El PSOE propone bajar el 15% las multas a empresas que se reconozcan culpables ante la CNMC

Propuesta de cambios en la Ley de Defensa de la Competencia a través de las enmiendas en la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El PSOE ha planteado una modificación de los artículos 36, 38, 39, 50, 52 y 63, y añade un nuevo artículo 50 bis, para ampliar el plazo del que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone para dictar y noticiar una sanción, aumentar las cuantías de algunas multas, establecer el "deber" de colaborar con el organismo y crear un nuevo mecanismo que permite a las empresas admitir su culpa en un hecho ilícito a cambio de reducir la cuantía de la sanción, según las enmiendas a las que ha tenido acceso este diario.

Esta última medida, de nueva creación, se incluye bajo la denominación de "procedimiento de transacción" tras su "buen funcionamiento" a nivel europeo y en otros países del entorno, según defiende el Partido Socialista en el escrito. E implica que si las compañías, una vez iniciado el procedimiento de infracción, reconocen "en términos claros e inequívocos su participación" la CNMC puede reducir la multa, tanto de la empresa como de sus representantes legales, hasta un 15% si la solicitud se presenta "antes del pliego de concreción de los hechos", y hasta un 10% "si la solicitud se presenta posteriormente y antes del cierre del procedimiento".

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que intervino este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, se refirió a esta medida como "fundamental" porque permite terminar un procedimiento de infracción de forma rápida "sin agotar recursos de otras" investigaciones y, además, al reconocer la culpa, se garantiza que las empresas "difícilmente la recurrirán" la sanción ante los tribunales. "Supondría un ahorro de tiempo para poder dedicar recursos a otras investigaciones", ha insistido Fernández. Se trata de una herramienta similar al programa de clemencia, vigente en la actualidad, pero en ese caso se limita a las empresas que forman parte de un cártel pongan en conocimiento de la CNMC su existencia, para iniciar la investigación.

Más multas y más tiempo

El PSOE también plantea en su enmienda que en el caso de infracción de los directivos el importe máximo ascienda de 60.000 a 400.000 euros y aclara que las sanciones a las empresas se calcularán como porcentaje del "volumen de negocios mundial" de la empresa o asociación de empresas en el ejercicio anterior a la sanción, pero manteniendo los porcentajes de hasta el 1% para los casos leves, hasta el 5% para los graves y hasta el 10% para los muy graves. Si no es posible delimitar el volumen de negocios, el máximo de las infracciones leves será de 1 millón de euros (hasta ahora se sitúan entre 100.000 y 500.000 euros), las graves se mantienen en hasta 10 millones de euros y para las muy graves se establece un tope de 50 millones de euros, cuando ahora la sanción fijada era de "más de 10 millones de euros".

También plantea ampliar el plazo general del procedimiento sancionador de 18 a 24 meses y el plazo de la segunda fase de control de concentraciones de dos a tres meses para que el organismo disponga de tiempo "suficiente" para poder llevar a cabo el estudio y la "eficaz resolución de los procedimientos". Y se añade el deber de "colaborar e informar" a la CNMC en los requerimientos de información y a trasladar esta información de forma "accesible". No se obligará a los destinatarios "a admitir la comisión de una infracción".

Prohibición a participar en concursos públicos

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Estas modificaciones han sido objeto de discusión en la Comisión de Asuntos Económicos ante la presencia de Cani Fernández, en la que algunos grupos como Ciudadanos o PDeCat han criticado las formas del PSOE --al incluirlas "sin debate" previo y a través de enmiendas a otra norma--, pero Fernández ha pedido a los grupos que miren los "méritos" de las medidas y no el "procedimiento". "Contribuirán a ofrecer entre todos mayor competencia en los mercados", ha dicho en la réplica a los diputados.

Además, la presidenta de la CNMC ha anunciado que prevé aprobar una comunicación "antes de verano" para tener potestad de prohibir a las empresas multadas por cártel participar en concursos públicos decretando el "alcance y duración" de esta medida. Algo que ahora depende de la Junta consultiva de contratos del sector público y no es efectivo porque todas las empresas solicitan su suspensión cautelar a la Audiencia Nacional. "Si yo establezco la duración y el alcance puedo determinar dónde tiene sentido prohibir a las empresas que contraten y el hecho de imponer la prohibición con efectos inmediatos crea disuasión", ha advertido Fernández.