone Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante. También se está intentando incorporar fuentes de energía renovable a la desalación, como la planta solar de 120 hectáreas que ha licitado recientemente el Gobierno para abaratar la producción de agua desalinizada de la planta de Torrevieja.

El momento actual de sequía “en absoluto” se resuelve con el aumento de las desalinizadoras, critica Melgarejo, ya que además todavía están en fase de anteproyecto. Lo fundamental para él reside en el mantenimiento de los caudales que tradicionalmente envía el trasvase Tajo-Segura, así como poner en marcha el trasvase Júcar-Vinalopó con regularidad, aunque “posiblemente haya que ir pensando en la creación de una nueva planta desalinizadora en el ámbito de la cuenca del Segura”. Por esta razón, Zarzo apunta que las desaladoras “son una solución más a la sequía y los efectos del cambio climático”: “Lo que está claro es que el 97% del agua está en los océanos y si queremos generar un nuevo recurso de agua dulce que no existe, debemos recurrir a la desalación de agua de mar”.