El Gobierno da luz verde a la reforma de pensiones y a la ley de función pública

El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, aprobará este jueves la segunda fase de la reforma de las pensiones, que contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

La reforma, acordada con CCOO y UGT y rechazada por CEOE, se aprobará como Real Decreto-ley, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha abierto a tramitarla como proyecto de ley en el Congreso para que los diferentes grupos parlamentarios puedan negociar la introducción de enmiendas.

El ministro firmó este miércoles por la mañana el acuerdo para la puesta en marcha de esta reforma con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y compareció en la Comisión del Pacto de Toledo por la tarde para explicar el contenido de la misma.

Aval de Bruselas

La nueva reforma de las pensiones supondrá un incremento de casi 20.000 euros en la futura jubilación de los trabajadores de 25 años y de casi 5.000 euros en empleados que se jubilen en 2027, según las proyecciones del Ministerio.

Según el Departamento que dirige Escrivá, la reforma, que cuenta con el aval de Bruselas y con Unidas Podemos, implicará un "sustancial" aumento de la pensión, en buena medida por la progresiva subida de la sobrecotización que establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,6% al 1,2% hasta 2029.

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Estas cifras contrastan, según Escrivá, con el cálculo estimado con el antiguo factor de sostenibilidad. Con este último elemento, la pensión de entrada de los trabajadores se hubiera reducido un 2% en el caso de un jubilado en 2027 y en 10 puntos si el trabajador tuviera actualmente 25 años, explicó ayer el ministro.

El titular de Inclusión y Seguridad Social explicó además que la reforma no conlleva un aumento de costes laborales "dramático", por lo que no se perderá competitividad, como ha denunciado la CEOE en sus argumentos para rechazar la reforma. "Es un plan distribuido en el tiempo, muy prudente, muy gradual y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo de ninguna empresa de España", resaltó Escrivá.